Segundo gobierno aprista: Violación de derechos políticos y autoritarismo en el Perú

Autora: Nilda Garay

A propósito de la próxima realización de la V Cumbre América Latina, El Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), el gobierno de García teme que gran parte de la sociedad peruana que vive en condiciones de pobreza se movilice ejercitando sus derechos constitucionales, especialmente sus derechos políticos. Estos derechos son los instrumentos que disponen las personas, en tanto ciudadanas, para participar en la vida política. Es en esta participación donde se construye la relación democrática entre gobernantes y gobernados. Mediante estos derechos la ciudadanía peruana puede intervenir e influir libremente, sin pedirle autorización a los poderes del Estado, en la toma de decisiones públicas. Y es mediante su ejercicio que puede reunirse para manifestarse mediante protestas y expresar su pensamiento libremente. Cuando la población peruana ejerce estos derechos, está coadyuvando a la creación de la relación democrática entre la ciudadanía y Estado. Los derechos políticos que en el Perú se conocen como “marchas” o “protestas” o confluyen con el término “paro”, son derechos reconocidos en la Constitución los cuales, constituyen el poder político con que el pueblo peruano cuenta para participar y decidir en la vida política del Estado. Es constitucional que lo ejerzan e inconstitucional que los poderes públicos los repriman o restrinjan.

La prensa informa sobre los actos represores de derechos del actual gobierno y señala que la capital peruana vive hoy momentos de tensión, tras las declaraciones del presidente Alan García “animando” a la policía para que actúe drásticamente frente a las manifestaciones que han anunciado realizar la ciudadanía en protesta por el alto índice de desempleo, por la inexistencia de derechos laborales y en suma porque su política está afianzando las profundas desigualdades económicas. García dijo ayer a esa institución armada que ante protestas que interrumpen el tránsito carretero debe responder con “energía, acción, ni un minuto de demora”. Una vez más, el máximo representante político del Perú muestra su faceta autoritaria y su discurso justificador de la violencia. Anteriormente, instó a castigar con el uso de la violencia material a las autoridades corruptas. Señaló que hay que castigarles “con patadas”, es decir, incitaba a la población y, en concreto a su partido político, a ajusticiarlas a golpes ignorando así el estado de derecho y, claro, la existencia del órgano jurisdiccional.

Frente al deseo de la población por ejercitar sus derechos políticos, el ministro de Defensa, Ántero Flores Araóz, sostuvo que es una demostración de poco patriotismo realizar actos de protestas durante dicha Cumbre. Y, añadió que el Perú, es un país respetuoso de los derechos humanos y que respeta la democracia plena y el derecho de opinión. Por su parte, el congresista Bedoya de Vivanco, opinó que las paralizaciones [estos es, el ejercicio de los derechos de reunión y huelga] que se proyectan realizar la próximamente tienen una motivación política y responden a directivas provenientes del extranjero, fundamentalmente de Venezuela. Indicó que “es evidente que hay una digitación desde el extranjero. Y esperemos que la población peruana no se deje conducir de las narices en estas aventuras políticas que desde el exterior nos quieren llevar".

A esta situación se suma que, en julio de 2007, García pidió facultades legislativas al Congreso para “afrontar los problemas de seguridad pública”. Mediante el Decreto Legislativo 982 incluyó, entre otras medidas restrictivas de los derechos constitucionales, sanciones para las autoridades que ejerciten derechos de reunión, sindicalización y huelga y modificó el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que en el uso reglamentario de las armas causen lesiones o muerte. Este decreto es inconstitucional ya que el Congreso no le facultó para legislar sobre materia de derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo ha recomendado su derogación pero García no ha hecho caso a esta Institución.

La represión violenta del ejercicio de derechos fundamentales, impidiéndose en este caso, la libertad de expresión, ideológica, de reunión, sindicalización y huelga está siendo una normalidad. La prensa nacional y los analistas políticos que critican las actuaciones del gobierno aprista las denominan “campaña macartista”. Así, con la sola crítica desde la ciencia política y la sociología estos hechos pasan desapercibidos y aparecen como temporales, es decir, como unas “meras campañas” políticas de parte de los gobiernos que ignoran el marco constitucional a la hora de gobernar. En realidad, estos hechos tienen un gran contenido jurídico que implica una responsabilidad también jurídica. En efecto, estos actos de la mayoría de los poderes del Estado implica una grave violación de derechos fundamentales que deben ser sancionados nacional e internacionalmente. Cabe señalar que a día de hoy, se viene realizando detenciones arbitrarias por abrazar ideologías contrarias al liberalismo y muchas personas están siendo detenidas por declararse de izquierdas, por abrazar ideas socialistas o una ideología diferente a la impuesta en el Perú. Coincidir con la ideología bolivariana de Chávez significa la materialización de la libertad ideológica reconocida y garantizada por la Constitución peruana. Sin embargo se está censurando la libertad ideológica. Hasta se ha reprimido derechos fundamentales con la intervención policial dentro del claustro universitario. Así, el pasado 8 de mayo de 2008, la policía intervino incursionando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deteniendo a un grupo de estudiantes que querían ejercitar su derecho de reunión para manifestarse contra la construcción y ensanchamiento de unas vías que toman parte del perímetro de la universidad. Desde la dictadura de Fujimori hechos como la violación de la autonomía universitaria no ocurrían. A San Marcos, la Universidad más antigua de América, le han cerrado sus puertas hasta que culmine la citada Cumbre. Tras la caída de Fujimori, las cosas en el Perú no han cambiado. Con el actual gobierno de Alan García la violación de derechos fundamentales sigue siendo una costumbre.

Según la vigente Constitución de 1993, el Perú es un Estado democrático de derecho. Si bien, esta carta magna, herencia de Fujimori, contiene una serie de restricciones de derechos sociales, los derechos fundamentales inherentes a la dignidad sí que están garantizados, éstos son la libertad ideológica, de expresión, de reunión, entre otros. Y es el gobierno aprista elegido por sufragio universal quien desconoce estos derechos. Ironías de la democracia peruana.

En las tres declaraciones arriba citadas, podemos constatar el grado de formación y conciencia democrática que tienen los miembros del poder ejecutivo y legislativo. Hay aquí un grave desconocimiento de lo que es la democracia. Actualmente el Perú es un país democrático donde el Estado de Derecho ha de respetarse siendo el marco constitucional el pilar fundamental tanto para el ejercicio del poder como de los derechos fundamentales de las personas. Culturalmente [y académicamente], estos tres políticos representan a una parte del Perú plural, una parte del actual Perú estamental sustentado en grandes desigualdades. Desde el punto de vista sociológico, el congresista Bedoya y el ministro de defensa Flores vienen de un estrato social alto y, desde ya, cuentan con una formación en educación superior. Más su formación democrática deja mucho que desear. García el Presidente, por su extracción social de clase media, cuenta también con formación superior y tiene la licenciatura en derecho. Los tres coinciden en su falta de cultura democrática. He aquí los representantes políticos del Perú. Éstos constituyen la punta del iceberg de un grupo de personas que alcanzan la más alta representación política que le cede la población peruana y lo mal utilizan. Se trata de representantes políticos ineptos que dirigen un país donde las profundas desigualdades siguen caracterizando a la realidad social y económica. Discursos como éstos impregnan los medios de comunicación y a toda la sociedad y, que sumado a ello la ausencia de una conciencia crítica que sirva de contrapeso, dejan paso a estos políticos para actuar a sus anchas fuera del marco constitucional. En este contexto, en el juego democrático peruano no existe un grupo o una asociación que haga oposición política fuerte al gobierno. La oposición que esporádicamente surge de la ciudadanía por razones de pobreza y por la discriminación en todas sus formas son erradicadas con la violación a los derechos fundamentales.

El gobierno de García con su discurso y sus actos está imponiendo su autoridad mediante la fuerza y la coacción, así, el autoritarismo del actual gobierno está desbordando el contenido democrático de la ideología aprista que tuvo en sus orígenes. El autoritarismo del fujimorato no fue más que un remedo de una mal gobierno sin ideología propia. Sin embargo, el APRA como ideología política al formar parte de la historia constitucional peruana está borrando su sello cuasi socialista que antaño tuvo y está dejándose invadir por una clara posición antidemocrática, autoritaria y neoliberal. ¿Cuál será la respuesta de quienes apoyan el pensamiento de Haya de la Torre?

Cabe recordar tanto a estos políticos, a jueces y tribunales así como a la abogacía (para su labor en defensa de los derechos constitucionales en la jurisdicción nacional) que estos actos del gobierno son inconstitucionales. La libertad ideológica, los derechos de participación política son derechos cuyo ejercicio no requiere de la autorización del poder público. El ejercicio de estos derechos debe ser respetado y garantizados por el Estado. Ninguna autoridad democrática tiene por qué recomendar ni decir cuándo y cómo la ciudadanía debe ejercitarlos y ni qué ideología debe abrazar. Cuando Bedoya pretende censurar a la “motivación política” que hay en el ejercicio de estos derechos fundamentales está señalando una certeza jurídica no censurable ya que se trata de unos derechos que por antonomasia tienen una motivación política. Esto lo sabe cualquier alumnado de segundo año de derecho. Los derechos políticos tiene obviamente un contendido político, son la vía de la participación política porque quien lo ejerce es la ciudadanía. Si no hay motivación política no hay derechos políticos. Obvio de toda obviedad. Esta ignorancia les lleva a cometer graves acciones que afectan los derechos fundamentales de las personas, como el castigar a quien ejerce su libertad ideológica por el sólo hecho de tratarse de una ideología extranjera (de Venezuela). Este es un ejemplo de la cultura democrática de nuestros políticos en el siglo XXI.

Es otro gravísimo error cuando el Ministro señala que las manifestaciones de la clase trabajadora para reivindicar sus derechos sociales son actos poco patriotas. Cabe reiterarle que el patriotismo no se mide con el grado de ejercicio de los derechos constitucionales. En una democracia nada tiene que ver un acto patriótico con el ejercicio de un derecho ciudadano. Respecto a su declaración que el “Perú, es un país respetuoso de los derechos humanos y que respeta la democracia plena y el derecho de opinión” este ministro se contradice pues el derecho de opinión es otro derecho constitucional que él como parte del poder público debe dejar que se ejerciten en libertad. Quienes quieran salir a las calles a manifestar su descontento con el gobierno y a manifestar su ideología no hacen más que ejercer sus derechos amparados por la Constitución. Entonces, ¿a qué viene su apelación al patriotismo?. Y a propósito de su alusión a los “derechos humanos”, resulta preocupante cómo en el Perú se confunde interesadamente estos derechos con los derechos fundamentales. Hay mucho que hacer por erradicar esta confusión.

Este gobierno antepone la seguridad del Estado a la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía peruana. Atenta contra los valores democráticos ya que al desconocer los derechos constitucionales sustenta su gobierno y su representación política en la desigualdad. Y es que García no aprendió la lección, si es que la estudió, el actual concepto de Estado democrático tiene su base en la Igualdad por lo que, con sus actos autoritarios demuestra que no puede impartir clases de gobernabilidad en la educación superior. ¿Qué opinará al respecto la autoridad capacitada para evaluar la calidad en la educación superior?

La actual situación político-jurídica en el Perú es preocupante. La radicalización del autoritarismo de este Gobierno ha llegado a su máxima expresión so pretexto de mantener la seguridad ciudadana a propósito de dicha Cumbre a la que asistirán, entre otros gobernantes, Rodríguez Zapatero y Merkel. No sabemos si Zapatero, durante su participación en esta Cumbre y especialmente en su entrevista con Alan García, ha incluido en su agenda el tratamiento de esta grave situación política. Seguro que la sociedad española no desea que su máximo representante político, con su silencio en Lima, brinde una aceptación simbólica al gobierno de García. Zapatero podría hacerle saber a García que España rechaza las seudo democracias latinoamericanas y a gobernantes violadores de derechos fundamentales. Esperamos que el Gobierno socialista español se pronuncie respecto de la garantía de los derechos constitucionales en el Perú ya que España es uno de los referentes políticos y económicos para gran parte de la sociedad peruana. La Constitución Española de 1978 fue además inspiradora de la Constitución derogada por Fujimori, en la que se reconocía claramente al Perú como estado social. La presencia y la posición política de Zapatero es importante en la medida que muchos gobernantes que toman en serio la democracia, especialmente de Europa, han actuado con cautela y ha decidido no asistir a esta Cumbre.

El Resumen de este artículo fue publicado en: Diario Información, Alicante, España, de 13 de mayo de 2008