Discriminación racial: A propósito del “quinto aniversario” del Informe de la Comisión de la Verdad en el Perú

Hace ya 5 años que por primera vez en el Perú se puso en evidencia, mediante documento oficial, el carácter discriminador de la elite de la sociedad peruana. Se trata del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR, de 28 de agosto de 2003. En su texto se comprueba con datos fehacientes los defectos socio económicos y culturales que desvelan su democracia formal y por tanto, sus relaciones sociales totalmente desigualitarias sustentadas en dos discriminaciones: por raza y sexo. Estas discriminaciones atraviesan toda la estructura social peruana por ello es que no se han tomado en cuenta en las investigaciones académicas, especialmente las jurídicas y siguen siendo ignoradas. Son pues, dos formas de discriminación que alimentan al resto y en las que el derecho constitucional no se ha fijado; es más, el constitucionalismo peruano ni siquiera ha considerado que la exclusión de gran parte de la población peruana señalada como "indígena" es la consecuencia de los defectos de la igualdad ante la ley y de la discriminación racial estructural. Así, las ideas político jurídicas liberales con su pilar: la igualdad formal, llenan los contenidos de los textos y manuales básicos para la transmisión del conocimiento.

Tras 20 años de violencia política ocasionada por grupos terroristas (Sendero Luminoso - SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru - MRTA), por las Fuerzas Armadas peruanas y demás agentes del propio Estado se ha constatado que la mayoría de las víctimas fueron personas consideradas en la sociedad peruana como “indígenas”. A pesar de que es difícil definir lo indígena en el Perú, dado su mestizaje, persisten algunas características artificiales para señalar peyorativamente a alguien como “indio”, “cholo” o “indígena”. Retornando al contenido del Informe de la CVR, una de sus más importantes conclusiones es que la “población indígena” fue la más vulnerable y la que más sufrió las consecuencias de la violencia política y que ello fue ignorado durante muchos años por el sector urbano y la elite dirigente. Esta violencia en tanto no afectaba las ciudades de la costa peruana fue percibida como un hecho ajeno. El Informe resalta que ello se debe a la discriminación racial que existe en el Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su Tomo VIII, constató que: Debido al racismo y la subestimación como ciudadanos de aquellas personas de origen indígena, rural y pobre, la muerte de miles de quechua hablantes fue inadvertida en la opinión pública nacional. Su ausencia y el clamor de sus familiares no fueron suficientes para constituir una memoria pública activa e influyente. Durante los años de violencia, resultó más fuerte la distancia que separa a la mayoría de víctimas y al resto de la población peruana. Fueron pues 69 mil víctimas ignoradas y casi todas responden a las características citadas en el Informe.

Han pasado 5 años desde que la CVR intentó colocar a esta discriminación en el debate público manifestando la necesidad de tomar en serio este fenómeno, lo cual implicaba considerar una interpretación en clave social del principio de igualdad. Sin embargo, hasta hoy no se ha tocado esta cuestión y sigue siendo postergada dada la fuerte la influencia liberal que margina al pensamiento social. Ello evita la existencia de un sólido pensamiento crítico que desafíe los nefastos resultados de la democracia formal y su igualdad ante la ley. En el Perú pensar desde la perspectiva social y plantear la erradicación de estas discriminaciones implica el descrédito y el insulto de ser una persona “izquierdista” con lo cual, se pone en cuestión su valor académico tal como sucede con el pensamiento feminista. A quienes pretendan replantear el concepto de igualdad e ir más allá de su mera formalidad se les puede considerar partes del “eje del mal” pues ya, desde el gobierno “democrático” de Fujimori, pensar y demandar la eficacia de los derechos fundamentales implicaba estar del lado del terrorismo. El significado político del “eje del mal” ya había sido ensayado en una democracia: la peruana y, éste ha ido delimitando el grado de eficacia de dichos derechos.

Respecto de la discriminación, cabe señalar que tanto la basada en la raza como en el sexo han servido y sirven de base a todos los modos de producción ya que así miles de personas “diferentes” a la elite dirigente viven excluidas del beneficio de la ciudadanía y en suma, de la democracia. Todas las mujeres de todas las razas y condición social siguen marginadas del espacio público y si logran incorporarse en él no gozan, en condiciones de igualdad con los hombres, de todos sus derechos constitucionales. Además junto con ellas, una gran masa de hombres está excluida del pleno goce o ejercicio de los derechos fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y en cualquier otra esfera de la vida pública. La raza y el sexo se concibieron como barreras sociales para mantener las relaciones de dominación de gran parte de la población. Así lo demuestra el esclavismo, el feudalismo y ahora el capitalismo. A diferencia de los anteriores, el capitalismo utiliza un discurso encubridor valiéndose del constitucionalismo liberal cuyas bases están en el pensamiento ilustrado donde se crearon las justificaciones filosóficas de la discriminación de las mujeres y del posterior racismo. Con Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, Locke, Rousseau, Kant y entre muchos otros, se desarrollaron los cimientos del pensamiento político jurídico basado en la exclusión total e infravaloración de lo negro, lo indio, lo nativo o salvaje, lo de piel oscura y lo no europeo. Los preclaros ilustrados empaparon el pensamiento de la época con teorizaciones justificadoras de la superioridad de un naciente sujeto de derechos quien fue concebido como hombre, blanco europeo, mayor de edad, capaz, cristiano y con propiedades. Todo lo que no encajó en esta concepción quedó fuera y sigue siendo objeto de una infravaloración histórica. Todas las mujeres, las poblaciones negras, indígenas o nativas americanas, la gitana, la de Laponia, del Asia, etcétera, fueron excluidas de esta acepción. No hay más que hacer un repaso crítico del pensamiento ilustrado para comprobar la existencia de tales discriminaciones. Este estudio crítico no está presente en la formación del alumnado, especialmente en las Facultades de Derecho. El conocimiento académico que se difunde incluso en el Perú sigue este sesgo y repite sin más, la herencia liberal, cosa que nada tiene que ver con su realidad social.

La marginación de gran parte de la población producto de la discriminación racial pasó desapercibida para la objetividad de la academia y aún hasta bien avanzado el siglo XX seguía apareciendo como normal. De allí que nunca se haya considerado como un fenómeno generador de desigualdades y posible de ser cambiado y también que hasta la fecha la igualdad formal continúe en su máximo apogeo en sociedades como la peruana. Así, en la historia constitucional peruana es fácil constatar que el pensamiento excluyente por antonomasia, el constitucionalismo liberal, fue recogido por la elite dirigente desde la Independencia y desde entonces, la discriminación racial de lo indígena se ha mantenido.

En el ámbito académico nacional lo indígena es objeto de estudio de casi todas las ciencias sociales menos del derecho. La columna vertebral del derecho peruano, el derecho constitucional, se ha ocupado tangencialmente siempre desde una perspectiva histórica. Actualmente se está incorporando desde el neoconstitucionalismo impregnado de otro concepto excluyente y similar al racial: lo cultural. Y, una vez, más asistimos a la ausencia de planteamientos de verdaderos cambios en la base de la Constitución: el principio de igualdad y la cláusula de no discriminación. En este contexto, el Informe de la CVR ha sido objeto de estudios varios, valorados socialmente y sin repercusiones jurídicas en cuanto a la igualdad y no discriminación se refiere. Es más, ha sido duramente criticado por una minoría conservadora que lo ha considerado peyorativamente como el producto del pensamiento de “izquierda”. También se ha pretendido ocultar toda la verdad a los familiares de las víctimas pues en esta guerra interna no sólo violaron derechos los grupos terroristas, sino también las fuerzas de seguridad del Estado y especialmente por la decisión y/o negligencia de las autoridades políticas protegiendo, obviamente, sólo al sistema económico, político y jurídico desigualitario, conculcando para ello los derechos fundamentales de aquel colectivo etiquetado como “indígena”. Así, en nombre de la seguridad del Estado peruano, se sigue buscando la impunidad y el sostenimiento de las relaciones de dominación basadas en la superioridad de un grupo privilegiado “blanqueado”, propietario y que no se considera “indígena”. Cabe resaltar que dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes ocupan los niveles inferiores de su organización jerárquica son aquellas personas denominadas “indígenas”. Durante la violencia política, éstas fueron utilizadas como instrumentos de violencia directa, pues precisamente la organización de las Fuerzas Armadas está marcada por criterios de discriminación racial.

Volviendo al asunto del Informe Final de la CVR, constitucionalmente, es un documento valiosísimo para una mejor interpretación de la Carta Magna y por ende del principio de igualdad y del resto de los derechos fundamentales. Por ello se constituye en un material trascendental para conocer la realidad peruana y para el estudio del derecho. Una solitaria repercusión constitucional del documento de la CVR es la referida a la decisión del máximo intérprete de la Constitución quien (en los pocas veces que se ha acercado a la realidad social peruana no urbana), mediante su Sentencia sobre el caso Genaro Villegas Namuche en el Exp. nº 2488-2002-HC/TC, de 18 de marzo de 2004, ha señalado el valor jurídico de su contenido al manifestar que: El Gobierno, en cumplimiento del deber de adoptar las medidas más adecuadas para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, dictó el Decreto Supremo N.° 065-2001-PCM, que creó la Comisión de la Verdad, cuyo propósito no fue el de suplantar, sustituir o superponerse al Poder Judicial; antes bien, uno de sus objetivos fundamentales fue el de identificar los hechos y las responsabilidades de las violaciones de los derechos humanos, empeñándose, en lo posible, en tratar de determinar su real existencia y veracidad, y, complementariamente, en evitar la desaparición de pruebas vinculadas con tales hechos. Sus investigaciones, con loable criterio exhaustivo, han permitido conocer los sucesos acaecidos en nuestro país en estas últimas décadas, y contribuyen al imperativo de cumplir con la obligación internacional y constitucional de evitar la impunidad y restituir los derechos violados para conseguir la paz social y la reconciliación nacional. En consecuencia, el Informe tiene que ser conocido y acatado por los poderes públicos y por la sociedad en general. El pluralismo político e ideológico es parte de toda democracia y en la medida que el Informe de la CVR ya forma parte del derecho peruano debe ser cumplido y respetado.

La más grande repercusión del documento de la CRV radica en dos aspectos intrínsecamente vinculados: modelo de Estado y eficacia de los derechos fundamentales. Es decir, que su texto ha permitido que el Tribunal Constitucional destaque que el Estado peruano tiene el deber de intervenir en la defensa y garantía de los derechos fundamentales por que se trata de un Estado democrático y social y que las violaciones de derechos íntimamente vinculados a la dignidad de las personas hacen necesario el reconocimiento de un nuevo derecho: el derecho a la verdad. Empezando por la explicación de este último, se trata de un derecho que, en este caso, tiene que ver con aquella inmensa población excluida que es la que ha sido la más afectada por la violencia política que asoló al Perú durante dos décadas dentro de tres gobiernos democráticos (el de Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori). La crítica al contenido del Informe nace de las relaciones desiguales y de la discriminación racial que pervive en la elite de la sociedad peruana ya que en su texto se resalta que esta población es igual a la minoría privilegiada, que son personas, que tienen dignidad, que deben ejercitar en plenitud sus derechos fundamentales y enfatiza que, si ello no ocurre es por la discriminación racial histórica contra lo “indígena”. Por esta discriminación se mantienen prejuicios dirigidos a infravalorar a un colectivo rural, quechuahablante, pobre, de piel un tanto más oscura que el colectivo privilegiado. Por ella, un pequeño grupo de gente peruana encaramada en el poder discrimina a su alter ego: el resto de la población peruana. No hay que olvidar que la sociedad peruana es eminentemente mestiza y que el sector discriminador peruano se ha subido al “carro ideológico del hombre blanco, europeo, propietario, mayor de edad y cristiano” sin un ápice de conciencia de su diferencia y desconociendo aquello que el constitucionalismo liberal europeo también olvidó: la solidaridad o fraternidad.

Volviendo al tema del derecho constitucional a la verdad, este derecho que tanto molesta al sector peruano justificador de las desigualdades, es, según el Tribunal Constitucional, el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. Se trata del reconocimiento de un derecho que tiene una dimensión colectiva, entendida ésta como el derecho de la Nación de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia; y además, una dimensión individual  cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus allegados. No es un derecho fundamental reconocido expresamente en la Constitución peruana sino que deriva de la cláusula abierta de derechos prevista en el catálogo de derechos fundamentales. Por eso el Colegiado manifiesta que: el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en primer lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que, en una medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, deben desarrollarse los derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una mejor garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución vigente. (Subrayado agregado). Tal como puede verse, además de reconocer la defectuosa democracia peruana, este Tribunal, no hace más que recordarnos que se trata de un derecho fundamental (no expreso de allí su novedad), que básicamente tiene que ver con el modelo de Estado señalado en la Constitución. Y esto es lo que no hay que olvidar para interpretar, estudiar y conocer nuestra Constitución.

Precisamente como se ha hecho referencia arriba sobre la repercusión constitucional del Informe, en el modelo de Estado está contenido el origen del deber que tiene el Estado peruano de intervenir en la defensa y garantía de los derechos fundamentales, ese origen obedece solamente a su carácter social, por tanto, sobre esta base ha de interpretarse la Constitución. Así, en esta Sentencia, el Tribunal Constitucional manifiesta claramente que: El derecho a la verdad no sólo deriva de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, sino también de la propia Constitución Política, la cual, en su artículo 44º, establece la obligación estatal de cautelar todos los derechos y, especialmente, aquellos que afectan la dignidad del hombre, pues se trata de una circunstancia histórica que, si no es esclarecida debidamente, puede afectar la vida misma de las instituciones. (Subrayado agregado)

Esta obligación prevista en la Constitución nos da una clave para su interpretación sistemática, lo que no siempre sucede debido a la deformación que existe en la enseñanza del derecho peruano. El citado Tribunal ofrece la clave de la interpretación de toda la Constitución y, claro, de los derechos fundamentales: Sin perjuicio del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la verdad, éste también ostenta rango constitucional, pues es una expresión concreta de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno. Y en efecto, de acuerdo al artículo 43, la Constitución peruana reconoce que: La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana (Subrayado agregado). Por ello, antes de resaltar el carácter “novedoso” de este derecho debe enfatizarse que su reconocimiento responde simple y llanamente al modelo de Estado peruano: democrático y social y por eso su deber ineludible de intervenir para proteger y garantizar los derechos fundamentales –que no humanos- de todas la población peruana sin distinción de raza, sexo u otras condiciones. A partir de aquí debe arrancar la interpretación de los derechos fundamentales y a partir de aquí arranca la interpretación de la puerta de entrada para todos esos derechos: el principio de igualdad y la cláusula de no discriminación. La base de esta interpretación debe hacerse desde la perspectiva social, así lo prevé la misma Constitución, otra cosa es que un determinado grupo privilegiado, cegado por la influencia liberal, y/o necesitado de proteger intereses particulares interprete a la Constitución desde una perspectiva puramente individualista. La experiencia constitucional desde la primera Carta Magna de 1823 no ha hecho más que generar desigualdades y discriminaciones profundas en el Perú, el resultado salta a la vista y oficialmente lo ha comprobado y denunciado el Informe de la Comisión de la Verdad.

Los defectos del constitucionalismo peruano junto con su democracia pueden ser corregidos desechando el obsoleto derecho constitucional saturado aún de pensamientos racistas (y androcéntricos) decimonónicos, como por ejemplo la infravaloración que hace de lo indígena el pensamiento de Manuel Vicente Villarán que, por cierto, éste sigue siendo elogiado por constitucionalistas contemporáneos peruanos. Para reforzar el pensamiento crítico peruano se hace necesario tomar en cuenta el Informe de la Comisión de la Verdad con el fin de construir una democracia inclusiva y real. El Perú es un país étnicamente diverso donde las diferencias deben ser tomadas en cuenta al momento de interpretarse la Constitución. Los derechos fundamentales son de todas las personas peruanas al margen de su origen, color de piel, condición social, económica, su lengua, religión, etcétera. Y el portal de todos esos derechos es la igualdad interpretada en clave social. Así lo reconoce la Constitución.