Ciudadanía y Sociedad Civil: Avanzar en la igualdad desde la política

Autora: Ana Rubio Castro


1. INTRODUCCIÓN

            La memoria no equivale a la simple acumulación de datos o hechos. Desarrollar, valorar y analizar el legado recibido es otorgar sentido a la realidad presente y poder construir estrategias teóricas y prácticas que superen los errores del pasado. Hablar hoy de igualdad desde el feminismo exige un breve análisis crítico sobre los antecedentes históricos, así como realizar una  reflexión sobre las peculiaridades de la realidad actual y los cambios que se vislumbran.

 

 a) Desarrollo histórico y positivización del primer pacto social

 

            Cuando la  burguesía ilustrada, con ayuda del iusnaturalismo racionalista, utiliza la igualdad como rasgo de identificación frente al poder establecido y a los privilegios imperantes, considera suficiente para su consagración y mantenimiento la simple positivización de este principio. Es decir, una vez proclamada la igualdad y la libertad en la declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano, en 1789, como principios inherentes a la naturaleza humana y concluido el proceso de construcción del Estado, en 1793, nada más había que hacer, sólo dejar que el orden jurídico y político, surgido del nuevo pacto, desplegara toda su potencialidad, protegiendo los derechos individuales y estableciendo el correcto orden social. El valor otorgado al proceso de positivización aparece con claridad en la propia Declaración de Derechos del Hombres y del Ciudadano, de 1789, cuando enuncia: “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer, en declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes...”.

Con estas palabras se anuncia el triunfo de la igualdad entre los hombres y el fin de todas las jerarquías. La declaración simboliza el pacto originario, el contrato llevado a cabo por  los individuos que aceptan reconocerse como iguales en derechos y deciden someterse al poder político común establecido por ellos. Un poder que al nacer del pacto, de la forma jurídica, no es arbitrario y  permite el establecimiento de límites legítimos al poder. Esos límites son la salvaguarda de los derechos del hombre y del ciudadano y el mantenimiento del orden social y la seguridad. Es así, como la legitimidad del poder, queda a partir de este momento, conectada a la forma jurídica y a un determinado contenido material de justicia[1]. A través de este relato lo que se configura es un nuevo origen del poder y un cambio radical de las estructuras, en otras palabras, una revolución. Nos encontramos ante una revolución porque esta transformación no consiste en un simple cambio entre elites políticas, sino en un retorno al origen del poder para construir desde otros fundamentos el orden jurídico y político. En toda esta argumentación está presente el valor de la razón humana y un concepto de ratio formal que considera posible el descubrimiento de la verdad y de lo universal mediante la utilización del método adecuado. Esto significa aceptar que si se respetan las reglas lógicas y metodológicas establecidas -el método científico-, el sujeto que conoce tiene la capacidad de analizar e interpretar el mundo desde sí. Si la razón permite descubrir la verdad y hace posible la construcción de lo universal, el sexo del sujeto que conoce es indiferente, porque lo relevante es el método. De este modo, un científico puede estar influenciado por razones morales o políticas, pero estas particularidades no son relevantes para el quehacer teórico, lo relevante son los resultados y la justificación racional de las teorías elaboradas.

A partir de estos presupuestos epistemológicos y metodológicos se construye el pacto constituyente, un pacto mediante el cual los iguales se reconocen entre sí y establecen el nuevo poder. El hecho de que las mujeres no formaran parte de este pacto, ni de este reconocimiento ha sido valorando carente de relevancia a la hora de enjuiciar la dimensión moral de los contenidos en él establecidos. Es decir, si las decisiones se toman con imparcialidad[2] por parte de sujetos racionales no tiene ninguna trascendencia que algunos grupos sociales no estén presentes en el momento de la decisión, para valorar su contenido moral. Tal afirmación permitió sostener que los derechos del hombre y del ciudadano expresados en 1789, eran los derechos de toda la humanidad. Este razonamiento explica que durante tanto tiempo se haya creído que los derechos humanos de los varones son los derechos humanos de la humanidad, y que se haya tenido que esperar a 1993, dos siglos más tarde, para que se reconociera, en Viena, que la violación de los derechos de las mujeres es un grave atentado contra los derechos humanos. Lo que viene a demostrar que la pretendida neutralidad y racionalidad  del sujeto cognoscente no es tal.  Aún hoy, en el seno del discurso jurídico-político, no existe otro concepto más elevado que el concepto de razón como guía y fundamento de las Constituciones de los pueblos y de sus instituciones. Esto explica la estrecha alianza que el liberalismo establece entre razón y ley. A la razón quedan vinculados los conceptos de libertad, justicia y verdad, ideas que se considerarán fáciles de determinar y precisar siempre y cuando se adopten las condiciones morales apropiadas. Frente a este planteamiento, Horkheimer desveló las importantes contradicciones que esconde la concepción ilustrada de razón y Adorno realizó las críticas al método racional y científico[3].

 Toda el desarrollo que el liberalismo llevó a cabo de los ideales ilustrados, que establecen las bases del discurso jurídico político hasta hoy vigente, olvidó un elemento relevante: lo importante del “Pacto” no es el contenido de lo en él establecido, sino el reconocimiento y pertenencia que el mismo construye. El pacto está reconociendo a los iguales, a los sujetos con igual poder y autoridad para decidir sobre los asuntos  políticos. El pacto está construyendo un concepto de comunidad política y está mostrando a los individuos que la integran y a quienes quedan excluidos de ella. Por consiguiente, no es indiferente quién esté presente y reconocido como igual, ni se garantiza el valor moral del acuerdo sólo porque los sujetos adopten una posición neutra o imparcial, aún en el supuesto de que ésta fuera posible. El pacto es ilegítimo, como pacto universal de reconocimiento de todos, porque todos no son sólo los hombres, una parte del grupo social, sino que  todos son las mujeres y los hombres.

             Las críticas y la evolución histórica de los presupuestos metodológicos y epistemológicos sobre los que se había asentado la hipótesis del pacto social han dejado poco del contenido inicial. En este momento, la razón está estrechamente vinculada a una función instrumental, esto es: la razón es el instrumento que ayuda al individuo a lograr sus fines, pero como estos fines no se pueden alcanzar por el individuo aisladamente, son necesarias la sociedad y las instancias sociales para su consecución. Las rebajas llevadas a cabo sobre la potencialidad de la razón la recluyen en el concepto de utilidad. Lo importante hoy  no son las grandes ideas, sino “el modo en que el individuo se abre paso en la sociedad, o se adapta a ella; el modo en que sigue su camino. La razón fundamenta la subordinación del individuo al todo, dado que el poder del primero no alcanza a transformar al segundo en su beneficio”[4]. Esto explica que identifiquemos el comportamiento racional como el comportamiento humano orientado a fines. Una identificación que pulveriza la vertiente trascendente de la razón humana.

 La palabra razón, escribe Locke, tiene en inglés distintos significados: se hace referencia con ella a principios correctos y claros, otras veces se alude a deducciones claras y honestas a partir de esos principios, a veces es especialmente causa final. A ellos hay que añadir: el descubrimiento de nuevas verdades, su ordenación sinóptica, la constatación de sus relaciones y la derivación de sus consecuencias[5]. Es así como la razón se transforma en el instrumento que hace posible el cálculo y permite diseñar los medios adecuados, en función de las circunstancias sociales concretas, para el logro de ciertos fines. Unos fines, que sólo se reconocen como individuales. En esta evolución de la razón ilustrada a la razón liberal quedan en el camino los proyectos de justicia social que encerraba el discurso y la razón ilustrada.

El liberalismo no sólo restringe la capacidad racional de los individuos, también les impide el acceso a la utopía, al establecimiento de ciertos fines sociales compartidos.  Esta interpretación restrictiva del concepto de razón encierra a los individuos en el marco y en los límites que les imponen las leyes y las instituciones e irracionaliza la posibilidad de trascender la realidad para diseñar nuevas instituciones y estructuras sociales. Sin duda, este pensamiento es extraordinariamente útil para quienes se sienten reconocidos entre los iguales y creen tener en los espacios de autonomía y libertad que las leyes y las instituciones construyen los instrumentos idóneos y suficientes para el desarrollo personal y social. En otras palabras, para quienes se identifican con el poder establecido y se consideran asimilables a los sujetos que lo ejercen. Desde esta perspectiva, los grupos sociales excluidos o discriminados no existen, sólo existen individuos libres e iguales porque las leyes así lo establecen. Las desigualdades y opresiones que la realidad  muestra las explican como resultado de las malas o buenas decisiones individuales adoptadas, como resultado del cálculo racional entre medios y fines, de cuyos errores únicamente son responsables los propios individuos. Si partimos de estos presupuestos, sólo cabe exigir o demandar del poder leyes iguales y el mínimo intervensionismo posible para el mantenimiento de la sociedad. La búsqueda de la armonía entre lo social y lo individual desaparece así de la agenda política.

La exaltación de la individualidad explica el valor asignado a la Ley. Quien desee vivir entre hombres que respete la Ley. El fin social por antonomasia es respetar las leyes del país. No es de extrañar, analizada la evolución liberal de la razón y de su proyecto ético, que la igualdad entre los individuos, una vez positivizada, se limite en su reivindicación al respeto a la Ley y a una igual aplicación de la misma (la igualdad de trato[6]). No hay igualdad sino en el marco y en los límites que la Ley establece para todos. El vivir ético, en este contexto, es aquel que se genera por el respeto al principio de legalidad, en el marco de las instituciones.

 ¿Pero qué ocurre si se está excluido del poder y sometido además al imperialismo cultural? ¿Qué oculta el proyecto liberal? El proyecto liberal oculta las diferentes posiciones de poder en que se encuentran los individuos en sociedad, la existencia de grupos sociales y de grupos sociales subordinados. ¿Cómo comprender las situaciones de discriminación social desde la legalidad? ¿Cómo explicar que existen grupos sociales oprimidos a pesar de existir leyes iguales para todos y actuar los individuos en el marco de las mismas instituciones?

En el planteamiento liberal existe, en mi opinión, una contradicción de origen: se valora como suficiente y óptimo el marco legal e institucional, pero al mismo tiempo se exige que éste sea mínimo, puesto que limita las libertades individuales. ¿Cómo pueden ser las leyes al mismo tiempo lo óptimo y aquello de lo que se desconfía? El neoliberalismo irracionaliza la construcción o identificación de intereses sociales, como metafísicos, pero parte de otra metafísica, aquella que considera que los individuos son por naturaleza libres e iguales y, por consiguiente, las leyes y las instituciones sólo diseñan los recorridos y los espacios en los que tales cualidades naturales individuales se han de desenvolver. Si es metafísica creer en la capacidad trascendente del sujeto para transformar las instituciones sociales, para establecer consensos sobre objetivos comunes. Si es metafísica construir una utopía social, lo es aún más considerar que las mujeres y los hombres son libres, por naturaleza, y las leyes sólo les garantizan la igualdad  en el ejercicio de la libertad. El fundamento iusnaturalista, del pasado, con el que se define la naturaleza humana está aún muy presente en la argumentación liberal sobre la sociedad y la Política.

La libertad no es una cualidad natural, se desarrolla o se constriñe en el marco de las relaciones sociales que diseñan las estructuras y las instituciones. No se nace libre, se hace libre el sujeto como un efecto colateral de la capacidad de pensar, elegir y actuar en las relaciones con otros sujetos y en el marco de estructuras democráticas. Si hay  sujetos que en función del poder que detentan, piensan por sí y desde sí, deciden y tienen los  instrumentos adecuados para la acción y otros sujetos no, las leyes, formalmente iguales para todos, sólo encubrirán estas diferencias de poder y las mantendrán. Minimizar estas diferencias afirmándose que el no poder es también poder, es ignorar que la verdadera libertad e igualdad sólo es posible en la reciprocidad con el otro, en la equipotencia, y en el igual reconocimiento. A los grupos oprimidos o subordinados[7] sólo les cabe, dada su exclusión del poder y su falta de estatus la mera trasgresión a las reglas, pero la trasgresión por sí sola no tiene capacidad para transformar la realidad. Para poder transformar la realidad es preciso tener acceso al ejercicio del poder.

Ha sido este desarrollo liberal del principio de igualdad con sus límites y zonas de penumbra el que ha dificultado que las mujeres pudieran tomar conciencia de los límites de la igualdad jurídico-política en el marco del Estado de Derecho, para poder superar su posición de subordinación social. Unos límites de los que sí fueron muy conscientes las mujeres revolucionarias francesas, quienes desde el inicio comprendieron que el poder establecido las excluía de nuevo y las sometía a las mismas servidumbres de pasado[8]. Las mujeres y el tercer Estado, como lo denomina Sièyes, fueron artífices de la revolución, pero no recogieron los frutos de sus transformaciones. Ambos grupos fueron traicionados por la burguesía, pero no de la misma forma, ni en el mismo momento.

 

b) Las diferentes formas de exclusión del poder

 

Los estudios críticos realizados sobre la revolución francesa y sus traiciones se han centrado en  la identificación de los grupos sociales excluidos del poder para mostrar la falta de universalismo político que presentaba el pacto social por ella construido. Pero ha sido un error reiterado pensar que todos los grupos excluidos del poder, del pacto, lo fueron en el mismo momento y con los mismos fundamentos. Me parece extremadamente importante precisar, aquí, de qué modo y con qué fundamentos fueron excluidos de la ciudadanía, de la pertenencia a la comunidad política, las mujeres y los no propietarios. La forma y el fundamento de cómo se llevó a cabo la exclusión es muy importante, puesto que de este primer diagnóstico dependerán las acciones y las transformaciones que se consideren ineludibles para establecer, esta vez sí, un  pacto verdaderamente inclusivo de todas y todos.

Hasta que Carol Pateman[9] desvelara la existencia de un pacto sexual previo al contrato social, se había creído que era posible el establecimiento de políticas comunes para todos los grupos sociales excluidos. Las mujeres pensaron que el proyecto socialista y sus propuestas de emancipación humana eran el marco apropiado desde el que remover todos los obstáculos que les impedían el acceso al ejercicio de los derechos en igualdad. Pero olvidaron una cuestión relevante: por qué motivo no acceden las mujeres burguesas junto a los hombres de su clase al poder, por qué no acceden las proletarias con el mal llamado sufragio universal al estatus de ciudadanas. Si las luchas sociales obreras consiguieron reformar las instituciones (no hacer una revolución) y así dar entrada a los desheredados, a los excluidos, en el ejercicio del poder y en el   disfrute de los derechos, por qué no adquieren la misma titularidad y disfrute de los derechos las obreras, qué servidumbres pasan inadvertidas a los obreros en los procesos de transformación y ensanchamiento de la ciudadanía.

La burguesía excluyó, en 1793[10], al tercer estado mediante el sistema electoral. El establecimiento del voto censitario transformó un posible electorado de seis millones de franceses en sólo dos. Por consiguiente, bastaba con romper esta exigencia electoral, o legal, para que accedieran todos los varones al poder, fueran propietarios o no. Pero las mujeres burguesas no fueron excluidas del poder mediante una ley electoral, sino en un momento previo, en el tránsito del estado de naturaleza al estado social. Este hecho tiene extraordinarias consecuencias sobre la subjetividad y la ciudadanía de las mujeres. Al ser excluidas las mujeres del “pacto”, de la pertenencia al grupo de los iguales racionales, quedan abandonadas en la naturaleza.

¿Qué importancia política tiene para las mujeres esta forma de exclusión? El estado de naturaleza ha sido tradicionalmente considerado por la doctrina constitucional como el contexto que justifica el fin y el valor del Estado. Se sostiene que el estado de naturaleza reconstruye, como hipótesis lógica, el instinto natural de muerte y explica el deseo del Estado como un deseo de orden y de seguridad[11] que prueba la racionalidad humana. El estado de naturaleza simboliza el espacio en el que se impone la ley del más fuerte,  la voluntad individual sin freno y en el que falta la mediación de la razón, al no haber cristalizado la Ley. Esta representación del Estado de naturaleza está cumpliendo dos funciones: servir de fundamento al nuevo orden político y representar a las mujeres como seres no racionales y esencialmente reproductivos[12].

Cuando la razón triunfa, triunfan con ella los seres racionales, aquellos que no quedan atrapados en la mera naturaleza, porque poseen como personas naturales la capacidad de hacer uso de su propia voz para proteger sus intereses y definir los objetivos colectivos. Lo que oculta este relato es que los seres racionales no son individuos, sino varones-padres de familia[13] que llevan a cabo una doble representación: la representación de sus intereses y la representación de los intereses de quienes han sido privados de voz propia, las mujeres y los menores. Es así como el sujeto del pacto asume al mismo tiempo una representación individual  y una representación colectiva. Por consiguiente, el nuevo orden social no está poniendo fin a todas las servidumbres entre los seres humanos, está poniendo fin sólo a las servidumbres entre varones, al mantener como orden natural, excluido de la Política, al orden conyugal. Esta exclusión permite que lo doméstico-familiar quede fuera del debate racional sobre la justicia y del contenido de la ley, para quedar anclado en la naturaleza. La forma y el contenido del pacto social originario permiten establecer la estrecha conexión existente, aún en la actualidad, entre el ejercicio del poder, la autoridad y la masculinidad.

¿Por qué tiene tanta influencia política esta hipótesis lógica? Porque esta hipótesis simboliza y construye el modelo humano de referencia que está en la base de la cultura jurídico-política. El pacto es el momento del consenso, de la unión de las voluntades individuales, del reconocimiento entre sí de los iguales en poder y en autoridad. Es el momento en el que los sujetos conforman el grupo social y establecen el vínculo que dará nacimiento a la ciudadanía. Por consiguiente, si las mujeres son excluidas de esta pertenencia en un momento previo a la construcción de Ley, en el momento en el que los iguales se identifican y se reconocen como miembros de la nueva comunidad política, no podrá un cambio legal, sin más, restituirlas en el lugar que por justicia les corresponde, ni otorgarles una subjetividad y ciudadanía plena. Esto explica que el reconocimiento formal a las mujeres de iguales derechos civiles y políticos que a los hombres no haya producido una alteración del rostro del poder, ni haya generado un cambio en el estatus social de subordinación de las mujeres.

Las mujeres necesitan, para hacer de la subjetividad y ciudadanía formal una subjetividad y ciudadanía real, ser reconocidas como sujetos racionales y con autoridad no sólo en la forma jurídica, también en la Política. En palabras de Castoriadis, ser reconocidas como sujetos reflexivos capaces de establecer el sentido y la organización de la vida humana. Situar a las mujeres en la Política re-significa la ciudadanía y desarrolla la democracia. Esta restitución supera el falso universalismo epistemológico y metodológico sobre el que se sustentaba el pacto social, para construir un modelo de ciudadanía en el que la vida no quede excluida de la política, ni las mujeres del grupo de los sujetos racionales. Cuando la revolución francesa inserta la ciudadanía en el espacio que se produce entre el individuo y el poder político, una vez desestructurado el antiguo régimen, está definiendo lo político como el principio superior de organización de la vida humana, pero independiente de la misma. La primacía otorgada a lo político-institucional explica la relevancia que en las sociedades actuales, aún hoy a pesar de los cambios instituciones en curso, se otorga y posee la ciudadanía política y la soberanía. 

 Este desarrollo de la ciudadanía, deja fuera del debate político al orden conyugal y a las necesidades humanas para la subsistencia y mantenimiento de la especie, pero también al orden económico, cuando proclama el derecho de propiedad como un derecho de la personalidad[14]. Esta fundamentación del derecho de propiedad  y del orden conyugal permite presentar al mercado y a la familia como espacios de libertad individual, frente a la ciudadanía. De este modo, el nuevo orden social  que nace del pacto originario marca los territorios excluidos del control de la Ley y no sometidos al debate racional de los iguales, lo que priva a todas estas relaciones sociales del sometimiento a los principios de justicia[15]. La inclusión del mundo económico en la política y en el debate sobre la justicia se produce con la construcción del Estado social, pero la inclusión del orden conyugal es aún un proceso en curso[16]. A partir de la transformación del Estado liberal al Estado social el concepto de ciudadano se entrelaza con el concepto de trabajador[17].

Del mismo modo que la burguesía recoge en la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano, de 1789,  todos los privilegios y potestades de los que disfrutaba la aristocracia, para extenderlos a “todos”, la clase obrera suma a los derechos y libertades civiles y políticas burguesas, los derechos económicos, sociales y culturales, con los que pretende poner fin a todas aquellas desigualdades que les impiden el ejercicio de los derechos en igualdad. No cuestiona la clase obrera los derechos burgueses, es consciente de su valor en la construcción de la subjetividad y la ciudadanía, pero también de sus límites, por este motivo los complementa con nuevos derechos[18]. Los movimientos obreros, a diferencia de lo que habían hecho las diferentes burguesías nacionales, no necesitan llevar a cabo una revolución para acceder al poder. El modelo de sujeto que subyace en la ciudadanía es un modelo humano con el que puede el obrero asimilarse: el varón padre de familia. La pregunta que debemos hacernos a continuación es: ¿pueden las mujeres asimilarse al modelo de ciudadano varón-padre de familia-trabajador? Pienso que no. Para integrar a las mujeres, y con ellas al orden conyugal y a la vida, en la Política, en el debate sobre el sentido de la vida, es necesario re-significar el principio de igualdad, y la ciudadanía política y social a través del principio de la paridad[19]. La democracia paritaria integra a las mujeres como sujetos con voz propia en el pacto originario, en el poder constituyente, en la Política.

El modelo humano que está en la base de la actual ciudadanía política y social asume el valor de la imparcialidad  como la cualidad necesaria para el ejercicio de la Política. A los actores de la vida política se les exige que decidan con imparcialidad sobre los fines y objetivos para el logro de una vida digna. El problema está en que esta imparcialidad se construye mediante la independencia de todo aquello que tiene que ver con las necesidades básicas para la subsistencia, lo que implica que la independencia o libertad de unos se construye sobre el sometimiento natural de otras al mantenimiento de la vida humana y su cuidado. ¿Es universalizable este modelo de ciudadanía? ¿Quién se encargaría de la subsistencia de la especie, de la cobertura de las necesidades humanas, del trabajo de cuidado, si todas y todos fuéramos sujetos independientes e imparciales y ciudadanos-trabajadores? ¿Se resuelve la falta de conciliación entre el trabajo productivo y el reproductivo trasladando a otro colectivo subordinado el trabajo de cuidado? ¿Son los inmigrantes el grupo de relevo de las mujeres en el trabajo de cuidado? ¿Es posible hablar de igualdad y de democracia sin resolver la tensión entre la política y la vida humana? Para poder responder a todos estos interrogantes debemos retrotraernos al pacto originario, a los presupuestos sobre los que el orden social se asentó.

 Los cambios institucionales que la globalización económica está imponiendo a los Estados no pueden llevarse a cabo a costa una vez más de la subjetividad y la ciudadanía de las mujeres o los inmigrantes. Los cambios sociales que el capitalismo tardío demanda deben afrontarse como la oportunidad para rectificar las injusticias del pasado y re-significar la ciudadanía desde la democracia paritaria[20]. El reconocimiento de las mujeres como sujetos de igual valor y autoridad no sólo permite la integración del otro, sino además del otro diferente. De este modo, es posible conformar un pacto constitutivo de la sociedad civil donde la igualdad y la diferencia no aparezcan como principios contrapuestos, sino integrados. Los sujetos del pacto mujeres y hombres se reconocen como iguales en su diferencia. Sólo así se irracionaliza, de forma permanente, el que el sexo pueda ser utilizado como elemento para discriminar a las personas injustamente.

Si hemos construido la ciudadanía sobre la base de una independencia e imparcialidad injusta, que mantiene en su interior restos de un poder de dominio que se pensaba superado, debemos afrontar este hecho y redefinir la relación entre lo privado y lo público, desde la Política[21]. Si la transformación del Estado y de la ciudadanía que propició la clase obrera mediante sus luchas sociales y sus propuestas teóricas hizo posible someter al control racional de la política y de la ley al mercado, ahora es preciso hacer un proceso semejante con el mal llamado orden conyugal o espacio doméstico-familiar. Llegados a este punto, se puede afirmar  que la democracia paritaria supone el fin de todo sustrato natural que aún limita o condiciona a la Política. La democracia paritaria no nos garantiza mejores decisiones, pero sí supone fin a todas las servidumbres entre los seres humanos, e impide que el poder pueda volver a concentrarse en uno de los sexos. La democracia paritaria hace visibles a todos los sujetos y permite el control del todos los ámbitos y poderes, del poder explícito y del implícito, por parte de la ciudadanía. La exclusión de las mujeres de la plena ciudadanía no se hubiese podido mantener en el tiempo sin instituciones y prácticas sociales capaces de reproducir dos naturalezas humanas diferenciadas en habilidades, actitudes y roles. Los arquetipos de feminidad y masculinidad, con los que las sociedades democráticas socializan a los seres humanos, permiten mantener viva la hipótesis del “estado de naturaleza” y la creencia en dos biologías y racionalidades distintas.

Todo lo expuesto permite concluir que el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres en las sociedades actuales demanda un doble plano de intervención: en las estructuras y en las formas jurídico-políticas. No podrán las mujeres ser titulares de derechos si previamente no son restituidas en su racionalidad y autoridad. No podrán las mujeres ser libres e iguales si ocupan un estatus social inferior, que las posiciona como grupo social oprimido. No olvidemos que la pertenencia a un grupo social oprimido significa poder estar sometidos a explotación marginalidad, violencia, exclusión del poder y de la conformación de la cultura.

Para avanzar en la igualdad es preciso situar en el centro de la agenda política el tema de quiénes son los sujetos que realmente conforman el poder constituyente, la Política.  No es ésta una cuestión menor. No podemos, ni debemos, centrar todos los esfuerzos sólo en la participación en lo político-institucional, aunque ésta sea importante, hay que estar presente en la política como mujeres, puesto que fuimos excluidas de ella por el sexo. Sólo la democracia paritaria se retrotrae al origen y fundamento del poder, para desde él identificar como sujetos de igual valor a las mujeres y a los hombres.

 Para alterar la posición de subordinación social de las mujeres no bastan las reformas jurídico-políticas formales, a través del desarrollo del principio de igualdad de oportunidades, es imprescindible reconocer a los excluidos como sujetos igualmente racionales. Del mismo modo que el proletariado no pudo usar sin más el marco legal establecido por el liberalismo para garantizar la igualdad en derechos y necesitó producir reformas jurídico-políticas, las mujeres tienen que cuestionar el falso universalismo humano que está en la base de la representación social y política y exigir un nuevo pacto, esta vez sí, inclusivo de todas y todos. Este nuevo pacto está simbolizado en la democracia paritaria[22]. Un desarrollo del principio de igualdad y del modelo democrático en esa línea no lesiona, en modo alguno, derechos individuales, todo lo contrario garantiza la titularidad y el ejercicio de los derechos para todas y todos en igualdad. Desarrollar la ciudadanía y la democracia, bajo los principios expuestos, nos obliga a centrarnos en el concepto de representación política. Un concepto que en este momento se encuentra sometido a debate, como consecuencia de la crisis del estado-nación y del concepto de soberanía nacional. Debemos aprovechar la oportunidad histórica que ofrecen los cambios institucionales y las transformaciones en  la política para revisar quiénes son los ciudadanos, cómo se construye la ciudadanía y qué principios de redistribución son pertinentes para la construcción de un orden social justo[23]. Centrar todos los esfuerzos teóricos y políticos, como mujeres, sólo en el poder establecido, mediante un sistema de cuotas o  un contrato social superficial, como el que proponen las leyes de conciliación de la vida laboral y familiar, sería desaprovechar la oportunidad histórica que hoy brinda la globalización al exigir cambios institucionales profundos para adecuar las instituciones sociales básicas a las exigencias del mercado, pero también para mejorar la legitimidad de los sistemas políticos[24].

 Si la pertenencia al poder constituyente no fuera importante, y sólo tuviese valor la mera participación en la política institucionalizada, las cuotas hubieran podido asegurar a las mujeres una parte alícuota de poder. Pero no ha sido así. Existen cuotas de mujeres en política en diferentes países, existen mujeres en puestos de responsabilidad social, pero sometidas todas ellas por lealtad[25] a quienes, con verdadero poder, las han elegido para que formen parte de las instituciones[26]. Esta lealtad hace que el poder que detentan las mujeres no  pueda ejercerse en nombre propio, ni crezca, salvo a impulsos de quienes sí lo poseen. Esto explica el interés que, desde el poder, ciertas personas o grupos tienen por las cuotas, no así por el establecimiento de la democracia paritaria.

Quienes defienden la participación equilibrada, o por cuotas, lo hacen porque este modelo de participación política impone actuaciones políticas temporales y puntuales, fácilmente controlables por el poder, mientras que la democracia paritaria no deja margen a la discrecionalidad, sino que impone el igual reconocimiento y valor de mujeres y hombres para representar con autoridad los intereses colectivos y formar parte de la Política. Esto hace de la paridad un principio constitutivo de la democracia, no una estrategia política temporal, que neutralice las demandas políticas de las mujeres y corrija el déficit de legitimidad política de los sistemas actuales.

 

2. CRISIS DEL SUJETO ILUSTRADO Y NUEVAS ALTERNATIVAS

 

La trascendencia política de la paridad es probada por la violencia y rechazo que suscita entre quienes detentan el poder y por el esfuerzo teórico que se está llevando a cabo para desprender a la Política de ese incómodo protagonista que es el sujeto. Se afirma que el sujeto con mayúsculas ha caducado, que sólo cabe hablar de un sujeto adjetivado. Es así como toma protagonismo filosófico y político el problema de la identidad, frente a la subjetividad y la ciudadanía. En palabras de Vattimo: el sujeto trascendental, el que hace la historia, el que conoce y posee la capacidad de trascender la realidad es una ilusión, porque la historia no se juega en el plano de nuestras decisiones, y nuestra identidad se conforma con una modesta pertenencia a un mundo histórico, a un lenguaje, a una clase[27].

Desde el psicoanálisis a Heidegger[28],  se cuestionan las capacidades del sujeto, su racionalidad y trascendencia, para destacar que se encuentra atrapado en su identidad y en el contexto histórico en el que nace y se hace. Al igual que en el pasado se negó racionalidad a las mujeres para impedirles el acceso a la subjetividad, al ser ésta la cualidad clave para el ejercicio de la autonomía moral y política, ahora, ante la presión social de las mujeres y su lucha por estar presentes en las instancias de decisión y gestión, hoy se afirma que todos los sujetos están atrapados, por igual, en las estructuras sociales que los conforman[29]. Por consiguiente, qué valor  puede tener en la transformación de las instituciones sociales y políticas la presencia de mujeres cuando todos los sujetos están marcados por el poder, por la cultura, por el contexto geográfico, etc. Si con anterioridad la exclusión se fundamentaba en la existencia de un método racional que garantizaba la bondad del resultado, lo que hacía indiferente al sujeto productor del acuerdo o del pacto, ahora el argumento es que el sujeto no es relevante. Si todos los sujetos han sido socializados y todos están atrapados en su propia identidad, si todos los individuos están sometidos a altos niveles de irracionalidad y la racionalidad es una simple función de cálculo entre medios y fines, qué pueden aportar las mujeres a la legitimidad del poder constituyente, para qué se necesita repensar el pacto originario y reivindicar un nuevo contrato social.

En todo este proceso de descalificación y crítica de la categoría de sujeto, cabe destacar el protagonismo asignado a las prácticas aisladas e individuales frente a los proyectos utópicos, que se afirman construidos por un sujeto abstracto inexistente. Este nuevo individualismo tiene una fuerte incidencia en la lucha política de las mujeres, puesto que resta valor político el proyecto de emancipación humana que el feminismo contiene. ¿Qué sentido puede tener hoy hablar de feminismo como proyecto ético y político para todas las mujeres, si existen entre ellas  importantes diferencias?

El paradigma de auto-referencia que caracteriza al modelo de sujeto ilustrado tiene el valor de reconocer a cada individuo la capacidad de ser juez crítico de las instituciones sociales y políticas, pudiendo debatir con otros sujetos racionales sus propuestas,  y someterlas a revisión. Esto es, se le reconoce al sujeto la capacidad de pensar desde sí, rechazando las tradiciones y las normas impuestas por otros, lo que le habilita para el encuentro con otros sujetos de cuyo debate puede surgir un pensamiento superior, capaz de transformar las instituciones sociales. “La realidad social en la modernidad era analizable –por ello soportaba el peso de la definición- en la postmodernidad se torna “adjetivable” (“relato”, “desaparición”, incertidumbre”, seducción”). El cometido es disolver los referentes, sólo el eclecticismo parece garantizar la no sujeción”[30]. En este contexto nace el debate, en el seno del feminismo, de cómo construir ese “nosotros”, con mayor legitimidad y excelencia, que todo proyecto de transformación social exige, y qué contenido debe tener la demanda igualitaria. Las respuestas elaboradas por los feminismos son muchas y complejas, aunque puede destacarse en todas ellas la tensión entre los principios de igualdad y de  diferencia[31].

 

3. DISOLUCIÓN DE LAS DICOTOMÍAS

 

            Junto a los cambios filosóficos, teóricos y políticos descritos, se producen otros hechos que deben ser tomados en consideración, para valorar las transformaciones que se han producido en el discurso y en el movimiento feminista respecto a al contenido del principio de igualdad. Si hasta la primera mitad del siglo XX las mujeres creyeron poder utilizar sin más los espacios e instrumentos jurídico-políticos que permitieron la incorporación al poder de otros grupos sociales excluidos, esta esperanza se desvanece en las postrimerías del siglo XX. Dos hechos importantes se habían gestado: las nuevas Constituciones europeas, surgidas después de la  segunda guerra mundial, reconocieron a las mujeres, con algunas excepciones, la ciudadanía; y las mujeres accedieron al mercado de trabajo, consecuencia de los conflictos armados, lo que vino a demostrar lo absurdo que era defender la inferioridad y la incapacidad de las mujeres. Sin embargo, estos hechos no produjeron transformaciones sociales permanentes, sino coyunturales.  El  tiempo vino a darle la razón a Romanones cuando al finalizar la sesión parlamentaria que daría el derecho al voto a las mujeres españolas, en 1931, afirmó: tanta preocupación y temor para nada, pobrecitas las mujeres seguirán votando a los hombres[32]. Romanones conocía bien lo que las feministas tardaron en saber, que la opresión de las mujeres no finaliza con la conquista de la igualdad formal, con el acceso a los derechos civiles y políticos, porque no es desde la legalidad desde donde se construye la subordinación social a la que están sometidas.

            Ante la falta de integración de las demandas de las mujeres que hacen los partidos y los sindicatos, al valorarlas sectoriales o secundarias, se crean espacios de mujeres fuera de las instituciones, desde los que se trata de debatir y elaborar políticas alternativas. Pero no todas las mujeres feministas rechazan las organizaciones partidistas, algunas permanecen en ellas y viven, en muchas ocasiones, dramáticamente la doble militancia. Una tensión que no experimentan los varones cuando ejercen la doble militancia sindical y partidista[33].

¿Qué tiene de diferente la doble militancia en una organización feminista y en un  partido? La militancia feminista de las mujeres que participan activamente en una organización partidista produce, la mayor parte de las veces, desgarro y tensión como resultado de la falta de interés que demuestran las organizaciones partidistas por las propuestas políticas feministas. Este hecho introduce una contradicción lógica en el ejercicio de la militancia y en el sentido de lealtad que la misma implica. Una contradicción difícil de superar por más que se argumente desde los partidos que existen problemas generales que deben  abordarse con prioridad a las cuestiones sectoriales o de género. Aunque estos argumentos ya no convencen, y desde el Tratado de Ámsterdam no son políticamente correctos, de ahí que sólo sean de consumo interno, la realidad es que  tienen un peso significativo en las mentes de las elites de los partidos y sindicatos[34].

Las mujeres de los partidos hoy ya no optan por el dentro o fuera, son conscientes de la necesidad de trabajar desde las instituciones, pero han aprendido que este trabajo no produce el impacto deseado, si no se acompaña de la debida dinamización del tejido asociativo de mujeres. Para que el feminismo político posea peso político para liderar cambios ha de estar arropado por la calle y la teoría feminista. Cuando esta coordinación de fuerzas no se produce, cada uno de los contextos implicados –política, sociedad civil y grupos de expertas- aparece aislado y sin capacidad para liderar cambios. No sólo el tejido asociativo y el respaldo teórico son importantes para las mujeres en política, también lo es para los grupos expertos feministas el respaldo político y social, y para las organizaciones de mujeres la información y la guía que le ofrecen las teóricas y políticas feministas.

            Fue lógico, en el pasado, que cierto sector del feminismo llevara a cabo un movimiento de crítica y de rechazo a las instituciones, denunciándose los límites y las insuficiencias de la igualdad formal y de la bondad de los derechos[35]; así como que se negara valor al partido político como instrumento de defensa y apoyo para la liberación de las mujeres. Pienso que no es necesario detenernos, en estos momentos, en los errores que se cometieron, aunque algunos de ellos aún están presentes en las teorizaciones que exaltan la bondad de la naturaleza femenina o toman a la maternidad como elemento conformador de la política y los derechos. Aunque en estos planteamientos se sobredimensiona el hecho biológico, lo que condujo a la sustitución de un esencialismo por otro, los errores no estaban presentes sólo en estas opciones feministas críticas, también lo estaban en quienes creyeron que la sola depuración de las categorías jurídicas y políticas permitiría su uso por las mujeres, superándose las exclusiones del pasado. Se olvido por el feminismo, algo muy importante que siempre ha sabido la izquierda, que los cambios sociales son resultado de transformaciones estructurales e institucionales, no resultado de la buena fe política o del mero ajuste formal. No es la actitud concienciada del intérprete social o político lo que genera el cambio social, sino el nacimiento de nuevas prácticas sociales, en el seno de estructuras e instituciones igualitarias y justas, las que logran consolidar de forma permanente los derechos, los intereses y las necesidades de las mujeres en igualdad con los de los hombres y ponen fin a los privilegios.

El feminismo aún se encuentra dividido, a pesar de los avances por la unidad producidos por las Conferencias Internacionales sobre la Mujer realizadas durante el último tercio del siglo XX. Para un sector del feminismo, la lucha política hacia la igualdad debe centrarse en el ámbito institucional y en la participación, de ahí que centren su esfuerzo teórico y político en la transformación del sistema electoral y en el desarrollo de políticas de igualdad; para otro, en el que me incluyo, esto no es suficiente, aunque sin duda son esfuerzos políticos muy importantes. Pero para lograr un cambio permanente que no permita retrocesos, debemos incidir sobre el origen y el fundamento del poder, para reestablecer la conexión política-vida, derechos y necesidades, en el nivel estructural. En otras palabras, es preciso un cambio más radical y profundo en la línea de un nuevo modelo de ciudadanía y de democracia. A pesar de los errores en los que ha incurrido el feminismo radical, e incluso a pesar de los riesgos que supone para el movimiento feminista, como movimiento social por la emancipación humana afirmar la muerte del patriarcado[36], la discrepancia teórica y práctica en el seno del movimiento feminista no supone un handicap, sino la expresión de un cuerpo teórico plural, en construcción y no dogmático[37]. La riqueza de propuestas permite, en mi opinión, que el feminismo de la igualdad precise algunos de los contenidos programáticos que creía suficientemente debatidos. Cuando desde sectores no institucionales se critican ciertas estrategias o actuaciones políticas del feminismo institucional, se les obliga a repensar algunas de las estrategias, que sin duda mejorarán la propia práctica política, entre ellas cabe destacar cuestiones como: ¿son utilizables sin más unos discursos y unas mediaciones que excluyen a las mujeres desde su origen? ¿Es irrelevante el sexo del poder constituyente y del poder constituido? ¿Cómo potenciar el poder de las mujeres, si éstas no poseen poder? ¿Quiénes son los aliados de las mujeres en este proceso de profundización de la democracia? ¿Qué función deben tener las organizaciones de mujeres en el acceso al poder de las mujeres? ¿Qué papel corresponde desempeñar al feminismo institucional? ¿Son las feministas las únicas representantes legítimas de las mujeres? ¿Es posible avanzar en la igualdad sin alterar la estructura de los partidos? ¿Es preciso crear nuevas mediaciones desde el no poder? ¿Necesitamos nuevos derechos? Las respuestas a todas estas cuestiones no son fáciles de alcanzar, por este motivo muchas de ellas se encuentran aún abiertas al debate y el disenso hace acto de presencia en muchas de ellas.

La modernidad había compartimentado contextos y espacios que la globalización muestra estrechamente conectados. Por este motivo, las transformaciones instituciones en curso sitúan en el centro del debate político muchas de las cuestiones que el feminismo obliga a repensar y a re-significar en el discurso liberal o socialdemócrata. Los retos actuales ante los que se encuentran las instituciones jurídico-políticas ha vuelto a sacar a la luz el importante papel social y económico de las familias y de las mujeres, así como las contradicciones que encierra un orden social que formalmente reconoce a todas y todos como iguales en derechos y oportunidades, para más tarde desarrollar sutiles mecanismos institucionales de discriminación contra las mujeres. En la medida en que la globalización sitúa a la familia en el centro de la solidaridad y del consumo, le está otorgando reconocimiento de sujeto social y político y la está haciendo coincidir con el nuevo modelo de ciudadanía: usuario responsable, consumidor y contribuyente. Hoy más que nunca se es consciente de la trascendencia política que tiene la familia como institución socializadora de mujeres y hombres, futuros ciudadanos y ciudadanas, así como de su papel relevante en el consumo. Sin la colaboración familiar no es posible llevar a cabo los procesos de transformación institucional que la nueva realidad económica demanda de los Estados. Pensemos por ejemplo en las responsabilidades que asume la familia en la construcción de mano de obra altamente cualificada, en la cobertura de las necesidades básicas de todos los miembros de la unidad familiar (en especial de los menores y mayores), y en la solidaridad social -a través de la figura del voluntario. Todos los bienes y servicios que antes proporcionaba el Estado social a sus ciudadanos y ciudadanas serán, en el futuro, desplazados a la familia.

El feminismo radical había centrado su atención, al distanciarse de las instituciones jurídico-políticas, en el valor de lo simbólico, en el ejercicio de poder y autoridad en lo privado, en la educación como instrumento de transformación de los estereotipos sexistas, en el desarrollo de una sexualidad libre e igualitaria, etc., cuestiones todas ellas de interés político en este momento. Aunque la solución a los problemas políticos actuales no esté en la construcción de una nueva materialidad sobre la base de la relación mujer-mujer o madre-hija, sino en una resignificación de la ciudadanía y de la democracia, sus aportaciones tienen el interés de haber desarrollado propuestas, que aún cuando se rechacen algunas de ellas, abren al debate y a la reflexión cuestiones que eran ignoradas por los análisis tradicionales

 Desde algún sector del feminismo se reclama como especificidad ontológica de la mujer la maternidad, valorándola como una experiencia que hace posible construir desde otro lugar, que no es la política, la relación con el otro, la construcción de la igualdad. La universalidad cultural del cuidado asignado a las mujeres, no nos permite sacar conclusiones de deber ser, solo nos permite afirmar un hecho: que las mujeres a lo largo de la historia y con independencia de la cultura de referencia han sido heterodesignadas como sujetos naturalmente inclinados a la reproducción de la especie y a su cuidado. Esta socialización ha marcado, sin duda, el desarrollo de la personalidad de las mujeres, pero la maternidad como no podía ser de otro modo, dado su carácter económico y político, está fuertemente marcada por el poder. No es la maternidad, ni las relaciones entre mujeres, un espacio incontaminado, ni un marco ideal del que extraer propuestas de deber ser. Y aún en el supuesto, de que este espacio pudiese ser un espacio de libertad, no ocupado por el poder de dominio, sólo haría visible una parte de la realidad, unas ciertas necesidades básicas de los seres humanos. No es  la maternidad[38] la instancia desde la que reconstruir la falta de autoridad política y social de las mujeres, porque no es desde lo privado (aunque lo privado tenga importantes implicaciones políticas) desde donde hay que recomponer la subjetividad y la ciudadanía de las mujeres, sino desde la Política, y más concretamente, desde el Derecho y  el Estado. Reconocer a las mujeres como parte de la sociedad civil y como sujetos con autoridad exige que estén presentes y reconocidas como sujetos iguales, como actores de la Política. Esta posición, vuelvo a repetir, sólo la establece la democracia paritaria.

 Cuando las mujeres son heterodesignadas como sujetos para la reproducción y el cuidado, se fundamenta esta heterodesignación en lo natural, pero lo natural no existe sino mediado y definido por la cultura. Lo natural  representa todo aquello que la cultura no desea, bajo ningún concepto, transformar, por esto lo sustrae del debate social y del control racional de la Ley. Ubicar la subjetividad de las mujeres en la materialidad de la maternidad y el cuidado, y pretender desde ese contexto o experiencia transformar la realidad social es un imposible lógico. Lo que “es” nunca fundamenta el “deber ser”, puesto que no existe paso lógico del ser al deber ser. El deber ser político y social es fruto del debate y del consenso entre individuos y grupos que se reconocen como iguales en capacidad y en autoridad para decidir. La dificultad está en cómo lograr esta presencia cuando desde los inicios de la representación política, desde la construcción del Estado moderno, la feminidad y la masculinidad han sido los arquetipos que han permitido excluir a las mujeres de lo público y a los hombres de la responsabilidad del cuidado y de la reproducción de la especie.

¿Es posible utilizar las viejas mediaciones y conceptos políticos pero despojándolos de la opresión del género? ¿Vistos los cambios institucionales en curso, qué contenido debemos asignar hoy a la igualdad? ¿Es la igualdad de oportunidades el instrumento que hará posible la emancipación de las mujeres y de otros grupos sociales oprimidos? ¿Qué valor tiene en la actualidad proponer, como aquí se hace, un nuevo pacto social, a nivel nacional o europeo, cuando lo que se está exigiendo, desde ciertos sectores de la izquierda, es la ciudadanía cosmopolita[39]? ¿En qué contextos debemos centrar nuestros esfuerzos de lucha política? ¿Existen prioridades? Son muchas las preguntas a las que hoy debemos responder, aunque las respuestas sean difíciles de construir.

 

4. LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 

Toda la argumentación expuesta hasta el momento ha estado centrada en la reivindicación de un nuevo pacto social entre mujeres y hombres y en el análisis de los elementos imprescindibles para su desarrollo. Pero en este momento de la exposición me interesa recordar un dato, que ha estado en todo momento presente en la argumentación, aunque de modo implícito: el diferente contenido que uno y otro grupo social reconocen al principio de igualdad jurídica y política.  La evolución histórica de la ciudadanía ha discurrido en paralelo al desarrollo del principio de igualdad. Ahora bien, aunque una parte muy importante de la evolución del principio de igualdad es consecuencia de las presiones y luchas  de los grupos sociales excluidos del poder, también han estado presentes en este proceso de cambio los intereses de quienes detentan el poder, lo que explica los avances y retrocesos sociales que los derechos de las mujeres han experimentado en la historia.

Una vez expuestos los intereses complejos que conviven en el seno del principio de igualdad, cabe destacar cómo las políticas neoliberales han arrebatado a los sectores sociales progresistas todas las señas de identidad, desde las que era posible re-significar el contenido del principio igualitario: el feminismo, la ecología y la igualdad de oportunidades. No es inocente la izquierda de esta utilización. Si, en el pasado, la igualdad formal fue el instrumento ideológico que sirvió para  ocultar la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, en la actualidad, esta función la realiza el  principio de igualdad de oportunidades a través de las políticas de igualdad o las leyes para la igualdad de mujeres y hombres. Las políticas públicas desarrolladas por la Unión Europea y por España nos permiten afirmar que el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades tiene como objetivo esencial la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y, en última instancia, la armonización entre la vida familiar y la vida laboral, para que las mujeres no abandonen el mercado con la maternidad, y hagan compatible su trabajo dentro y fuera del hogar. No tienen estas políticas públicas como finalidad superar las servidumbres y límites impuestos a las mujeres en el mercado, ni someter a crítica el reparto desigual e injusto de roles sociales, sino la optimización de los recursos humanos disponibles para incrementar los niveles de competitividad económica. La Comisión Europea aprobó en Bruselas, el 20 de febrero de 2004, un informe en el que señala que las desigualdades en el tratamiento laboral de hombres y mujeres en los Estados miembros, está provocando problemas en la mejora de la competitividad de la economía europea. Los datos recogidos en el “Informe 2004 sobre la igualdad entre hombres y mujeres” destacan que España se encuentra, junto con Grecia, Portugal e Italia, entre los países con una menor proporción de trabajadores a tiempo parcial (18 por ciento para las mujeres y 2 por ciento en los hombres, frente a la media europea del 34 por ciento para las primeras y el 7 para los segundos), Y recuerda que las mujeres que disponen de contratos parciales pueden compatibilizar el trabajo con la vida familiar, siendo el Reino Unido con un 40 por ciento y en Holanda el 70 por ciento de contratos a tiempo parcial para las mujeres los países que mejor se están adecuando a las exigencias de la Unión. Denuncian también en el informe las diferencias salariales entre hombres y mujeres y la mayor tasa de paro femenino que todos los Estados mantienen[40]. Estas diferencias preocupan a los organismos europeos porque aumentan el riesgo de pobreza en las mujeres y pueden generar desaliento a la hora de permanecer en el mercado de trabajo, lo que privaría  a las empresas del capital humano que las mujeres representan. Igualmente les preocupa la vida familiar, propugnando como deseable un reparto equilibrado de las obligaciones familiares, aunque la centralidad es el empleo[41]. No se dice nada de cómo llevar a cabo este reparto de tiempos y responsabilidades de mujeres y hombres, pero si ponemos en relación este dato con el de las bondades asignadas al trabajo a tiempo parcial para las mujeres, podemos concluir que no se está hablando de un reparto equitativo de responsabilidades entre ambos sexos[42], sino de un mínimo ajuste para hacer compatible la doble jornada de trabajo de las mujeres. Se denuncian las desigualdades en el mercado laboral, a pesar de los logros alcanzados en el ámbito educativo, y la pervivencia de esquemas estereotipados en las empresas. Los estereotipos, por sexo, hacen que entre las personas diplomadas en ingeniería o construcción sean sólo un 21 por ciento de mujeres, una cifra que se reduce en el nivel de doctorado[43]. En el área de toma de decisiones, las mujeres siguen también sensiblemente detrás de los hombres, ocupando sólo un 25 por ciento de los escaños parlamentarios en la UE. Las conclusiones de este informe invitan al Consejo Europeo a reclamar a los Estados miembros que doblen los esfuerzos para promover la igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las áreas de la sociedad, dado que antes de marzo de 2005, los Estados deben adoptar la propuesta de directiva fundada en el artículo 13, que prohibirá, por primera vez, toda discriminación fundada en el sexo fuera del mercado laboral, especialmente en el acceso y suministro de bienes y servicios. Para conseguirlo Bruselas pide a los Estados que reduzcan las diferencias de remuneración en cooperación con los agentes sociales, que apoyen una representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los temas estratégicos, que elaboren estadísticas que permitan una correcta información sobre la realidad y su evolución, así como indicadores relativos al impacto de género, que logren una evaluación correcta del nivel de eficacia de las políticas públicas en curso.

En resumen, las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres están impidiendo que los objetivos establecidos en Lisboa respecto al incremento de la productividad y la competitividad de la economía europea se cumplan. La necesidad de explotar plenamente el potencial de productividad de la mano de obra europea constituye una de las condiciones esenciales para la realización de los objetivos estratégicos globales de Lisboa. Los objetivos establecidos en Lisboa tienen una meta clara: hacer de la economía europea, para el 2010, la más competitiva y dinámica del panorama mundial. Alcanzar esta meta exige un incremento de la mano de obra femenina hasta el  60 por ciento. Visto el contenido del informe, podemos sostener que el interés político de incorporar a las mujeres al mercado de trabajo, a la educación y a la participación no es la construcción de una sociedad más igualitaria y justa, sino la adecuación de los mercados nacionales a las exigencias de la globalización económica. La optimización de los recursos humanos disponibles, en la línea del pleno empleo, trata, además de lo establecido en el informe citado, de paliar el empobrecimiento que, como resultado de la destrucción del Estado social, se producirá en los hogares ante la privatización de los servicios y la reducción de las rentas indirectas que los servicios públicos generaban. Si toda la población activa[44] se incorpora al trabajo y se retrasan las jubilaciones, los trabajadores varones no necesitarán subidas salariales para mantener el nivel de vida de sus familias, y se evitará que las familias se desplacen peligrosamente hacia el umbral de la pobreza. Con esta estrategia de intervención política se pretenden compensar los graves ajustes que los cambios en los modos y formas de producir generarán en las personas y en  los hogares. Si los servicios públicos quedan limitados a la cobertura de situaciones extremas, si aumenta el empleo precario e inestable, ha  de funcionar una alternativa que frene el deslizamiento hacia la marginalidad, esa alternativa es la solidaridad familiar. Una solidaridad que necesita del trabajo y la colaboración de todos y cada uno de los miembros de la familia. A estos datos hay que sumar las responsabilidades que los hogares asumen en la inversión de los hijos para adecuar su educación y formación a las nuevas necesidades tecnológicas y la solidaridad con los mayores a nivel económico[45] y de cuidado, formación permanente para los progenitores para poder  mantenerse en el empleo, inversión en fondos de pensiones para garantizar la vejez, seguros privados para la cobertura sanitaria, educación universitaria no gratuita, etc. ¿Cómo hacer frente a todas estas responsabilidades y riesgos sin aumentar los costes salariales? Llegados a este punto, entiendo que las actuales políticas igualitarias proponen, como avance, el modelo de madre-esposa-trabajadora-hija[46]. Un modelo que lejos de reducir la explotación y la desigualdad social de las mujeres, la incrementa. Del mismo modo que el reconocimiento de iguales derechos para hombres y mujeres no supuso para las mujeres su reconocimiento como sujetos y ciudadanos plenos, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, sin revisar la división sexual del trabajo, sin re-significar la representación política, no supondrá su equiparación. Sólo restituyendo a las mujeres en la plena ciudadanía[47] a través de la democracia paritaria y transformando el concepto de representación política, así como revisando la división sexual del trabajo se logrará un cambio radical en el reparto de roles sociales por razón del sexo. Si estos cambios estructurales no se producen, las políticas actuales en materia de igualdad serán el instrumento que cree el espejismo de un avance. Esto es, se integrará a las mujeres como trabajadoras de segunda, al exigir hoy las carreras profesionales flexibilidad, disponibilidad y formación continua, condiciones todas ellas que se oponen frontalmente a las necesidades, los tiempos y los ritmos que imponen las funciones de cuidado y subsistencia[48].

Si nuestra sociedad no logra trasladar al debate político las funciones de cuidado, si no afronta con valentía, un nuevo contrato social sin exclusión de sujetos y contextos, las instancias actuales de socialización continuarán conformando dos naturalezas humanas, lo que unido a los  desarrollos parciales  del principio de igualdad, producirán una sociedad más injusta, más empobrecida y más violenta. Si en el pasado a las mujeres se les reconocían los mismos derechos civiles y políticos, pero se las socializaba para su no ejercicio. Ahora se las educa e incorpora al mercado de trabajo, en aparente igualdad de condiciones[49] y de oportunidades, mostrándose las instituciones inocentes de lo que más tarde ocurre durante el proceso de promoción, donde funciona el poder y el privilegio. Una verdadera política igualitaria debe promover la igualdad, compensar la discriminación histórica padecida, y erradicar la discriminación institucional para poner fin a la asimetría en las relaciones de poder. Si la discriminación institucional no se afronta, y sólo de habla de discriminación directa o indirecta, la presencia mayoritaria de hombres en las funciones de dirección y liderazgo se justificará como resultado del mayor esfuerzo, excelencia o coraje masculino, y la mayor presencia de mujeres en las responsabilidades de cuidado como resultado de la  libertad individual y del interés de las mujeres por la familia. Con nuevos y viejos argumentos retornará “la naturaleza de las cosas”,  para explicar la asimetría social y política entre mujeres y hombres. Y una vez más, el liberalismo, con su modelo de sociedad como suma de individuos libres e iguales, aportará justificación a las desigualdades e injusticias sociales que padecen las mujeres. Pero no son las instituciones inocentes de las decisiones que toman los individuos[50]. La socialización diferenciada y la igualdad formal construyen el espejismo de la libertad individual. Ignorar todo lo que acontece en los procesos de formación, selección o promoción para el empleo, o explicar los resultados en el acceso al poder como una cuestión de excelencia o constancia, es el modo actual de justificar las desigualdades y privilegios en las estructuras de poder. No son los individuos jugadores que deciden y actúan conforme a reglas y contextos neutros. Las reglas sociales, los procedimientos y los méritos con los que los sujetos son evaluados en todos los ámbitos de la vida, están marcados por el poder, un poder de género.

El capitalismo actual exige y demanda la presencia de las mujeres en el mercado y en la política. Pero si esta participación se hace sin afrontar la subordinación social de las mujeres los cambios se harán a su costa, una vez más. Si se pierde la oportunidad que brindan los cambios institucionales en curso, para eliminar la subordinación y sólo se realizan ajustes formales y económicos, los niveles de explotación, de marginalidad y de exclusión del poder y de la cultura aumentarán para las mujeres. Si nos dejamos cegar por el velo de la igualdad que crean las actuales políticas de igualdad de oportunidades, estaremos permitiendo que con nuestra “participación equilibrada” se incremente la opresión contra las mujeres. Si la economía demanda de los hogares mayores funciones y sacrificios, si se exige de todos la máxima participación en la producción y en la reproducción, es el momento para re-establecer las conexiones que en el pasado se rompieron entre la política y la vida, lo privado y lo público, los derechos y las necesidades básicas de los seres humanos.

El pacto que tratamos de defender, a lo largo de este trabajo, exige incluir en la Política todo lo que quedó fuera: la naturaleza y las mujeres. Un pacto en el que hombres y mujeres, en condiciones de igualdad real, asuman un reparto equitativo y  reciproco de todos los tiempos, todas las responsabilidades y todos los trabajos, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. Un nuevo pacto social y político en el que todos los sujetos estén presenten con voz y con autoridad para decidir sobre todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, no son esas las intenciones de las actuales políticas públicas, pero aún no siendo esos los objetivos, debemos hacer que lo sean. Si aceptamos las mujeres, con nuestra participación no paritaria, legitimar las decisiones adoptadas contra las propias mujeres, estaremos colaborando en la producción de fuertes retrocesos en materia de igualdad y frenando o irracionalizando la lucha política y social del feminismo.  Frente al ajuste económico en contra de las mujeres y de sus derechos, defendemos la democracia paritaria como eje de la nueva Política. Quienes se oponen a la paridad y a las acciones positivas en el empleo, por entender que se vulneran derechos individuales esenciales, que en modo alguno pueden, o deben, ser sacrificados, deben explicar el azar o la libertad que conduce siempre a las mujeres a asumir los peores trabajos, los menos remunerados o a desechar los espacios de dirección, gestión y liderazgo, con argumentos más convincentes que la simple naturaleza de las cosas. Deben de explicar la razón de la violencia contra las mujeres en sociedad, las razones por las que se excluye a las mujeres del mundo del conocimiento y de la cultura, a pesar de poseer iguales curricula, o superiores, a los de los varones.  En mi opinión, tres son hoy las luchas sociales y políticas ineludibles para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres: llevar a cabo un profundo debate político sobre aquellas instituciones que socializan a los individuos para despojarlas de los estereotipos de masculinidad y feminidad aún presentes, me estoy refiriendo muy especialmente a la familia (modelos de matrimonio[51]), a la escuela y a los medios de información y publicidad;  profundizar en el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades, para llevar a cabo una correcta distribución de bienes materiales o inmateriales, al tiempo que intervenir  sobre los méritos, las reglas y los procedimientos que determinan la selección de las personas para las funciones de dirección y liderazgo y, finalmente, desarrollar la democracia paritaria, en los términos ya expuestos, para crear un concepto de representación política que permita una representación  representativa de quienes conforman la sociedad civil: las mujeres y los hombres.

 Otorgarle credibilidad a quienes sostienen que ya están en curso importantes cambios sociales y políticos, que las transformaciones sociales son lentas y hay que esperar a mejores coyunturas económicas o políticas, es olvidar lo que la historia nos ha enseñando a las mujeres. Siempre se nos ha concedido y otorgado políticamente aquello que, en ese momento, carecía de valor. Se nos reconoció el  alma cuando lo importante era la racionalidad, se nos reconoció la racionalidad, pero desprovista de trascendencia lo que marcó la subjetividad y la ciudadanía de las mujeres. No debemos dejarnos deslumbrar por los logros alcanzados y recordar a María Lejárraga cuando escribía: las mujeres siempre pierden con apariencia de triunfo. Pues bien, desde la luz que nos aporta la memoria, hay que analizar las luces y las sombras de la realidad actual, y avanzar conscientes de que: “Se han creado muchas mistificaciones peligrosas haciendo uso de frases como “la locura de oponerse a la naturaleza”, “la sabiduría de seguir sus dictados”. La sabiduría de la naturaleza puede traducirse, generalmente, como la sabiduría de adoptar la opinión de la persona que usa tales frases(...)Por tanto, parece que las mujeres pueden confiar en que ningún sistema moral igualitario, ningún sistema legal igualitario pueda otorgarles las mismas oportunidades de felicidad que a los hombres, en proporción a sus capacidades y a sus facultades, ya sean naturales o adquiridas, si no vienen acompañadas y respaldadas por los mismos derechos políticos” (Anna Wheler y William Thompson,  La demanda de la mitad de la raza humana,  las mujeres, 1925). Si la democracia es tanto un elemento como la condición de la justicia social, si la justicia se define como la eliminación de las estructuras de dominación, entonces la justicia demanda reciprocidad y paridad entre mujeres y hombres. Sólo la participación activa y paritaria proporciona a las personas una verdadera relación con las instituciones sociales y les permite comprobar que el orden social no es un orden natural, sino un proyecto de vida que está sujeto a su intervención y decisión. Los nuevos retos a los que nos enfrenta la realidad actual exigen que se desarrollen nuevos espacios políticos donde la participación sin exclusión de mujeres y hombres sea una realidad. Únicamente de este modo podremos alcanzar, o promover, consensos políticos justos[52] que reduzcan la violencia y promuevan la democracia.

 

Publicado originalmente por Ana María Rubio Castro y Joaquín Herrera Flores (coord.) Lo público y lo privado en el contexto de la globalización. Sevilla, Junta de Andalucía, 2006, pags. 23-66.

 

 



[1] Esto explica el contenido del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, en el que se afirma que no tienen constitución los Estados que no garantizan los derechos reconocidos en la misma.

[2] “La idea del Estado neutral que está por encima de los intereses particulares y los conflictos de la sociedad civil es, sin embargo, un mito. Las críticas marxistas al Estado liberal se aplican también a esta imagen del Estado como árbitro en la competencia entre grupos de interés. Si hay diferencias significativas de poder y acceso a los recursos, entre las distintas clases, grupos o intereses, los procedimientos de toma de decisión imparciales, en el sentido de permitir igualdad de oportunidades formales a todas las personas para presionar por sus intereses, normalmente producirán resultados que favorezcan los intereses de las más poderosas. Más aún, la imparcialidad es para quienes toman decisiones burocráticas exactamente tan imposible como lo es para otros agentes morales. Es sencillamente imposible para personas de carne y hueso, estén o no en el gobierno, adoptar el punto de vista de la razón trascendental cuando toman decisiones, separando su propia persona de las afiliaciones y compromisos que constituyen su identidad y le dan una perspectiva respecto de la vida social”. YOUNG, I.M., La justicia y la política de la diferencia, Editorial Cátedra, Madrid, 2000, pp. 193-194.

[3] Adorno desvela los límites del método, la relevancia del sujeto que conoce y de su posición social. “La coseidad del método, su tendencia inmanente a asegurar hechos, es transferida a su objeto, los hechos establecidos precisamente de forma subjetiva, como si éstos fueran cosas en sí y no más bien cosificaciones. El método amenaza tanto con fetichizar lo estudiado como con degenerar él mismo en fetiche”. Con esta argumentación Adorno pone de relieve que en el conocimiento de la realidad utilizamos “un método cuya propia formulación decide qué es lo que hay que investigar”, produciendo un círculo vicioso. Así, en nombre de una hipotética cientificidad y rigor se rechazan análisis, perspectivas o conceptos estimándolos no suficientemente claros y precisos. Una de las grandes aportaciones de Adorno fue destacar que es imposible conocer las sociedades eliminando la tensión entre lo universal y lo particular, porque lo que confiere unidad a este mundo es precisamente la contradicción. “Este carácter de contradicción es la razón por la que el objeto de la sociología, la sociedad y sus fenómenos, no posee el tipo de homogeneidad con la que pudo contar la denominada ciencia natural clásica”[3]. Esta tensión dialéctica entre el sujeto y el objeto saca a la luz la importancia de la no intervención de las mujeres en la configuración del proceso constituyente. ADORNO, T., Epistemología y Ciencias sociales, Frónesis, Universitat de Valencia, Madrid, 2001, pp. 23 y 28.

[4] HORKHEIMER, M., Teoría tradicional y teoría critica, Pensamiento contemporáneo, Páidos, Barcelona, 2000, pp. 92-93.

[5] LOCKE, J., Ensayo sobre el entendimiento humano, Editorial Nacional, Madrid, 1980, Vol. II, Cáp. 17, parágrafo 1 y 3.  pp. 993 y 995.

[6] El desarrollo del principio de igualdad en el ámbito europeo se ha centrado en la igualdad de trato entre mujeres y hombres, sobre todo en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales. La directiva 2002/73/CE del parlamento Europeo y del consejo de 23 de septiembre de 2002, que ha servido de modelo al proyecto de ley de igualdad presentado en el mes de febrero, de 2006, por el gobierno a los sindicatos y organizaciones empresariales.

[7] Utilizo el concepto de grupo social en la línea teorizada por Iris Marion Young, así como el concepto de opresión. Generalmente la filosofía política no ha conceptual izado el concepto de grupo social, o cuando lo ha hecho lo ha identificado con un modelo de asociación o con un conjunto. “Un conjunto es una clasificación cualquiera de personas de acuerdo con algún atributo”. Quienes consideran al grupo social como un conjunto, alegan el carácter arbitrario de dichas agregaciones para negarles valor social o político. Pero el grupo social no se define por una serie de atributos, sino “por un sentido de identidad”. Los grupos sociales no “son entes, que existen independientemente de los individuos, pero tampoco son simples clasificaciones arbitrarias de individuos, de acuerdo con atributos externos o accidentales respecto de su identidad”. “Los significados de grupo constituyen parcialmente la identidad de la gente en términos de forma cultural, la situación social y la historia que los miembros del grupo conocen como suya, sea porque estos significados les han sido impuestos o porque han sido forjados por ellas, o por ambas cosas. Los grupos son reales no como sustancial, sino como formas de relaciones sociales”.  Tampoco son asociaciones, porque las asociaciones son instituciones formalmente organizadas. Este modelo asociativo concibe al individuo previamente a la asociación, pero el grupo es distinto, porque el grupo social conforma a los individuos. Esto no significa negar la posibilidad de trascender la identidad grupal, o ignorar que las personas tengan muchos aspectos independientes de estas identidades grupales, sólo sostener que el particular sentido de la historia, las afinidades y diferencias y hasta el modo de razonar y valorar o expresar los sentimientos están constituidos, en parte, por sus afinidades de grupo. YOUNG, I.M., La justicia y la política de la diferencia, Editorial Cátedra, Madrid, 2000, pp. 77-78, 79-80.

[8] Véase PULEO, A., Concorcet, De Gouges, De Lambert y otros. La ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII, Anthopos y Comunidad de Madrid, Madrid, 1993.

[9] PATEMAN, C., The Sexual Contract, Polity Press, Cambridge, 1988 (trad. Cast. El contrato sexual, Anthopos, Barcelona, 1995).

[10] 1793 es el momento en el que Francia constituye la primera República francesa y con ella nace el primer Estado moderno en Europa.

[11] La fuerza de este deseo se ha podido constatar después de los acontecimientos del 11 de septiembre en EE.UU.

[12] Esto explica que los médicos filósofos del siglo XIX dijeran que las mujeres tenían su útero conectado con el cerebro,  y que si pensaban  o realizaban funciones intelectuales se volvían estériles. Es así como el sexo se convierte en el lugar y la causa de la diferencia. Russel, en 1775, inicia su libro con la siguiente afirmación: “La esencia del sexo no se limita a un solo órgano sino que se extiende con matices más o menos sensibles a todas las partes; de manera que la mujer no es mujer en un solo lugar sino en todas las facetas en que se la pueda considerar. Se propugna la extensión o influencia del sexo sobre el conjunto del cuerpo femenino, algo que no sucede con los varones. Se toma al sexo, órgano sexual, como determinante porque es esencial en la función de reproducción de los seres humanos. Si el sexo es esencial para determinar lo que la mujer es, la reproducción es su función, su destino natural. Es preciso recordar, incluso a estas alturas de la historia, la insistencia del siglo XIX en evocar e invocar la maternidad a propósito de las mujeres, así como los elementos sobre los que instauró este discurso obsesivo. “Reproducir consiste en reproducirse, o sea, en reproducir a la especie a través de sí. Entonces, se distinguirá menos una mujer de otra que un hombre de otro. Se encuentran menos diferencias entre dos mujeres que entre dos hombres, pues ellas se mantienen más cerca de su naturaleza, nosotros de la nuestra”. Con estos argumentos la pseudo-ciencia sitúa a las mujeres del lado de la especie y de la no diferenciación individual, mientras que los hombres, menos prisioneros de la reproducción, se vuelcan del dado de la civilización y de la individuación. Pero hay algo más que interesa destacar en este discurso, se afirma que: la civilización lejos de superar la distinción entre las mujeres y los hombres la perpetúa y la refuerza, al empujar a los hombres hacia la cultura y a las mujeres hacia la naturaleza. La única posibilidad que le queda a la mujer para introducirse en la civilización es el matrimonio, pues a través de él racionaliza la natural función reproductora. Para un estudio más exhaustivo sobre estos debates y construcciones véase: FRAISSE, G., Musa de la razón, Cátedra, 1991, pp. 91-93,  94-95

[13] “La construcción del derecho de los hombres blancos a ser ciudadanos cabezas de familia creó simultáneamente una “dependencia” única de las mujeres respecto de sus maridos. Así la ciudadanía civil contribuyó a crear la norma del salario familiar y cercenó los anteriores derechos sobre los recursos sociales basados en el parentesco. En la sociedad civil, la esfera masculina, las relaciones parecían estar organizadas a través del contrato; los recursos se intercambiaban por sus equivalentes exactos en transacciones discretas, monetarizadas, entre individuos egoístas independientes. En la esfera doméstica de la familia íntima, por el contrario, los recursos más abundantes parecían ser los sentimientos, que quedaban totalmente fuera del circuito del intercambio”.Esta distinción de esferas ideológica, no real, puesto que las mujeres siempre han trabajado dentro y fuera de los hogares servía para fundamentar la exclusión de la mujeres de la ciudadanía y del trabajo remunerado. FRASER, N., GORDON, L., “Contrato versus caridad: consideración de la relación entre ciudadanía civil y ciudadanía social”, Isegoría, núm. 6, noviembre, 1992, pp.74-75.

[14] Esta ubicación ha sido fuertemente criticada por Ferrajoli, quien en el texto citado a continuación, establece la diferencia de estructura entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales. FERRAJOLI, L., “ Los derechos fundamentales en la teoría del Derecho”, Los derechos fundamentales de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001, pp.153-167

[15] Esto explica que importantes teóricos de la justicia como Habermas o Rawls no se ocupen del orden conyugal, ni del orden de la vida, por entender que son espacios que deben quedar a la libre disposición de la autonomía individual. Véanse al respecto las críticas y aportaciones teóricas  realizadas, entre otras, por Nancy Fraser .

[16] Prueba de ello son los debates políticos existentes sobre las reformas propuestas por el PSOE para introducir un cambio en el modelo de sexualidad impuesto por el contrato de matrimonio. La tensión política que produce este cambio sólo se explica si el modelo de sexualidad matrimonial está cumpliendo una función social que va más allá del modelo normativo de familia.

[17] Un contenido que todavía está presente en el modelo de ciudadanía y que discrimina a las mujeres al no ser reconocido como trabajo el trabajo doméstico. Para comprender la incidencia que este modelo de trabajador y no de persona que trabaja tiene en la construcción de la ciudadanía europea véase: BARRERÉ, Mª, A., “Ciudadanía europea e igualdad de género”, Revista vasca de Administración pública, núm. 66, mayo-agosto,  2003, pp.55-56

[18] No ha sido fácil integrar la ciudadanía social en la ciudadanía política. Las normas contractuales y la relevancia del intercambio, principios sobre los que se asienta la ciudadanía civil, constituyen aún un obstáculo para el desarrollo de los derechos sociales.  Para salvar esta contradicción Lawrence Mead, en su obra Más allá del Derecho: las obligaciones sociales de la ciudadanía, en 1986, defiende que la ciudadanía es un estatus que tiene dos caras; no sólo confiere derechos, también implica responsabilidades. A pesar de estos argumentos, persiste el temor de que los beneficiarios de los derechos sociales estén recibiendo algo por nada. . 

[19] Entendemos la paridad como parte esencial del principio de igualdad política. Se viola el principio de igualdad política en democracia cuando las mujeres no son nombradas y llamadas para formar parte del conjunto de la ciudadanía. No es la paridad un simple principio técnico de ajuste, sino un principio constitutivo de la democracia.

[20] El proceso constituyente europeo,  abierto en estos momentos, puede ser el momento político desde el que relanzar la ciudadanía y re-significar la democracia. Frente a quienes exaltan la des-democratización del poder político y los déficit democráticos de la Unión Europea como consecuencia de la influencia que los lobbies y grupos económicos en la Comisión Europea, la delegación del poder legislativo a entidades privadas que suelen estar fuertemente influidas por las empresas y los grupos de interés lo que hace difícil dar cabida y legitimación a un estado democrático de derecho, están quienes entienden que el Tratado de Ámsterdam, los acuerdos internacionales y los acuerdos políticos de ámbito supranacional dibujan horizontes para defender y preconizar en Europa la democracia paritaria. No pueden las mujeres perder la oportunidad política de ser reconocidas como sujetos y ciudadanos iguales, en un momento en el que se debate y se afronta un nuevo sistema electoral para la elección de los parlamentarios europeos estableciendo un procedimiento común o basado en principios comunes. Teresa Freixes defiende y desarrolla, en el texto citado a continuación,  el soporte jurídico comunitario a las políticas de paridad. FREIXES, T. “Fundamentos De la democracia paritaria: el Tratado de Ámsterdam y los acuerdos internacionales”, La democracia paritaria en la construcción europea, Directora del Proyecto Paloma Saavedra Ruiz, coordinadora técnica Carmen Castro García, CELEM, 2000, pp.86-97.  Por el contrario, la Corporate European Observatory (CEO)  bajo el Titulo “Europa  S.A”, desarrolla, en el 2002, una serie de estudios en los que se analizan la influencia de los poderes económicos en la Unión Europea. En estos trabajos se sostiene que las empresas trasnacionales influyen de manera sistemática en los procesos de toma de decisiones de la UE, especialmente, aunque no sólo, a través de la Comisión. Dicho en otras palabras, se sostiene que los objetivos sociales y los principios democráticos están supeditados a los intereses de las empresas y a las políticas neo-coloniales que parecen inspirar la ampliación de la UE.

[21] Este cambio no sólo mejoraría el estatus social y político de las mujeres, también mejoraría la integración entre la ciudadanía social y la civil.

[22] La democracia paritaria es un término de reciente cuño. Su utilización y difusión política tuvo tugar en la Conferencia de Atenas, de 1992, donde se proclamó la total integración, en pie de igualdad de las mujeres en las sociedades democráticas, a partir de una paridad real en los órganos de decisión política y económica entre hombre y mujeres. Se puede decir que la paridad es la consecuencia lógica y la única garantía de la efectividad de los derechos de representación y participación de las mujeres, además de una necesidad contemporánea de la credibilidad y racionalización del sistema democrático. En resumen un nuevo contrato social verdaderamente equitativo. La Unión Interparlamentaria en 1993 declaró: “El concepto de democracia solamente asumirá un significado verdadero y dinámico, cuanto tanto las medidas políticas como la legislación nacional sean responsabilidad conjunta de hombres y mujeres y proyecten una mirada equitativa sobre los intereses y aptitudes de ambas mitades de la población”. Para un análisis más detallado de este concepto véase: CELEM, La democracia paritaria en la construcción europea”, Madrid, 2000; AMORÓS, C., “Interpretaciones a la democracia paritaria”, en VV.AA., Democracia paritaria, Gijón, Tertulia feminista Les Comadres, 1999; COBO, R., “feminismo y democracia paritaria”, El viejo Topo, núm. 158, noviembre, 2001. pp.63-67.

[23] “La teoría de la justicia post-westfaliana comprende tres dimensiones fundamentales: la económica, la cultural y la política. Como resultado de ello, hace visible y criticable, el solapamiento mutuo de la mala distribución, la falta de reconocimiento y la falta de representación. Además, la explicación que ofrece esta teoría a la injusticia política abarca tres niveles. Al tratar no sólo la falta de representación política ordinaria, sino también el marco deficiente y la falta de representación meta-política, nos permite entender el problema del marco como un problema de justicia....la teoría de la justicia democrática post-westfaliana nos anima a plantear, y confiemos a responder, la cuestión política clave de nuestro tiempo: ¿cómo podemos integrar las luchas contra la mala distribución, la falta de reconocimiento y la falta de representación en un modelo post-welfaliano?”. Con estas palabras Nancy Fraser pone de relieve como  debate sobre la justicia está impregnado de cuestiones sustantivas relacionadas con la distribución, el reconocimiento y el marco de actuación. Sólo una teoría tridimensional  que revise los criterios de  distribución,  que construya una adecuada representación donde todas y todos estén reconocidos y un marco político correcto harán posible la construcción de una propuesta de justicia adecuada al capitalismo existente. FRASER, N., “Redefiniendo el concepto de justicia en un mundo globalizado”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, IVR, Granada, España, mayo 2005, pp.83-84

[24] Sabemos por experiencia que cuando la economía necesita ajustar las instituciones jurídicas y políticas a sus necesidades e intereses se adentra en la vida política para controlarla, pero también sabemos que estos hechos producen déficit de legitimidad democrática que han de afrontarse, para garantizar la disciplina interna en las sociedades actuales. Nunca se han podido llevar a cabo reformas sociales importantes de espaldas a las mujeres, de ahí se necesitaran tantos discursos tramposos para impedir la toma de conciencia de la exclusión política a las que eran sometidas por sus supuestos aliados. Si los nuevos cambios no se pueden hacer sin la colaboración de las mujeres, sin su tiempo, trabajo y  disciplina, debemos exigir que se lleven a cabo con su presencia y participación. Es de todos conocido que el Estado social supuso un nuevo acuerdo entre capital y trabajo, un acuerdo que otorgó beneficios  a cada una de las partes implicadas en la negociación. Este pacto reconocía a todos los varones como sujetos con derechos y garantizaba los mínimos sociales y económicos para hacer del reconocimiento formal de derechos una realidad. Este pacto se ha quebrado. Pero un modelo de desarrollo económico sostenible hace inevitable cambios institucionales profundos, estos cambios deben utilizarse para reconocer a lo doméstico-familiar como un espacio económico y político de primer orden, no sólo como espacio de consumo de bienes, y a través de este reconocimiento hacer visibles a todos los sujetos y relaciones que en su seno existen, para que formen parte de la nueva negociación.

[25] A. Valcárcel analiza, en el texto citado a continuación, que las mujeres acceden al poder con el compromiso de asumir austeridad, castidad y obediencia. Esta situación es consecuencia de que el poder de cualquier mujer está coartado por la determinación genérica, sobre todo el sexo femenino que funciona encarnada por un sólo sujeto y con todo su enorme trasfondo normativo, sin casi restricción. Este hecho hace no sólo que el poder que reciben las mujeres sea inestable, también que esté sujeto a transacciones externas, por este motivo si el sistema de cuotas sólo garantiza la igualdad en el punto de partida, no es suficiente para remover los obstáculos que frenan la plena ciudadanía de las mujeres. Valcárcel. A., La política de las mujeres, Cátedra, Madrid, 1997, pp.119-131.

[26] Basta comprobar la facilidad con la que una mujer, en política, ve en cada instante peligrar su propia credibilidad e imagen. Algo que no ocurre con sus compañeros de partido, al contar con el respaldo de toda la institución. Aquí se ve muy bien lo que anteriormente hemos expuesto sobre la imparcialidad. El ideal de la imparcialidad y de la neutralidad legitima la autoridad burocrática de las organizaciones y enmascara las diferentes posiciones de poder que existen entre los grupos que la integran y la parcialidad de sus decisiones. “El ideal de la imparcialidad ayuda así a legitimar la organización jerárquica de la mayor parte de los trabajos, y la idea de asignación de los puestos conforme al mérito”.YOUNG, I.M., ob. cit., p. 195.

[27] VATTIMO, G.,  Las aventuras de la Diferencia. Pensar después de Nietsche y Heidegger, Editorial Península, Barcelona, 1986, p. 56.

[28] Freud desvela que el inconsciente configura un perfil del sujeto que escapa a su control consciente y racional. No controla el sujeto todos los elementos de su reflexión, por consiguiente queda devaluada su capacidad racional. Para Horkheimer,  el “sí mismo” es una voluntad varonil que domestica la razón para fortalecer su identidad. En otras palabras, el arquetipo de la masculinidad somete a control la propia racionalidad, dirá Bourdieu. Para un análisis interesante sobre la dominación masculina: BOURDIEU, P., La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, 2000.

[29] En este contexto debemos entender las actuales leyes por la igualdad que de forma tramposa y con un uso perverso del lenguaje hablan de igualdad de hombres y mujeres. Esta forma de presentar los necesarios cambios legislativos hacia la igualdad juega con la idea de que todos los sujetos están sometidos a desigualdad. Esta forma de presentar la desigualdad diluye lo que hoy se había hecho visible, que las mujeres están sometidas en las sociedades democráticas a una violencia específica de género, por el hecho de ser mujeres, que es preciso erradicar. Al margen de las buenas intenciones que puedan existir en la elaboración de una legislación de esta naturaleza, lo cierto es que dan cobertura ideológica a nuevas formas de opresión. En este sentido cabe destacar la Ley para la igualdad de Mujeres y Hombres, de Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer), 2005; Ley 1/2003, de 3 de marzo, de, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en castilla y León; Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Comunidad Autónoma Valenciana, para la igualdad entre Mujeres y hombres. Estas leyes se encuentran recogidas y comentadas en el Artículo 14. Una perspectiva de género. Boletín de información y análisis jurídico, núm. 13, septiembre de 2003. NOVALES, M. de A., “Las nuevas leyes autonómicas de igualdad de mujeres y hombres”, Aequalitas, revista jurídica de igualdad de oportunidades entre Mujeres y hombres, núm. 13, julio-diciembres, 2003, pp.63-74.

[30] MURILLO, S., “Postmodernidad o la crisis del sujeto ¿masculino?”, Mujeres y hombres en la formación de la teoría sociológica, Centro de investigaciones sociológicas, Madrid, 1996, pp. 277-278.

[31] Mª José Agra analiza en su artículo “Ciudadanía: el debate feminista” los diferentes modelos de ciudadanía que el feminismo debate en estos momentos: ciudadanas madres, ciudadanía diferenciada, ciudadanía amigables y ciudadanía y política transversal. Su propuesta, una vez presentados los caracteres de cada una de estas elaboraciones teóricas, es salirse de la opción igualdad o diferencia, una opción que valora como encrucijada engañosa, proponiendo una reconstruida ciudadanía, que supere los límites de la ciudadanía abstracta y formal y no caiga en el excesivo particularismo. Junto a esta exigencia, defiende  la necesidad de articular los niveles de dependencia/independencia/interdependencia tanto a nivel individual como político.  Para concluir, con la afirmación de es necesaria una ciudadanía democrática, activa y participativa para integrar la libertad, la igualdad y la paridad, lo que no supone construir una posición diferencialista dualista, sino la afirmación y el reconocimiento de que el grupo humano está representado por individuos e individuas que se reconocen en la ciudadanía.

[32] Releer la reflexión que Clara Campoamor lleva a cabo, en la obra citada a continuación, una vez concluidas las sesiones constituyentes que dieron como resultado, en la Constitución española, de 1931, el reconocimiento de la ciudadanía activa y pasiva a la mujer se hace especialmente relevante, en estos momentos, al poder comprobar tras su lectura  como los viejos argumentos del pasado hoy se repiten frente a la paridad. CAMPOAMOR, CL., El voto femenino y yo, Lasal, Ediciones de les dones, Barcelona, 1981, p. 151. En la actualidad, el Instituto Andaluz de la Mujer ha llevado a cabo una reedición de esta obra con motivo del setenta aniversario del logro del voto para las mujeres bajo el título Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, 2001.

[33] En el pasado, existía correspondencia entre un determinado sindicato y un determinado partido, hasta el punto de que el partido era la guía ideológica del sindicato. Por consiguiente no cabía enfrentamiento con respecto a los objetivos y prioridades políticas, un conflicto que sí se produce cuando se ejerce la doble militancia en el partido y en una organización feminista.

[34] El rechazo a la paridad por  los sindicatos mayoritarios al anteproyecto de ley sobre igualdad (2006), considerando suficiente la participación equilibrada, desvela una vez más cómo la participación política de las mujeres siempre se pretende, por parte de quienes ejercer el poder, una participación bajo control.

[35] La obra de Carla Lonzi, que tuvo en España una gran repercusión en el movimiento feminista, y es un claro ejemplo del rechazo hacia lo que se considera un discurso de colonización. Véanse los argumentos que C. Lonzi desarrolla en la obra que se cita a continuación, pero sirva como ejemplo la siguiente frase: “La igualdad entre los sexos es el ropaje con el que se disfraza hoy la inferioridad de la mujer”. LONZI, C., Escupamos sobre Hegel, Anagrama, Barcelona, 1981, pp. 16-17.

[36] Los errores y los riesgos de esta afirmación han sido expuestos por Celia Amorós, en el Viejo Topo. Para un análisis más completo de estos debates véase: AMORÓS, C., Tiempo de feminismo, Cátedra, Madrid, 1997, pp. 446-459.

[37] Estoy de acuerdo con Neus Campillo cuando afirma que existen feminismos, los cuales no son excluyentes entre sí, pues ofrecen distintas miradas y propuestas. La solución a los problemas sociales de las mujeres no está en la crítica al genérico exaltándose la identidad, ni en el  ensanchamiento del universalismo vigente, hace falta un nuevo concepto de ciudadanía que sea lo bastante complejo como para dar entrada a la igualdad y a la diferencia. Véase: CAMPILLO, N., Género, Ciudadanía y sujeto político, conferencia presentada en el Congreso Internacional sobre Género, Constitución y Estatutos de Autonomía, INAP, Madrid, 4-5 de abril 2005.

[38] Muchas feministas toman a la maternidad como experiencia de relación entre sujetos, en la que el otro   no aparece como un enemigo o competidor, sino como alguien con el que es posible establecer una relación de pleno reconocimiento y respeto. Aceptar esta afirmación es creer el ideal de la maternidad que el patriarcado ha construido, y con él una determinada imagen de las mujeres, como sujetos desprendidos, desinteresados y generosos. La  maternidad y la paternidad son dos modelos claros de dominio y poder. El psicoanálisis feminista ha desvelado claramente las trampas de esta materialidad que se pretende tomar como modelo regulativo. Cosa distinta es, que en el seno de la estructura familiar, la madre, el padre y las hijas e hijos desarrollen nuevas relaciones y prácticas igualitarias, en las que  madre y padre desarrollen su autoridad, sobre la base del respeto y la igualdad. Dicho esto, debe concluirse que para que tales prácticas familiares se desarrollen, no basta la mera voluntad de unas u otros, es necesario introducir importantes cambios en el institución del matrimonio, en el modelo regulativo de familia, en el Derecho civil para que el “buen padre de familia” no sea el único modelo de autoridad en el tráfico Véase: RUBIO, C., Feminismo y ciudadanía, Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 1997; RUBIO, A., Los desafíos de la familia matrimonial. Estudios multidisciplinar de Derecho de familia, Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 2000.

[39] El valor del estado-nación como instrumento adecuado en la defensa de los derechos y libertades de los individuos, ha sido desarrollado por mi en: “Nacionalidad y ciudadanía: una relación a debate”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 37,  2003. pp. 105-153.

[40] Aún en el 2006 se afirma que pese a ser mayoría las mujeres en las universidades, también lo son en las listas del paro. En el mes de febrero de 2006, en la ciudad de Granada, hay una tasa de paro femenina de 26.500 mujeres y masculina de 18.000. Entre las inscritas en el paro un 24% de mujeres poseen estudios de grado superior, frente a un 12% de hombres. El propio presidente de la Junta de Andalucía,  Manuel Chaves, afirma que uno de los principales problema del mercado de trabajo es la insuficiente incorporación de la mujer, así como la desigualdad en salarios y en condiciones laborales. Los datos desvelan que las empresas e instituciones contratantes prefieren darle el trabajo a los hombres.

[41] El informe subraya que debido al envejecimiento de la población los cuidados de las personas mayores constituyen un claro desafío para los Estados que debe asumirse con urgencia.

[42] Una de las últimas reformas en derecho de familia, las leyes 13 y 15/2005, de 1 de julio, ha abordado el tema de la co-responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado respecto a los descendientes, ascendientes y personas dependientes por parte de ambos cónyuges, mediante una nueva redacción del artículo 68 del Código civil. El futuro dirá si esta corresponsabilidad queda sólo en el papel, o lo que sería peor, sirva tan sólo para ampliar el ámbito de responsabilidad de las mujeres. 

[43] Si bien cabe señalar aquí que en todas las áreas de conocimiento las mujeres sufren discriminación por razón de sexo en las universidades y centros de investigación como han puesto de manifiesto los estudios recientemente publicados por la universidad de Barcelona y el País Vasco. La perdida de capital humano y la injusticia de esta discriminación es injustificable y sólo se explica desde la permanencia de prácticas y estructuras fuertemente patriarcales y sexistas. Dándose la paradoja de existir más mujeres en la universidad a nivel de alumnado que hombres, tener las mujeres mejores curricula, acceder en mayor número a la realización de tesis doctorales y proyectos de investigación, pero sin explicación alguna, esta tendencia natural se invierte siendo muchos más hombres los que alcanzar el grado de doctor.

[44] Esto explica que los nuevos planes europeos en materia de igualdad en el empleo estén dirigidos a las personas con discapacidad, los parados de larga duración, los inmigrantes, los jóvenes, con la intención de hacer posible su inserción laboral. Este nuevo mercado de trabajo produce una franja muy importante de trabajo precario, con baja remuneración, de temporada o muy inestable. Lo que significa,  desde el punto de vista sociológico, la destrucción de la clase media y el ensanchamiento de los pobres con trabajo. Esto es, sujetos que viven permanentemente en el temor de deslizarse hacia la marginalidad.

[45] Si las pensiones medias en España rondan los 400 euros, difícilmente pueden los mayores ser autosuficientes económicamente.

[46] El propio enunciado de la ley española que regula la vida familiar y laboral de hombres y mujeres anuncia una prelación en su título: “Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras”. La prioridad ya ha sido establecida, primero la familia y después el trabajo, pero no para todos por igual, porque aunque eufemísticamente se hable de permisos y ausencias de padres y madres para asumir el cuidado de la prole y de sus ascendientes, el legislador conoce bien la realidad social española y la falta de reparto en las responsabilidades familiares en plano de igualdad. Pero existe otro dato significativo de la falta de espíritu de cambio, la continua equiparación entre enfermedad común y maternidad, que se percibe en el texto, cuando se  establece el nivel de prestaciones de la trabajadora que ha dado a luz[46], o la pérdida de derechos que esta situación le ocasiona a la mujer trabajadora.

[47] Se afirma por la doctrina que el término ciudadanía se ha convertido en uno de los referentes más abarcadores y comprensivos de la reflexión filosófico-política y de la politología, para acercarse a algunos de estos debates véase: QUESADA, F.,  “Sobre la actualidad de la ciudadanía”, Naturaleza y sentido de la ciudadanía hoy, Estudios de la UNED, Madrid, 2002, pp.14-38.

[48] Aunque la última reforma en derecho de familia- ley 15/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil y la ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio- establece una nueva redacción del artículo 68 de Cc, que queda así: los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo, lo cierto es que la desigualdad de género en el reparto de estas tareas y responsabilidades es aún un dato relevante a  la hora de valorar los cambios en la estructura familiar y el avance en la lucha contra los estereotipos sexistas, tal y como demuestran los últimos datos del  consejo de investigaciones sociológicas, en el 2005.

[49] No podemos ignorar como las preferencias en la elección de estudios y de trabajo están condicionadas y determinadas por una socialización marcada por el género. El juguete es un claro ejemplo de este condicionamiento y formación de habilidades y capacidades.

[50] Desde la Federación de jóvenes investigadores se está denunciando la situación de discriminación que actualmente sufren la mayoría de las mujeres de este colectivo –personal investigador en formación y perfeccionamiento-, al no tener acceso a prestaciones sociales tan básicas como es el permiso de maternidad. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) dependiente del Ministerio de defensa ha convocado recientemente becas predoctorales, así como el Centro de Astrobiología, en cuyas bases la regulación de la maternidad conlleva serias desventajas para las candidatas que deseen tener hijos durante el disfrute de sus becas. Entre las desventajas que padecen cabe citar: la suspensión total de los ingresos de la beca durante el periodo de ausencia por causa del embarazo, suspensión de los seguros contratados tanto por accidente como por asistencia sanitaria, condicionamiento de la recuperación del periodo interrumpido a las disponibilidades presupuestarias y a la decisión del Director del Centro en el que la investigadora desarrolla su labor. Si pensamos en la escasa presencia de mujeres en los más importantes centros de investigación científica y en el hecho de que la mayor parte de los investigadores tiene una edad comprendida entre los 30 y 35 años, las dificultades descritas con anterioridad, no hacen sino impedir a las mujeres que desean tener hijos su acceso a la investigación. Las convocatorias en investigación han de establecer las mismas condiciones que se establecen para cualquier otro contrato de trabajo, lo contrario es para las mujeres investigadoras una importante discriminación. A la discriminación antes descrita hay que unir que las jóvenes investigadoras, al ser consideradas estudiantes y no trabajadoras, tampoco pueden solicitar la ayuda por hijos menores de tres años recientemente establecida.

[51] Los recientes cambios legislativos realizados en el contrato de matrimonio para permitir el matrimonio de personas del mismo sexo en España, sin duda supondrá un duro revés para el mantenimiento del binomio autoridad-masculinidad, que la figura del pater familias, modelo de sujeto con autoridad, reproducía y mantenía en el interior del sistema jurídico. Un modelo privado de autoridad que determinaba la vida social y política al conformarse en torno a él el concepto de presentación colectiva.

[52] YOUNG, I. M, ob. cit., p. 68.

 

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