Discriminación racial, el holocausto del siglo XXI y el etnocidio del pueblo palestino

La invasión militar del poderoso Estado de Israel a Gaza y la masacre del pueblo palestino, es el reflejo del holocausto olvidado, es la evidencia de un reconocimiento desigualitario de las víctimas del horror del holocausto. El poder económico e ideológico occidental se ha ido construyendo históricamente mediante la instrumentalización de una de las más odiosas discriminaciones: la racial o étnica. El constitucionalismo liberal clásico encubrió esta discriminación sobre la base de la defensa de los derechos de propiedad, libertad e igualdad. Estos tres derechos se reivindicaron sólo para el hombre blanco europeo. En este “selecto” club  de hombres libres, iguales y propietarios no se incluyó a las mujeres, ni mucho menos, al resto de hombres de piel oscura y de religiones diferentes a la católica.  Lentamente este club ha ido abriendo sus puertas a parte del colectivo judío no porque sea el más listo que el resto sino porque posee similitudes económicas y fenotípicas. El negocio político jurídico y económico occidental se ha flexibilizado con este  colectivo no obstante su religión y costumbres diferentes que este mismo pueblo reivindica. Esta flexibilización tiene una parte positiva: demuestra a la humanidad que es posible convivir a pesar de las diferencias;  pero también tiene una parte negativa y preocupante: no puede lograrse una convivencia en oposición a la otredad, masacrando a otros colectivos desde actos y discursos racistas y tratándolos desigualitariamente, así, la convivencia no será pacífica.

Occidente ha acogido como su socio al Estado de Israel favoreciendo a su pueblo sobre la base de la permanente infravaloración de otros colectivos. La actual unión económica, religiosa y fenotípica occidental-israelí que algunas veces suele llamarse “judeocristiana” tiene graves defectos, uno de ellos es que está intentando consolidarse sobre la base del desprecio étnico y el genocidio de lo otro. Esta otredad está representada por el pueblo palestino que alberga en su sociedad a personas árabes, árabes-israelíes que según los cánones de la idea de nación de Israel, son étnicamente diferentes a la identidad del pueblo judío. La historia se repite porque el problema de la discriminación racial nunca se tomó en serio, mucho menos por el derecho.¿Por qué la discriminación racial sigue vigente en las relaciones nacionales e internacionales en el siglo XXI a pesar de la cláusula de prohibición de discriminación racial en las Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en muchas de las Constituciones? ¿Por qué Israel con sus actos militares y su ley fundamental de libertad o derecho de ocupación justifican el genocidio del pueblo Palestino?

La construcción defectuosa del dominio material de occidente y de su derecho se refleja escandalosamente en los actos de gobierno del  Estado de Israel que, sustentado jurídica y políticamente en sus leyes fundamentales al margen del derecho internacional, intenta legitimarse como sujeto activo de la discriminación étnica o racial. La historiografía y la historia del derecho dominante visibilizan como –únicas- víctimas de la discriminación étnica o racial al colectivo judío y han dejado de lado al resto de grupos étnicos que fueron tan víctimas como el primero. Diversos grupos de personas por no ser de raza aria, entre ellos gitanos, árabes e incluso muchas personas españolas que huyeron de la guerra civil, fueron víctimas de la ideología racista que fundamentó el nacionalismo del III Reich. Así, con la invisibilización del holocausto que sufrieron otros colectivos, diferentes al judío, se ha construido el derecho antidiscriminatorio europeo referido a la raza o etnia. Tras la Segunda Guerra Mundial la discriminación racial ha persistido y la reivindicación de la identidad étnica basada en la infravaloración racial de otros grupos se consolida ahora con el ejercicio de la violencia estatal israelí. La cadena de prejuicios raciales se ha mantenido intacta.

La legitimación jurídica desigualitaria de las víctimas del holocausto nazi ha traído como consecuencia que el racismo oculto aflore crudamente y ponga en cuestión a las leyes formales que sólo declararon su prohibición y no implementaron un desarrollo doctrinal y jurídico eficaz para su erradicación. Tanto el derecho internacional como el constitucional no han tomado en serio la necesidad de la eliminación de la discriminación racial, condición importante para la convivencia pacífica. Occidente no ha zanjado el problema que causó la Segunda Guerra Mundial porque no ha tomado en cuenta una conquista precisamente occidental: el principio de igualdad y el derecho de igualdad material o real.

Cabe recordar que tanto los colectivos judío y árabe fueron objeto de la discriminación racial durante la hegemonía del cristiano viejo en la sociedad medieval europea (¿cómo olvidar la histórica expulsión de grupos judíos, árabes y gitanos de territorios dominados por la Iglesia Católica?). Estos pueblos ahora están enfrentados, pero uno de ellos, el más favorecido por la historia oficial, es ahora el poderoso y como tal utiliza el racismo para imponer su fuerza material. Este enfrentamiento pone sobre el tapete el desigual reconocimiento que se hizo de las consecuencias del holocausto nazi. Pone en cuestión al derecho internacional y al constitucional debido a que se discriminó a los colectivos discriminados, es decir, a las víctimas del holocausto. No hubo pues un trato igualitario en el reconocimiento de sus derechos.

La prohibición de discriminación étnica o racial que fue incorporada en la Declaración Universal de Derechos Humanos resalta muy especialmente un precedente: el holocausto que sufrió el pueblo judío. Es cierto que éste fue víctima de una de las más graves expresiones del racismo occidental, pero, también es cierto que no fue la única víctima histórica, lo que pasa es que erróneamente se ha visibilizado sólo a una de ellas y esta desigualdad en el reconocimiento de las víctimas se ha convertido en la justificación de la defensa fundamentalista de la identidad étnica de un solo pueblo. En el derecho constitucional la visibilización desigualitaria de las víctimas del holocausto es preocupante, pues ha creado las condiciones para la justificación de un nuevo holocausto, donde una de sus víctimas se convierte en victimaria.  Las víctimas del genocidio nazi fueron diversos colectivos no arios y no únicamente las personas judías. No hay que negar ni silenciar que junto con el colectivo judío fueron víctimas también un gran número de colectivos, todos, iguales en dignidad. No se trata de negar el holocausto y a las víctimas judías, de lo que se trata es de evidenciar a las demás  corrigiendo la historia y colocando en igualdad de condiciones a todas las víctimas de la discriminación étnica o racial. De no hacerlo así, la historia de la discriminación se repetirá y esta vez, como estamos constatando, el sujeto activo discriminador es precisamente el sujeto anteriormente discriminado. La idea de igual dignidad consolidada después de horror de la Segunda Guerra Mundial tiene que favorecer a todas las personas por igual y a todos lo colectivos en igualdad. El error del derecho internacional y constitucional radica en haber desfavorecido e infravalorado al resto de víctimas lo que ha mantenido en la impunidad todo acto de discriminación racial.

Israel como Estado es el resultado de dicho error. El derecho internacional tiene que resolver un problema crucial para corregir las injustas consecuencias de la Resolución 181 de la ONU de 1947 que dividió al territorio palestino. Esta división y la posterior consolidación del Estado israelí en 1948 contiene una carga de discriminación racial potente y es también el resultado del miedo de Occidente a lo diferente que no ha podido superar y utiliza a colectivos discriminados para enfrentarlos. Los gobiernos del Estado israelí con la complicidad de Occidente ponen en permanente peligro la vida de su población civil. En este contexto, judíos y árabes civiles están resolviendo con sus vidas un conflicto histórico de discriminación racial ante la omisión y/o complicidad de una comunidad internacional creada para alcanzar la convivencia pacífica. A diferencia del holocausto nazi, hoy Israel cuenta con el espaldarazo económico y político de la Sociedad Internacional. Éste es el contexto internacional.

En el ámbito nacional, el Estado de Israel organizado jurídica y políticamente por leyes fundamentales no cuenta con lo que se conoce en nuestro derecho con el principio-derecho de igualdad ni ha reconocido la cláusula de prohibición de discriminación racial. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CERD) en su Informe de marzo-agosto de 2007 (70 y 71 período de sesiones) señala su preocupación porque no hay ninguna disposición general de igualdad y de prohibición de la discriminación racial en la Ley fundamental: dignidad y libertad humanas (1992) que hace las veces de una carta de derechos (artículo 2 de la Convención). El Comité recomienda a este Estado Parte que se asegure de que la prohibición de la discriminación racial y el principio de igualdad estén consagrados como normas generales de rango elevado en el derecho interno. (Párrafo 209)

Israel es Estado Parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sin embargo, en el nivel interno los derechos fundamentales de las personas no judías son violados sistemáticamente. En el citado Informe, el CERD señala su profunda preocupación porque se mantienen "sectores" separados para judíos y árabes, en particular en la vivienda y la enseñanza (párrafo 215), lo cual genera profundas desigualdades sociales. Además el citado Comité expresa su preocupación por las prácticas de discriminación indirecta por motivo racial del Estado Israelí, en este sentido, ante las denuncias de exámenes psicométricos empleados para comprobar la aptitud, habilidad y personalidad de personas árabes en el acceso a la enseñanza superior, Israel no ha comentado nada al respecto. El CERD le recomienda que vele por que se garantice a todos el acceso a la educación superior sin discriminación, directa o indirecta, fundada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico. (párrafo 220).

Respecto a las leyes penales que tipifican delitos de odio racial, los Estados Europeos han intentado homologar su ius puniendi destacando el antisemitismo, sin embargo el castigo contra los delitos de motivación racial como el antiarabismo en Israel no es eficaz. Al respecto, el Comité lamenta que la Fiscalía General israelí ha adoptado una política moderada en el encausamiento de políticos, funcionarios del Estado y otras figuras públicas por hacer declaraciones de incitación al odio contra la minoría árabe, por ello, le solicita que se esfuerce más en prevenir los delitos de motivación racial y las declaraciones de incitación al odio y velar por que se apliquen efectivamente las disposiciones pertinentes del derecho penal. Recomienda además, que  adopte con determinación medidas de lucha contra cualquier tendencia a vigilar especialmente, estigmatizar, estereotipar o caracterizar a las personas por motivos de raza, color, ascendencia y origen nacional o étnico, en particular por los políticos (párrafo 222).

De lo anterior se puede constatar que es necesario corregir el reconocimiento desigualitario de las víctimas en el derecho internacional y constitucional para evitar la impunidad. Una de las consecuencias del horror que estamos viviendo: el genocidio del pueblo palestino, tiene que ver con dicha desigualdad. Esta corrección es necesaria ya que tanto el Derecho Internacional como el Constitucional confluyen en la defensa y protección de los derechos humanos en el nivel internacional y los derechos fundamentales en el ámbito nacional. ¿Valió la pena construir la cláusula de prohibición de discriminación racial sólo visibilizando y favoreciendo a una de las tantas víctimas y discriminando a las demás? ¿No ha sido acaso injusta tal visibilización? ¿Por qué el gobierno del Estado de Israel abraza las ideologías defensoras de la violencia como método de resolución de conflictos, acaso no ha entendido que éstas son producto de la discriminación étnica que antaño sufrió su pueblo?

El trato desigualitario de las víctimas está presente en el derecho. La doctrina constitucional y penal en España, por ejemplo, está desarrollando las bases del derecho antidiscriminatorio donde sólo está visible una de las víctimas. Existen Sentencias del Tribunal Constitucional paradigmáticas relacionadas con el negacionismo, en concreto, sólo referido al genocidio del colectivo judío. Por ejemplo: las Sentencias del Tribunal Constitucional 214/1991, de 11 de noviembre y 235/2007, de 7 de noviembre. En el derecho penal, el Código Penal español, en su Capítulo IV, De los delitos relativos al ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, en el artículo 510.1  dice: Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses (negrita y subrayado agregado). El antisemitismo está contenido en el concepto de “motivos racistas” y en la definición de discriminación por etnia o raza; sin embargo se ha resaltado sólo a éste dejando de lado otras manifestaciones odiosas dirigidos a otros colectivos como el gitano, árabe, negro, amerindio, etc. Aplicando un ejemplo práctico, cabe señalar que no sería justo que el texto de este tipo penal señalase: “Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antiárabes u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, (...) serán castigados”. Este texto se estaría apartando del principio de igualdad pues al visibilizar sólo lo antiárabe favorecería a uno de los colectivos discriminando al resto. Tampoco sería justo e igualitario si el legislador hubiese dicho: “Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, contra el colectivo gitano u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, (...) serán castigados” pues estaría olvidando de mencionar por igual a todos los colectivos discriminados. O se cita a todos por igual o no se favorece a uno sólo, aquí el legislador se ha olvidado de la puerta de entrada de los derechos fundamentales: el principio-derecho de igualdad, uno de los más grandes pilares de la teoría de los derechos fundamentales.

Hay que corregir la doctrina del derecho antidiscriminatorio y tratar por igual a todos los colectivos discriminados por raza o etnia ya que este hecho discriminador está afectando las bases de la teoría del Estado y del concepto de democracia. A día de hoy los partidos políticos xenófobos y racistas están justificando la defensa de un Estado sobre la base del genocidio de los pueblos diferentes. Hoy estamos viviendo el etnocidio del pueblo palestino, según Danilo Zolo, este etnocidio se está consumando ante la indiferencia del mundo, con la complicidad de las cancillerías occidentales, el silencio de los grandes medios de comunicación de masas, el servilismo de los expertos y juristas que pretenden ubicarse por encima de ambas partes, y el apoyo ferviente del más obtuso y sanguinario presidente que haya podido tener Estados Unidos. Este filósofo del derecho que tanto contribuye al derecho constitucional actual en su artículo El esplendor del suplicio hace un análisis crítico del ataque israelí al pueblo palestino.
 

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