Discriminación racial en el Perú del siglo XXI. El caso de “Los Malditos de Larcomar”

El Perú es un país estructurado sobre la base de los estratos o niveles socioeconómicos donde la raza o etnia establece la posición de las personas en dichos niveles, lo cual repercute en su estatus jurídico para el ejercicio de sus derechos fundamentales. La Constitución reconoce el derecho de igualdad y la modificación del Código penal que se hizo para sancionar el delito de discriminación no ha mejorado esta realidad. Se trata de una democracia formal donde impera la igualdad jurídica que oculta discriminaciones estructurales. Así, en el Perú actual, todavía para muchas personas, esas cosas con las que naces y con las que te crías (el color de la piel, idioma materno, NSE y forma de vestir) te definen, beneficiando a unas pocas y perjudicando a todas las demás. El caso "Los Malditos de Larcomar" es uno más, de tantos, que corrobora la existencia y vigencia de la discriminación racial que históricamente ha marcado y sigue marcando a la sociedad peruana. A propósito de este caso se hará referencia a la discriminación indirecta y su necesaria incorporación en el derecho constitucional peruano que hasta hoy no ha tomado en serio esta realidad.

En junio de 2008, en Lima, Perú, tres personas permanecieron detenidas ilegalmente durante 6 días. La prensa peruana informó que sólo por tener rasgos andinos, Abraham Nina Márquez, campeón de "downhill" (modalidad de ciclismo), ganador de numerosas medallas en este deporte y administrador de una pequeña empresa dedicada a la instalación de gas natural, fue confundido como uno de lo integrantes de la banda “Los Malditos de Larcomar”. Junto a él fueron apresados otros tres deportistas más. Perú 21 señala que los presentaron enmarrocados y bajo estrictas medidas de seguridad como integrantes de la banda “Los Malditos de Larcomar”, peligrosa organización dedicada al asalto de turistas en Miraflores. Ahora, resulta que no son delincuentes ni 'malditos', sino cuatro deportistas de alta competencia que, por sus facciones andinas y su piel cobriza, fueron confundidos con dicha banda. La detención la realizó la policía nacional junto con Serenazgo. Este hecho fue presentado a la prensa con la presencia del  Alcalde de Miraflores, Manuel Masías. Tras la presión mediática, la policía y la Fiscalía tuvieron que reconocer, de hecho, que se trataba de una detención ilegal basada en la discriminación racial por lo que decretaron su libertad. Estos errores implican la violación de los derechos fundamentales de personas peruanas que por su fenotipo y estrato social son objeto de una discriminación histórica: la racial.

El municipio de Miraflores es uno de los barrios limeños considerado de estrato social medio alto que, dada las desigualdades profundas, resulta siendo una zona rica. Es un barrio antiguo donde la oligarquía limeña solía residir; ahora que Lima ha crecido esta élite se ha trasladado a barrios residenciales del sur de Lima, alejados del Mar. Miraflores está a orillas del Pacífico, cuenta con algunos de los parques y Centros Comerciales supuestamente de más exclusivos del Perú como por ejemplo, Larcomar. Éste en realidad es un Centro Comercial como cualquier otro que existe en las grandes ciudades que tienen un mar que explotar para el turismo. Este municipio limeño conserva ciertos rezagos de su tradicional elitismo. Sobre esa base se materializan las políticas del gobierno local (turismo selectivo, seguridad privada, actividades comerciales y culturales dirigidas al turismo occidental básicamente).

En los inicios de la década de los 90 se implantaron en las Municipalidades de estratos sociales medio alto, como San Isidro y Miraflores, el Servicio de Patrullaje Municipal con la denominación de Serenazgo con el fin de preservar la seguridad ciudadana. Este servicio lo instauraron aquellos municipios que podían cubrir su elevado costo. De acuerdo con la Constitución peruana, la policía nacional se encarga del orden interno y de la seguridad ciudadana, pero dado que el Estado se ha minimizado debido a una interpretación radical en clave liberal de la Constitución, la seguridad interna prácticamente está privatizada. Además, en el ámbito local se ha previsto la inscripción de personas vecinas para la formación de Comités de Cuadras autogestionándose así la seguridad. Los ayuntamientos o municipalidades y la Policía Nacional firman convenios de cooperación mutua para brindar dicho servicio. En los barrios pobres, estos convenios no son posibles puesto que la administración local no cuenta con recursos económicos suficientes para la implementación de un servicio de vigilancia propio. Aquí también se produce una enorme desigualdad, cuanta más rica la zona, más segura puede llegar a ser.

En lo referente a la discriminación racial en el Perú, cabe resaltar que se trata de un fenómeno similar al de los países desarrollados. En Estados Unidos hay una discriminación latente contra la población nacional afrodescendiente y contra la población latina por los estereotipos que existe sobre las personas de Puerto Rico, así como la infravaloración de las poblaciones nativas llamadas despectivamente “indios” que, no obstante la masacre histórica, subsisten en guetos, etc. Del mismo modo, en muchos países europeos pervive la discriminación contra la población gitana. Se trata de discriminaciones internas contra las mismas personas que originariamente conformaron estas sociedades, que son ciudadanas según la teoría constitucional. Son grupos de personas que existieron en tales sociedades según se iban desarrollando y organizándose hasta convertirse en sociedades democráticas. Hay en estos casos prejuicios sobre grupos de personas que tienen un fenotipo que resulta siendo difuso y no obstante ello, estos prejuicios alimentan estereotipos que penetran en las estructuras sociales poniendo barreras en el acceso igualitario de beneficios y oportunidades.

Centrándonos en el caso peruano, la discriminación racial se dirige contra lo que en su momento, en el siglo XV se le denominó a la población nativa americana: india y la que ha derivado en indígena. Esta denominación en el Perú tiene variantes con un contenido altamente peyorativo y racista (lo cholo, lo andino, lo serrano, por ejemplo). En el Perú se reproducen actos racistas de parte de quienes se consideran de origen europeo y desprecian lo “indígena”, lo “mestizo”. Residentes de barrios “blanqueados” discriminan a los barrios del norte de Lima porque allí viven personas que por su nivel económico tal vez no se han occidentalizado intentando ocultar su fenotipo, no se han tintado o pintado el cabello, no disimulan sus rasgos como sí lo pueden hacer aquellas personas que viven en zonas como Miraflores, Monterrico, etc., que son también personas peruanas y que si se trasladasen a Europa podrían ser tratadas como sudacas, es decir, del mismo modo que tratan a quienes arbitrariamente se le asigna la “choledad”. Son discriminaciones que se reproducen mediante actos, lenguajes, prácticas, disposiciones que guardan un alto grado de menosprecio que no es fácilmente visible.

En este contexto, en el Perú la discriminación racial se produce de forma directa e indirecta. La primera es aquella que se basa claramente en características definitorias de las personas perteneciente a un grupo. La discriminación indirecta, aspecto que nos interesa en este caso, se refiere a la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de una determinada etnia o raza en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. (Definición tomada y adaptada del Artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ver también la explicación amplia que ofrece M.ª Ángeles Barrère Unzueta “Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades” En Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho nº 9, Valencia, Universidad de Valencia, noviembre de 2003)

Volviendo al caso citado, cabe resaltar que durante la rueda de prensa de la Policía Nacional sobre la detención -ilegal e injusta de los ciclistas por sus características raciales- estuvo presente el Alcalde de Miraflores. En la medida de la participación de Serenazgo, el Alcalde avaló esta detención ilegal y ante estos hechos la prensa y el abogado de las víctimas consideraron de suma importancia las disculpas públicas de la autoridad local. Éste se negó rotundamente señalando que tanto él como su Municipio no tenían ninguna responsabilidad ya que nunca profirió ningún calificativo contra los detenidos. Justificó legalmente su presencia en la conferencia de prensa alegando ser Presidente del Concejo de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Resaltó que el Municipio de Miraflores es plural y de inspiración humanista y cristiana por ello no puede haber actitudes racistas. (Aquí las declaraciones del Alcalde) En suma, consideró que por no haber actuado diectamente en los hechos no tenía responsabilidad alguna. ¿Sabía el concepto de discriminación indirecta? Por sus declaraciones, parece que no.

En estas declaraciones aparece nítidamente el desconocimiento de la discriminación indirecta. Hay una práctica generalizada basada en estereotipos por los cuales se cree que las personas de piel oscura delinquen más que las de piel blanca, que aquellas son dadas al vicio y vagancia, entre muchos otros roles que socialmente se les adjudican por el solo hecho de pertenecer a un grupo discriminado por su etnia o raza. Estas creencias orientan y regulan todos los ámbitos de la vida al grado de configurar el derecho nacional, especialmente en su interpretación y aplicación. Estos actos pueden ser neutros o resultar “normales”. Así tanto la actuación de la policía, de Serenazgo y la del Alcalde avalando estas actuaciones son el resultado de una práctica discriminadora donde la discriminación indirecta está presente. Puede que no haya habido ninguna calificación peyorativa directa contra las víctimas de esta discriminación, no hace falta que el Alcalde haya violado directamente la prohibición de discriminación prevista en el artículo 2.2 de la Constitución para configurar la discriminación indirecta. Con dichos actos se ha producido un resultado: la violación de derechos fundamentales, entre ellos,  derechos de igualdad, a la imagen, al honor, a la libertad personal, pues los actos mismos de la autoridad policial y local constituyen una discriminación indirecta a todas luces. Estas actuaciones no deben quedar impunes. Posteriormente el Alcalde pidió disculpas, pero esto no es suficiente, ya que es necesario que casos como éstos sean denunciados para ser juzgados en los tribunales y que, además, el Estado intervenga realizando acciones con el fin de erradicar esta discriminación.

En 2006 el Código Penal fue modificado por la Ley 28867 para castigar el delito de discriminación. Esta modificación obedece al marco constitucional establecido en los artículos 2.2, 43 y 44. Sin embargo, no hay una aplicación eficaz de esta norma. Persiste la idea, en base a la igualdad formal, que sólo existe la discriminación directa. La discriminación racial es amplia y afecta negativamente a la eficacia de los derechos fundamentales por lo que, su erradicación no debe pasar por el mero respeto al Estado de Derecho tal como platea Boza en su artículo “¡Malditos de Larcomar!”, sino que, debe implicar el respeto al Estado social y democrático de derecho en el que se incluye a la igualdad real. Esta igualdad que es más amplia que la formal o jurídica tiene que ser incorporada en la doctrina peruana puesto que así lo reconoce la Constitución y sólo así se podrá avanzar jurídicamente en la erradicación de la discriminación racial.

Los argumentos basados en visiones exclusivamente liberales y las alusiones político-religiosas tales como la inspiración humanista y cristiana no sirven para eliminar desigualdades. Tras muchos siglos de gobierno Iglesia-Estado y de la existencia de Estados liberales las desigualdades estructurales por raza y sexo siguen vigentes, las desigualdades se profundizan con el individualismo y con la influencia de las religiones como la cristiana. La historia ha demostrado cómo la fe cristiana junto con el poder político sirvió y sigue sirviendo de sustento ideológico para justificar relaciones de dominación. Cuanta más influencia cristiana en el ámbito público y más presencia de la ideología liberal más desigualitaria es una sociedad. Por tanto, para alcanzar la igualdad real hace falta una visión social del derecho donde se integre la discriminación indirecta. La detención de estas personas por el solo hecho de su fenotipo y condición social es una acto de discriminación indirecta. No hay una discriminación directa, pero sí una práctica policial y de muchas autoridades que ven como normal la referencia de la raza y condición social para aplicar la ley penal o para limitar o violar derechos fundamentales. La mera retórica basada en el respeto a la Ley es insuficiente pues la Ley hay que interpretarla y ésta debe corresponder con lo señalado en la Constitutución: dentro del marco democrático y social. Corresponde a los poderes públicos pues, ampliar el alcance del castigo a la discriminación integrando al concepto tradicional de discriminación la discriminación indirecta para caminar hacia la construcción de una sociedad más igualitaria.