Mujer y violencia política. Notas sobre el impacto del conflicto armado interno peruano

Autoría: Elena Alvites y Lucía Alvites

1. INTRODUCCIÓN

Entre 1980 y el año 2000 el Perú vivió el más cruento conflicto armado interno de su historia republicana. Por ello, a la caída del régimen fujimorista , se instituyó una comisión encargada de investigar y dar luces acerca de los hechos sucedidos durante los veinte años de guerra interna. En efecto, a través del Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM de 4 de junio de 2001 y el Decreto Supremo Nº 101-2001-PCM de 4 de setiembre de 2001 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional- CVR. La misión que se encomendó a dicha comisión fue la de esclarecer el proceso de violencia política que vivió el Perú; en particular, los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes, no sólo de quienes ejecutaron actos violatorios a los derechos humanos, sino también de quienes los ordenaron o toleraron. Asimismo, se le encargó proponer iniciativas de reparación y reconciliación entre todos los peruanos/as.

En cumplimiento de tal misión, el 28 de agosto de 2003 la cvr presentó su informe final (1) en el que da cuenta de los orígenes del conflicto, la forma en el que se desarrollaron los hechos y las responsabilidades de los actores políticos, civiles y militares. Sin embargo, los datos más trascendentes de este informe están referidos a la forma en la que se afectaron los derechos fundamentales de la población, tanto por parte de los agentes del Estado como por los grupos subversivos.

El Informe Final de la cvr , en esa medida, da cuenta de cómo el conflicto armado afectó a los colectivos sociales marginados de la comunidad peruana. Así, ha descrito y analizado el impacto que el conflicto armado interno tuvo en las mujeres. De ahí que, a la luz del trabajo de la CVR, el objetivo de este trabajo sea dar un panorama general de cómo la violencia incidió en la vida y de las mujeres peruanas, así como de los roles que a éstas les correspondió desempeñar durante el período de conflicto y los que tuvieron que asumir al final del mismo.

Con la finalidad de cumplir dicho objetivo, inicialmente nos ocuparemos de los antecedentes del conflicto armado interno y de la situación de las mujeres peruanas cuando éste surgió. No sin antes advertir, que hablar de la situación de las mujeres en el Perú, es una generalización peligrosa si se tiene en cuenta que la sociedad peruana esta marcada por la desigualdad y la fragmentación social en atención a variables socioeconómicas, étnicas y culturales (2). Seguidamente, y apoyadas en la investigación realizada por la cvr, daremos cuenta de cómo las formas de afectación de los derechos de las mujeres durante el desarrollo del conflicto, se inscriben en una cultura sexista que identifica a la mujer como objeto.

Asimismo, verificaremos cuáles fueron los papeles que cumplieron las mujeres durante el conflicto armado, esencialmente de aquellas que formaban parte de la sociedad civil (3). Para finalmente, dar cuenta de cómo el conflicto armado interno modificó los papeles que tradicionalmente habían cumplido las mujeres.

2. ANTECEDENTES: EL ESCENARIO DONDE SE DESARROLLARÍA LA VIOLENCIA Y LOS ESPACIOS FEMENINOS

Los movimientos reivindicatorios de derechos y de búsqueda de cambio de las condiciones sociales y económicas de la población surgen en el Perú desde las primeras décadas del siglo XX. No obstante, las mencionadas reivindicaciones cobraron mayor fuerza sobre todo luego de la primera guerra mundial, cuando se hizo más notorio el tránsito a una economía capitalista en la costa peruana y se produce el aumento de la clase obrera. Los procesos de urbanización también posibilitaron el surgimiento de una clase media urbana que se movilizaría a favor de la extensión de las garantías del Estado de Derecho a sus circunstancias (4), sin embargo, inicialmente este proceso social no se extendió a la sierra peruana donde perduraron estructuras económicas arcaicas.

Sin embargo, mientras las clases populares iniciaban la lucha por la conquista de sus derechos, el Estado de Derecho formal empezó a demostrar su incapacidad para afrontar dichas demandas; pues, si bien las Constituciones de 1920 y 1933 incorporaron elementos del constitucionalismo social, esto respondió básicamente a concepciones asistencialistas y no estuvieron orientadas a la homogenización social de la población, con miras a la ampliación de la democracia a los ámbitos social y económico, como hubiese correspondido a dicha línea de pensamiento (5).

En este contexto, el ejercicio de derecho ciudadanos por las mujeres no existía, además entre las mujeres peruanas, existían diferencias en razón de la posición social y económica que ostentaban sus familias. Así, en el caso de las mujeres que forman parte de las clases altas, desde los primeros años de la vida republicana se subrayó la obra que prestaron servicios a la Independencia y se enalteció la virtud de patriotismo que ellas exhibieron, llegándose a crear la Medalla Cívica al Bello Sexo e incorporando a dichas mujeres a la Sociedad Peruana de las Damas para servir a la educación, la beneficencia y la moralidad (6). Sin embargo, esta prédica sobre la función que cumplió la mujer durante la independencia, no significó reconocerles subjetividad jurídica y ciudadanía, por el contrario. El ejemplo de la medalla es gráfico de los ámbitos a los que se circunscribió a las mujeres -educación, caridad o cuidado de la moralidad-, los cuales eran considerados propios o naturales de ellas.

La situación de las mujeres del campo, sobre todo de las que pertenecían a comunidades de los andes y la amazonía peruana, no fue mejor. Al contrario, sobre ellas recaía de forma más clamorosa la discriminación y marginación propias de la sociedad jerarquizada y estratificada que dejó el período colonial (7). En estas zonas las relaciones de género originarias fueron trastocadas por el mestizaje para dar paso a relaciones donde la mujer ocuparía también un lugar subordinado al dominio masculino; es decir, se articuló “un sistema de dominación patriarcal, basado en la organización jerárquica de la familia, la masculinización de patrimonio, la legitimación de la violencia y el lugar subordinado de la mujer” (8)

De esta forma, la implementación del Estado liberal en el Perú no trajo consigo la profundización de la capacidad jurídica y educación de las mujeres, ni el incremento de su participación en la vida pública. Por el contrario, la ciudadanía fue atribuida sólo a los varones (9) y se descuidó la formación de las mujeres, conformando ellas la mayor parte de la masa de analfabetos (10).

Durante la segunda mitad del siglo XX el Perú experimentó una significativa expansión económica y ello permitió la extensión de la educación y la consolidación de la clase media urbana (integrada por técnicos, funcionarios, profesores, estudiantes universitarios, intelectuales, etc). Este nuevo sector social fue el que desempeñó el papel dirigente de una segunda ola de reivindicaciones sociales, a las que se sumaron la mases rurales de la costa y sierra. En efecto, el campesinado, que había tomado conciencia de su precaria situación, reclamaba cambios profundos en las estructuras socioeconómicas del país; en concreto, una reforma agraria que modificara la titularidad y beneficios que se derivaban del uso de las tierras (11). Asimismo, esta segunda etapa de movilización social estuvo marcada por dos levantamientos armados en el Perú, el primero en 1963 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el segundo en 1965 con la guerrilla del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ambos levantamientos estuvieron influenciados por el triunfo de la revolución cubana en 1959.

En las ciudades la extensión de la educación permitió el acceso de más mujeres a la educación primaria y secundaria, así como a la superior o universitaria (12). De igual modo, permitió la incorporación de más mujeres al mercado de trabajo. En este contexto, a través de la Ley Nº 12392 de 7 de setiembre de 1955 se reconoció ciudadanía a las mujeres y el derecho al voto. Sin embargo, tal reconocimiento tuvo un impacto limitado en las mujeres peruanas, pues sólo accedieron al mismo aquellas que sabían leer y escribir. Básicamente, pudieron ejercer el derecho al voto las mujeres de las ciudades y además, en número menor que los varones, pues como puede apreciarse en el siguiente cuadro, las diferencias entre los niveles de analfabetismo entre hombre y mujeres no sólo son significativos, sino que desde 1940 se ha incrementado (13). De igual modo, este derecho no se extendió a las mujeres del campo que por su analfabetismo continuaron al margen de la ciudadanía y la participación en espacios públicos (14).

Perú: Población analfabeta por sexo 1940 – 1993

Años

 

 

Total de Población analfabeta

 

Hombres

 

Mujeres

Número de personas

%

Número de personas

%

1940

2 070270

100%

779224

37.6%

1291046

62%

1961

2182308

100%

703474

32.2%

1478834

67.8%

1972

2062870

100%

624018

30%

1438852

69%

1981

1799458

100%

485486

27%

1313972

73%

1993

1784281

100%

487113

27.3%

1297168

72.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI

Empero, los dos levantamientos armados y el clima de convulsión política y social que vivía el Perú para 1969, ya habían determinado que las Fuerzas Armadas se decantaran por un golpe de Estado. De esta forma, se daría paso al autodenominado Gobierno Revolucionario de la Fuerzas Armadas, encabezado por el General Juan Velasco Alvarado.

Este gobierno se orientó a impulsar la democratización social desde arriba, por ello “desarrolló una amplia política de inclusión y desplegó, además de una serie de reformas que acabaron con la oligarquía, el gamonalismo y el enclave, agresivas políticas públicas heterodoxas […] aceleró el proceso de modernización profundizando parcialmente la industrialización e impulsando el capitalismo de Estado” (15). Además, fue el primer gobierno que planteó de forma explicita la problemática acerca de la integración de la mujer en la vida social y política del país; así, por primera vez desde el Estado se “discutió oficialmente “el problema de la mujer”, su marginación y postergación en los diferentes niveles de la sociedad –educación, empleo, participación política- impulsando estudios y acciones de promoción de la mujer” (16). Sin embargo, éstas medidas sólo se mantuvieron hasta 1975, cuando el General Francisco Morales Bermúdez dio un contragolpe de Estado y emprendió la desarticulación de las medidas sociales implementadas.

Sin embargo, ese golpe de timón en el gobierno se produjo en un escenario con organizaciones sociales fuertes y partidos de izquierda con proyectos políticos propios, los mismos que aglutinaban a distintos sectores sociales, tanto en la costa del país como en las provincias andinas (17). De ahí que la presión social no se dejara y fuera ejercida también por la clase empresarial que se veía amenazada por la deficiente administración económica del gobierno militar. De esta forma, como nunca antes se había visto en el Perú, se estableció una alianza estratégica entre los representantes de las clases populares y las élites político-económicas, a efectos de poner fin a la etapa autoritaria (18).

La salida política que encontró el gobierno militar fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la elaboración de un texto constitucional que permitiera el regreso de gobiernos elegidos por sufragio popular. El trabajo de la Asamblea Constituyente se plasmó en la Constitución de 1979; un texto de carácter pluralista y adscrito al constitucionalismo social, al que se incorporaron las pretensiones de los distintos partidos y grupos sociales que integraron la Asamblea Constituyente.

La Constitución de 1979 reconoció por primera vez el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, así como la igualdad de oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres. En esa línea, estableció que la ley debía reconocer a la mujer derechos no menores a los del varón. De igual modo, reconoció el derecho universal al sufragio, extendiendo el derecho a voto a la población analfabeta. Esta ampliación supuso que un grupo considerable de mujeres, antes excluidas por su analfabetismo, pudieran participar en la elección de sus autoridades, así, en las elecciones generales y congresales de 1980 por primera tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho al voto todas las peruanas mayores de dieciocho años de edad (19).

Lamentablemente, el reconocimiento constitucional de los elementos del constitucionalismo social y de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no necesariamente se tradujo en cambios en las estructuras sociales y económicas. Para la mayoría de las mujeres los cambios constitucionales no significaron la apertura a espacios de participación política y social, pues éstos continuaron marcados por la presencia masculina y una minoría de mujeres que, por su pertenencia a sectores sociales medios y altos, sí tuvieron acceso a la educación.

En esa medida, la democracia recuperada a partir del 1980 fue esencialmente de carácter formal y no se extendió a los ámbitos social y económico; el Perú continuo siendo un país jerarquizado y estratificado, con un “Estado profundamente elitista, segregador y excluyente” (20). En ese contexto, las mujeres de los sectores más pobres del país, generalmente analfabetas, quechuahablantes y habitantes de mundo rural andino, se ubicaban en el escalón más bajo de la sociedad.

Un factor que contribuyó al mantenimiento de las estructuras sociales y económicas fue el mal manejo económico y la crisis que generó; ello afectó esencialmente a las clases populares de las ciudades y a la población rural. Sin embargo, paradójicamente, esta crisis tuvo particulares repercusiones en la vida de las mujeres de los sectores pobres del país, pues permitió la creación de espacios de participación social.

En efecto, poco antes del retorno a la democracia y con las primeras manifestaciones de la crisis económica, las mujeres de los barrios populares de las ciudades crearon organizaciones para la supervivencia; así, en 1979 se empezaron a constituir los denominados Comedores Populares y, luego, a partir de 1984 otras organizaciones como: los Comités de vaso de leche, los Talleres de producción y los Comités de salud. La estructura y la forma de organización de estos espacios se asemejó a la de los Comités de Amas de casa mineras ( cac ) que surgieron a comienzos de la década del ‘60 en los centros mineros, con el objetivo de apoyar a los sindicatos y las reivindicaciones laborares de sus esposos e hijos

Estas organizaciones tuvieron gran importancia para la subsistencia de amplios sectores de la población, pues formaban para de una estrategia de sobrevivencia y búsqueda de solución al problema de la alimentación en contextos de pobreza. Por ello, en las décadas posteriores, cuando la crisis económica se agudizó debido a la aplicación de un programa de ajuste estructural de la economía, su número aumentó, llegando a crearse redes distritales y provinciales. Fueron también los primeros espacios públicos de participación para las mujeres que pertenecían a los sectores pobres de la sociedad, sin embargo, no se trato de espacios libremente elegidos, sino más bien impuestos por las circunstancias: “el mundo doméstico en tanto mundo privado, ya no es ni privado ni doméstico, ya que la pobreza obliga a estas mujeres a juntarse y “socializar” actividades y sus productos a través de comedores populares y otras formas de compartir el trabajo doméstico” (21). En efecto, a través de estas organizaciones las mujeres, usando las habilidades aprendidas durante su proceso de socialización, continúan desarrollando sus roles tradicionales de cuidado de la familia.

En medio de estas condiciones económicas, políticas y sociales, uno de los grupos más radical de las organizaciones políticas de izquierda se decantó por la vía de la insurgencia armada como mecanismo que les permitiera implementar su proyecto político (22). En mayo de 1980, a través de un boicot a las elecciones generales en Chuschi (poblado pequeño del Departamento de Ayacucho) el autodenominado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso ( pcp-sl ) dio apertura a lo que ellos denominaron el inicio a la lucha armada . Esta organización no tenía ningún acercamiento ideológico con las otras experiencias de alzamiento armado en el Perú; el pcp-sl siguió el marxismo-leninismo-maoísmo al que luego incorporó el Pensamiento Gonzalo , es decir, la doctrina de su líder Abimael Guzmán Reynoso, que se consideraba la cuarta espada del marxismo por hacer especificaciones al maoísmo (23). Esta última particularidad, evidenciaba el culto a la personalidad del líder que profesarían los integrantes del grupo armado.

El pcp-sl convencido de que existían las condiciones para el inicio de la lucha popular decidió iniciar la guerra básicamente contra el Estado peruano, pero ésta se propago contra la sociedad civil y contra todos los individuos que no estuvieran de acuerdo con su propuesta ideológica, o con su metodología (24). Esto, como veremos, se tradujo en una serie de violaciones a los derechos humanos de la población, principalmente de aquella que vivía en zonas rurales alejas de los núcleos urbanos.

3. CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Tal como se mencionó, desde mayo de 1980 y hasta el año 2000 el Perú sufrió los embates propios de un conflicto armado interno que fue el que mayor duración, impacto y extensión tuvo sobre el territorio peruano durante toda la vida republicana. Se trato de conflicto que tuvo lo más elevados costos económicos y humanos para el país; en efecto, “ Si bien la cvr ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos, los cálculos y las estimaciones estadísticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa cantidad. Aplicando una metodología llamada Estimación de Múltiples Sistemas, la cvr ha estimado que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno es de 69,280 personas” (25). Este elevado número de víctimas obedeció a la forma de actuación de los distintos actores del conflicto, principalmente pcp-sl y los agentes del Estado representados por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales (26).

Durante los veinte años de conflicto armado, en los hechos, los gobiernos democráticos (1980 – 992) se mostraron incapaces de satisfacer íntegramente las necesidades de la mayoría de la sociedad civil, así como de garantizar el orden público, la seguridad, y el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacional (27).

Durante la década del ‘80 las acciones armadas por parte del pcp-sl estuvieron localizadas en el interior del país, especialmente en el departamento de Ayacucho, por ello esta zona fue la primera en ser declarada en estado de excepción y dejada al control de las Fuerzas Armadas. La militarización del conflicto posibilitó que las Fuerzas Armadas e, incluso, los cuerpos policiales aplicaran una estrategia contrainsurgente que involucró no solo algunos excesos individuales de algunos agentes del Estado, sino una practica sistemática y generalizada de violación de los derechos humanos. Se trató de una dinámica contraria a las normas del Derecho Internacional Humanitario que involucró crímenes como torturas, tratos inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas, masacres y ejecuciones arbitrarias masivas. Esta forma de actuar de los agentes del Estado no distó mucho de las prácticas de pcp-sl que también llevó a cabo masacres, ajusticiamientos populares y asesinatos selectivos; además, estos crímenes fueron llevado a cabo con crueldad y ensañamiento a efectos de infundir temor entre la población (28).

En esta primera década de conflicto se produjo el más importante número de víctimas y este colectivo estuvo compuesto, mayoritariamente, por pobladores de las zonas más pobres y marginadas del país; a la sazón, el 79% de ellas vivían en zonas rurales andinas y se trataban de hombres y mujeres quechuahablantes , pobres y escasamente integrados a los centros de poder económico y políticos del país. Desde el inicio de la guerra, la sola pertenencia a este grupo humano, incrementaba las probabilidades de ser objeto de la acción contrasubversiva del Estado y, consecuentemente, de ver lesionados irreversiblemente sus derechos humanos (29). Esta constatación no sólo puso en evidencia los prejuicios étnicos y sociales existente en la sociedad peruana, sino también el grave estado de fragmentación económica, política y cultural del país. Dicho estado de fragmentación, constituyó, a su vez y paradójicamente, uno de las condiciones que determinó el inicio de la violencia política (30)

A partir de la década de 1990 la violencia política se convirtió en el eje dinamizador de toda la sociedad peruana porque el accionar de pcp-sl dejó los espacios rurales para incursionar en las ciudades e incluso extenderse a Lima, la capital de la república. Esto último constituyó un duro golpe para los sectores socioeconómicos altos y medios que habitaban en la capital, y también para el Estado peruano que, desde inicios de la república, se caracterizó por ser fuertemente centralista.

La variación del escenario del conflicto exigió cambios en la estrategia contrasubversiva por parte de los agentes del Estado; así, se optó por llevar a cabo trabajos de inteligencia que, entre otros aspectos, implicaron ganar la confianza de la población civil y aislar a los comités de pcp-sl . Al mismo tiempo se alentó la reacción del campesinado contra los grupos subversivos y se propició la creación de Comités de Autodefensa ( cads ) entre las comunidades andinas (31). La estrategia antisubversiva también incluyó cuestionables modificaciones al ordenamiento jurídico penal; se endurecieron las penas y las condiciones de investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo (32). Durante este período de conflicto interno, continuaron las prácticas lesivas de los derechos humanos de la población civil (asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros) tanto por parte del pcp-sl , como por los agentes del Estado. Empero, el accionar de estos últimos fue más selectivo, dejando atrás sus prácticas iniciales de violación masiva de derechos.

El conflicto armado interno, en esa medida, necesariamente tuvo un impacto diferenciado en la población; en efecto, lo embates de la violencia estuvieron condicionados por variables geográficas, económicas, sociales, raciales, étnicas y de género. Nosotras nos detendremos a examinar cómo la violencia afectó de manera distinta a las mujeres.

4. EL IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO EN LAS MUJERES

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la cvr es posible afirmar que el conflicto armado interno tuvo un impacto diferenciado en función de género; las mujeres, por el sólo hecho de serlo, fueron victimas de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos distintos a los que sufrieron los varones. En efecto, si bien las mujeres representan sólo el 20% del total de muertos y desaparecidos que dejó el conflicto armado interno (33), en los hechos fueron las principales víctimas de violencia sexual y las que tuvieron que enfrentar solas las secuelas de la violencia política.

4.1 Violencia sexual y relaciones de género

La violación de derechos humanos con mayor impacto de género fue la violencia sexual, manifestándose como una práctica sistemática y generalizada, a la que recurrieron, tanto los agentes del Estado cuanto por los grupos subversivos. La violación sexual fue el acto lesivo más recurrente, pero las mujeres durante el conflicto padecieron diversas variantes de este tipo de violencia; entre ellos, insultos de carácter sexista, tocamientos, amenazas de violación, desnudos forzados, introducción de objetos, abortos forzados, uniones forzadas y hasta esclavitud sexual (34).

Lamentablemente, la violencia sexual, como forma de afectación de los derechos humanos de las mujeres, incluso en tiempos de paz, suele permanecer oculta. L a cvr sólo pudo dar cuenta de 538 casos de este tipo, de los cuales 527 correspondían a víctimas mujeres y 11 a varones; sin embargo, existen testimonios y hechos que comprueban que este tipo de violencia se presentó durante el conflicto.

Las razones por las que dicho actos permanecieron ocultos tienen que ver con los sentimientos de vergüenza que despertaban en las víctimas, la ineficacia de la persecución penal en medio de un clima de violencia y arbitrariedad generalizada, así como porque se solían cometer conjuntamente o en el marco de otras formas de violación de los derechos humanos, como por ejemplo en casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o masacres (35). Además, como señala propia cvr , “durante mucho tiempo la violencia sexual fue vista como un daño colateral o un efecto secundario de los conflictos armados y no como una violación de derechos humanos, con lo cual estos hechos no sólo no han sido denunciados, sino que además se les ha visto como normales y cotidianos” (36). En esa medida, la impunidad fue la norma en este tipo de casos (37).

La cvr ha constatado que los agentes del Estado fueron los principales responsables del delito de violación sexual, siendo el 86% de los casos atribuidos a éstos. Las violaciones sexuales no solo fueron realizadas durante operativos o incursiones armadas, sino también en dependencias estatales como bases militares, cuarteles, comisarías, etc. En esa medida, se trato de una práctica que acompañó las detenciones y era empleada como forma de tortura para obtener información de mujeres pertenecientes o sospechosas de pertenecer a los grupos subversivos. También fue empleada como estrategia de guerra con la finalidad de desmoralizar a los grupos subversivos y disuadir a la población de colaborar con ellos. En otros casos la violencia sexual fue considerada una forma castigo contra los varones a quienes se les obligaba a presenciar la violación de sus cónyuges (38).

Las bases militares fue uno de los lugares donde se llevaron a cabo actos de violencia sexual contra las mujeres. Al respecto, resulta paradigmático el caso de la Base Contra subversiva de Manta – Huancavelica, donde los efectivos los militares, a quienes se les encargó el control de esta zona declarada en estado de excepción, solían llevar a la base militar a las pobladoras de la zona para obligarlas a tener relaciones sexuales con ellos (39). A través de casos como éste se puso en evidencia que la violación sexual no sólo fue una estrategia de guerra o una forma de castigo, sino que reproducía a mayor escala las desiguales relaciones de poder entre hombres y las mujeres. Además, la verticalidad de estas relaciones se veía agravada por la procedencia de los sujetos; los varones provenientes de la capital que veían a la mujer rural como un sujeto negado de libertad y autonomía.

La violencia sexual desarrollada por los agentes del Estado pone en evidencia un engranaje de opresión sexual del que, incluso en tiempos de paz, fueron (y en algunos casos continúan siendo) víctimas las mujeres peruanas. En efecto, da cuenta de relaciones de género inequitativas que durante la guerra interna se vieron profundizadas, es decir, “un sistema de género caracterizado por la desigualdad, la jerarquía y la discriminación [...] un orden social, de mecanismos de autoridad y de poder que le sirven de sustento” (40). La guerra exacerbó una cultura que niega los derechos de las mujeres y que legitima la apropiación violenta de sus cuerpos para la satisfacción de deseos individuales de los agentes del Estado o para alcanzar fines colectivos, como el combate de la subversión.

En el caso de los grupos subversivos, la violación sexual fue la forma de violencia sexual a la que menos recurrieron, incluso al interior de los grupos se encontraba prohibida y acarreaba sanciones. Sin embargo, esta fue una norma que se aplicaba a los combatientes mas no a los líderes, ni estaba referida a la población civil, pues en algunos casos pcp-sl recurrió a la violación sexual como estrategia de guerra. En todo caso, las uniones forzadas y la servidumbre sexual fueron las formas de violencia sexual a las que más acudieron; así, por ejemplo, en el pcp-sl , el partido decidía las parejas a formarse, presionando a las mujeres para que aceptaran la unión. De esta forma se buscaban crear lazos de lealtad no sólo políticos sino también afectivos (41).

Por otro lado, durante la década de los noventa, debido a la implementación del modelo económico neoliberal que estuvo acompañado de programa de ajuste estructural a la economía (42), el proceso de fragmentación social se vio profundizado. Esta situación determinó el crecimiento de la participación femenina en las organizaciones de subsistencia; las mujeres de las zonas urbano marginales de las ciudades, generalmente pertenecientes al sector socioeconómicos bajo (43), consolidaron su visibilidad social a partir de la extensión de los cuidados maternales a ámbitos externos del hogar (44). Sin embargo, esta visibilidad social las llevó al enfrentamiento con los grupos subversivos, principalmente con pcp-sl , que veía en las principales líderes de estas organizaciones un obstáculo a la extensión de su ideología y accionar en esas zonas deprimidas de las ciudades; el discurso y la labor que estas mujeres desarrollaron, inicialmente de subsistencia pero posteriormente de ciudadanía y de participación social, representaba un alternativa al accionar subversivo. En consecuencia, estas líderes populares fueron las principales víctimas de asesinatos selectivos llevados a cabo contra mujeres por parte del pcp-sl.

Sin embargo, no fueron los asesinatos selectivos la forma de vulneración de derecho que más padecieron las mujeres. Tal como se ha mencionado antes, la violencia sexual ocupó ese lugar, además, la cvr ha indicado que esta forma de violencia afectó generalmente a mujeres jóvenes, quechuahablantes , analfabetas y habitantes de las zonas rurales que, desde el inicio del conflicto, fueron declaradas en estado de excepción y dejadas bajo control de las Fuerzas Armadas (45). De esta forma, en los hechos, las mujeres más marginadas e indefensas de la estratificada sociedad peruana fueron las que sufrieron de forma más intensa la violencia sexual.

4.2 PAPELES FEMENINOS Y SECUELAS DE LA VIOLENCIA

Tal como hemos indicado en los acápites anteriores, al iniciarse el conflicto armado interno, la situación de las mujeres peruanas en cuando al ejercicio de derechos y la participación en espacios públicos o centros de poder era inferior respecto a la de los varones; traduciendo las desiguales relaciones de género propias de una comunidad no democrática y excluyente. Incluso, entre las propias mujeres se presentaban problemas de desigualdad y exclusión; así, por ejemplo, las mujeres andinas, de escasos recursos económicos y quechuahablantes representaban al sector más marginado de dicho colectivo, mientras que las mujeres de clase alta y media que habían accedido a la educación eran el sector que, en mayor medida, ejercían ciudadanía e incluso participaban de los círculos del poder político y económico.

Dicho contexto de inequidad no sólo condicionó las formas de violencia que tuvieron que soportar las mujeres, sino también los papeles que les correspondió desempeñar durante el conflicto. En el caso de los varones el conflicto exacerbó las identidades masculinas ligadas a la agresividad, así como al papel de defensor del territorio y la comunidad, mientras que en el caso de las mujeres, el inicio del conflicto, determinó que se acentuará su labor de cuidado; en efecto, se “plantea así una imagen dicotómica: es el hombre quien defiende la patria (o la comunidad) mientras que la mujer lo acompaña a través del cuidado, la atención de los soldados. Es una mujer que cuida y sana heridas” (46). En efecto, inicialmente, las mujeres cumplieron roles tradicionales de servicios, tanto a los grupos subversivos, cuanto a las fuerzas armadas; ellas fueron quienes las daban la comida, el alojamiento, la atención de salud y otras necesidades vitales. Sin embargo, como veremos, la dinámica propia de la violencia trastocaría dicho reparto de tareas y los roles de género.

Tal como se ha señalado antes, el conflicto no afectó de forma uniforme a todas las zonas del Perú, ni a todos los estratos socioeconómicos; así, tuvo mayor impacto en aquellas zonas y grupos humanos más pobres del Perú. En particular, el mundo rural andino y sus habitantes que, generalmente, eran poco educados y no tenían al castellano como su lengua materna. En efecto, de acuerdo a la cifras de la cvr , el 79% de la víctimas de asesinato y desaparición forzada respondía a dichos patrones, mientras que el 80% de las ellas eran varones.

El número de víctimas varones determinó que un significativo número de mujeres, por la pérdida de sus esposos, hijos o padres, vieran afectado directamente su entorno socioeconómico y afectivo. Su mundo se vio radicalmente alterado, dejándolas, en la mayoría de los casos, en estado de indefensión, pues se trataba de mujeres que soportaban los mayores niveles de exclusión social y que desconocían sus derechos como ciudadanas. Vale decir, jóvenes campesinas quechuahablantes de la sierra sur del Perú, que carecían o presentaban niveles muy bajos de escolarización.

Dicha situación forzó a las mujeres a emprender dos procesos de aprendizaje; el primero, la asunción de su papel de cabeza de familia, pues tuvieron que hacerse cargo de las labores que antes pertenecieron a sus esposos e hijos. A partir de la pérdida a ellas les correspondió el papel de proveedoras y protectoras de la prole; es decir, “tuvieron que asumir roles típicamente masculinos de representación de la familia y organización comunal en ausencia de los varones” (47). Incluso, algunas de ellas tuvieron que enfrentar solas el proceso de desplazamiento desde la zona rural donde se desarrollaba la violencia hasta los núcleos urbanos. Además, a pesar de que el desplazamiento implicó vivir en un entorno de pobreza totalmente extraño y sufrir discriminación por ser mujeres e indígenas; éstas aprendieron y llevaron a la práctica nuevas actividades económicas para el mantenimiento de sus familias (48).

El otro proceso de aprendizaje que emprendieron las mujeres afectadas por el conflicto fue el de búsqueda de sus familiares. En efecto, motivadas por el afectos y sin tener conocimiento de sus derechos y de los mecanismos legales para protegerlos, las mujeres irrumpieron en el espacio público de la localidad, la provincia e, incluso, la capital de la República para conocer el paradero de sus esposos, hijos y padres. Su búsqueda las llevó a hospitales, dependencias policiales, bases militares, cárceles e, incluso, morgues; además, en todos esos lugares estuvieron expuestas o fueron víctimas de engaños, abusos y humillaciones, así como de violencia sexual (49). En esa medida, fue un aprendizaje muy duro que las enfrentó a espacios totalmente nuevos para ellas; por ejemplo, tuvieron que vencer la barrera del idioma, porque a pesar de que el quechua es lengua oficial del Estado, todas las entidades de éste se desenvolvían en castellano (50).

Sin embargo, y a pesar del sufrimiento, ambos procesos de aprendizaje dejaron aspectos positivos en la vida de las mujeres que tuvieron que afrontarlos; aprendieron a enfrentar el poder institucional, adquirieron mayores niveles de ciudadanía y desarrollaron estrategias de sobrevivencia, así como de defensa de sus derechos. Las madres, viudas e hijas de las víctimas de la violencia política comenzaron a crear organizaciones dedicadas al auxilio mutuo y a la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Asimismo, empezaron a denunciar públicamente y ante el órgano jurisdiccional del Estado la constante violación de los derechos humanos. De esta forma, el conflicto armado generó espacios no solo de reflexión, sino también de acción concreta donde las mujeres fueron gestando su ciudadanía como practica en la vida cotidiana (51), aunque limitada por las condiciones propias de una sociedad atravesada por desigualdades profundas y donde los derechos reconocidos en la Constitución no son ejercidos de la misma forma por todas las personas.

El paradigma de las organización de mujeres y familiares de desaparecidos es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados-Detenidos-Desaparecidos en zona bajo Estado de Emergencia ( anfasep ) (52) formada en 1983. El objetivo principal de anfasep fue localizar a los familiares desparecidos sea vivos o muertos; así, ofreció redes de apoyo y de soporte a los familiares compartiendo información y desarrollando estrategias de acción como por ejemplo manifestaciones, denuncias publicas, reuniones con ONGs de Derechos Humanos, o con autoridades locales, nacionales o internacionales (53).

Tal como hemos indicado, como parte de la estrategia antisubversiva, el Estado auspició entre las comunidades campesinas la formación de organizaciones que respondieran a la violencia del pcp- sl. En ese contexto, reproduciendo una antigua forma de autodefensa rural, se formaron los Comités de Autodefensa ( cad ), que estuvieron conformados mayormente por varones que asumían las funciones de comando. Sin embargo, posteriormente, cuando la guerra interna se intensificó, las mujeres de dicha comunidades se integraron a los mismos. Su nivel de participación en los cad's fue variado, debido a que las condiciones y forma de participación de las mujeres estuvo sujeta a las necesidades de cada comunidad. En algunos lugares se reprodujo la división del trabajo pues los hombres se encargaban de realizar las rondas y mantener las armas, y las mujeres de la vigilancia; así, cuando se acercaba algún desconocido ellas daban una señal cantando un qarawi (54) , dando un chasquido de látigo o disparando un arma. En algunas comunidades como la de Chacca en el departamento de Junín, las mujeres no patrullaban ni llevaban armas de fuego, pero sí llevaban consigo armas caseras o tradicionales como la warak´a (55). En otros lugares las mujeres sí participaron en los enfrentamientos y, excepcionalmente, desempeñaron puestos de dirección o comandos (56). De esta forma, debido a las vicisitudes de la guerra, las mujeres tuvieron que desempeñar papeles tradicionalmente masculinos de defensa de sus familias y comunidad.

5. REFLEXIONES FINALES

Como señaló la cvr durante el conflicto armado interno se agravaron las relaciones desiguales de género, creándose el escenario propicio para la comisión de mayores abusos y de graves actos que afectaban la libertad sexual de las mujeres peruanas. Dichos actos han dejado secuelas en la salud física y psíquica de las mujeres que las padecieron, pues pocas han sido las que han superado las duras experiencias vividas.

No obstante, como hemos visto, en algunas mujeres el sufrimiento ha supuesto un proceso de aprendizaje que llevó a éstas a asumir un papel más activo en la sociedad: como cabezas de familia, dirigentes de bases y hasta dirigentes políticas. Para algunas mujeres e l inicio de la búsqueda de sus familiares desaparecidos marcó el punto de inicio de un cambio en el papel que le correspondería desempeñar en sus comunidades. De esta forma, sobre la base del dolor, estas mujeres fueron conquistando el espacio público y niveles de ciudadanía mayores a los que ejercían antes del inicio del conflicto armado interno.

Lamentablemente, la impunidad y la falta de reparación todavía es un tema pendiente, tanto para las mujeres que continúan en su papel tradicional de víctimas, cuando para aquellas que el conflicto les trajo un doloroso proceso de aprendizaje y cambio para sus vidas.

(1) El Informe Final de la cvr puede encontrarse en el vínculo http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php

(2)Henríquez , Narda. “Imaginarios nacionales, mestizaje e identidad de género: Aproximación comparativa sobre México y Perú”, en Henríquez, Narda (comp.): El Hechizo de las imágenes. Estatus social, género y etnicidad en la historia peruana , Lima, Fondo Editorial de la PUCP, 2000, p. 335.

(3) Por la extensión del trabajo en esta oportunidad no nos ocuparemos del papel que ocuparan las mujeres en las organizaciones subversivas (Sendero Luminoso y MRTA). Salvo señalar que su incorporación a dichas organizaciones supuso un nuevo modelo de identidad femenina en el país, que daba cuenta de su participación en la esfera pública y la participación política. En estas organizaciones llegaron a ocupar puestos de primer nivel de jerarquía. Procedían de sectores medios y, en menor medida, urbano marginales, que habían acceso al nivel de educación superior. Así, por ejemplo, la cvr ha señalado que el 40% de la militancia del pcp-sl era femenina, que mujeres dirigían escuadrones de aniquilamiento y que el 50% del Comité Central de dicha organización subversiva estaba conformado por mujeres. Sin embargo, el discurso igualitario y el acceso a puesto de dirección no necesariamente implicó una ruptura con el desempeño de tarea tradicionales de cuidado y atención de la alimentación. Véase: Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Violencia y desigualdad de género”, T. VIII, Capítulo 2, pp. 55-58; Coral , Isabel. “Las mujeres en la Guerra: impacto y respuestas”: Los senderos insólitos del Perú. Guerra y sociedad 1980 - 1995 , Lima, IEP / UNSCH, 1999.

(4) La clase media, representada por los empleados, también protagonizó movimientos reivindicatorios de derechos que dieron como resultado la adopción de normas laborales protectoras; tales como el derecho a no ser despedido sin previo aviso, derecho a una indemnización por tiempo de servicios, derecho a ser parte de una póliza de seguros de vida y, derecho a subsidios por defunción o inhabilitación para el trabajo. Basadre, Jorge: Historia de la República del Perú 1822-1933, T. ix, 7ª ed. , Lima, Editorial Universitaria, 1983 ,pp. 420-426.

(5) Heller, Hermann: Escritos políticos, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 264-265.

(6) De la Puente Candamo, José A: La independencia del Perú. Madrid, Mapfred, 1992, p. 210.

(7) Henríquez, Narda: Op. cit., p. 344-345.

(8) Cepal e IIDH: Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América Latina, Santiago de Chile: Reunión de Expertas sobre Racismo y Género, 2001, p. 9.

(9) Esta sería una constante en las constituciones peruanas desde 1823 hasta la Constitución de 1933 que inicialmente sólo reconoció ciudadanía al varón y excepcionalmente el voto a las mujeres en elecciones municipales.

(10) Basadre, Jorge. Perú: Problema y posibilidad y otros ensayos . Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 22.

(11) Ibíd.., p. 203.

(12) El acceso a la educación de las mujeres de clase media y, en menos medida, facilitó la formación del feminismo en el Perú, así como la búsqueda de cambios en la vida pública y cotidiana de las mujeres. Véase: Patrón, Pepi: Presencia social, ausencia política . Lima, Agenda Perú, 2000, pp. 72-74.

(13)Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Censos nacionales de población 1940, 1961, 1972 y 1993. http://www.inei.gob.pe/

(14) De acuerdo a las cifras del inei, en el área rural del Perú es “donde se encuentran la mayor proporción de analfabetos,, se observa una disminución en las tasas de analfabetismo, de 59.4% en 1961 a 29.8% en 1993 [...] No obstante este descenso en las tasas, las analfabetos que residen en las áreas rurales todavía constituyen cerca de las dos terceras partes de los analfabetos de todo el país (61.7%)”. http://www.inei.gob.pe/

(15) López Jiménez, Sinesio. “Estado, régimen político e institucionalidad en el Perú (1950-1994)”, en Portocarrero, Gonzalo y Valcárcel, Marcel (Coords): El Perú frente al siglo XXI , Lima, Fondo Editorial de la pucp , 1995, p. 553.

(16) Patrón, Pepi: Op. cit., p. 71.

(17) Se trato de una “ incursión democratizadora estuvo compuesta por las clases populares urbanas –clases medias empobrecidas, obreros y pobladores-, las diversas capas del campesinado, algunos sectores intelectuales y los estudiantes. Todas estas clases y capas sociales se orientaron hacia un radicalismo político influido por el marxismo y se expresaron en los diversos partidos de izquierda en 1978 y en la Izquierda Unidad ( iu ) en la década del 80” . López Jiménez, Sinesio: Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú, Lima, Instituto de diálogo y propuestas, 1997, p. 260.

(18) Ciurlizza Contreras, J avier : El ajuste político de América Latina, http://www.cajpe.org.pe/  p. 4.

(19) En estas elecciones participaron como candidatas al Congreso dos mujeres que formaban parte del movimiento feminista. Sin embargo, su participación en el Frente Izquierda Unidad no tuvo resultados positivos; por el contrario, éste da cuenta de cómo la estratificación social también es una de las características del colectivo mujeres en el Perú. En efecto, como señala Patrón dicho resultado puso en cuestión “el grado de receptividad social y político del mensaje feminista, la relación de este movimiento con otros movimientos y la vinculación de las instituciones feministas, básicamente conformadas por mujeres de clase media y profesionales, con otroas sectores sociales y culturales” . Patrón, Pepi: Op. cit., p. 73.

(20) Manrique, Nelson. “Violencia e imaginario sociales en el Perú contemporáneo”: El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980 – 1996 , Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2002, p. 291.

(21) Patrón, Pepi: Op. cit., p. 76. En sentido similar, Henríquez , Narda: Op. cit., p. 375.

(22) Sobre el surgimiento de esta organización veáse: Degregori , Carlos Ivan. Ayacucho 1969-1979. El surgimiento de Sendero Luminoso , Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1990.

(23) Abimael Guzmán Reynoso, autodenominado Presidente Gonzalo, se consideraba la cuarta espada del marxismo, es decir, el cuarto teórico de la revolución mundial. Además, su objetivo era llevar a cabo en el Perú la cuarta etapa de la revolución iniciada por Mao en China. Véase: Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Los orígenes del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso”, T. II, Capítulo 1, Lima, 2003, p. 15ss.

(24) A manera de ejemplo del accionar de este grupo subversivo véase: Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “La masacre Lucanamarca”, T. VII, Capítulo 2, pp. 43-52.

(25) Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Los Periodos de la violencia”, T. I, Capítulo 1, p. 53.

(26) Otro actor del conflicto armado interno fue el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organización político-militar que inició en 1984 una lucha armada contra el Estado. Este grupo subversivo incurrió en asesinatos selectivos, toma de rehenes y practicas de secuestro. Pero a diferencia de Sendero Luminoso sus modos se asemejaban a otras organizaciones similares latinoamericanas; solía reivindicar sus acciones y sus agentes usaban distintivos para identificarse o diferenciarse de la población civil. Estuvo abierto a negociaciones de paz. En el ámbito internacional, fueron conocidos por la toma de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996, llevada a cabo con el objetivo de obtener la libertad para los presos pertenecientes a su organización. Véase: Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Los actores del conflicto”, T.I, Capítulo pp. 379ss; Manrique , Nelson: “El MRTA cosechaba tempestades de vientos sembrados por Sendero. Entrevista con Rodolfo Klein, jefe político militar del MRTA: El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980 – 1996 , Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2002, p. 269.

(27) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Los actores políticos e institucionales”, T.III, Capítulo 2, pp. 11ss.

(28) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos humanos”, T. VI, Capítulo 1, pp. 14ss.

(29) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Violencia y desigualdad racial y étnica”, T. VIII, Capítulo 2, pp. 119ss.

(30) Hatun Willakuy . Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, cvr , 2004, p. 337.

(31) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Los períodos de la violencia”, T. I, Capítulo 1, pp. 71ss.

(32) Se trato de una legislación que afectaba irrazonablemente los derechos fundamentales a la libertad personal, a la integridad física y el derecho al debido proceso. Veáse: San Martín Castro, César : Derecho procesal penal, Lima, Grijley, T. I. 1999, pp. 55ss. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta legislación, a través de la Sentencia correspondiente al Expediente Nº 010-2002- ai/tc de 3 de enero de 2003. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia

(33) Informe Defensorial Nº 80: Violencia Política en el Perú: 1980 – 1996. Un acercamiento desde la perspectiva de género , Lima, Defensoría del Pueblo, 2004, p. 43.

(34) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Violencia y desigualdad de género”, T. VIII, Capítulo 2, p. 66.

(35) Ibid., pp. 68-69.

(36) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “La violencia sexual contra la mujer”, T. VI, Capítulo 1, p. 275.

(37) Sobre la investigación de los dos casos de violencia sexual que pudieron ser denunciados al Ministerios Público por la cvr véase: Salazar Luzula, Katya. “Género, violencia sexual y derecho penal en el período posterior al conflicto en el Perú “: El legado de la vedad. Justicia penal en el transición peruana , Lima, IDEHPUCP, 2006, pp185-209.

(38) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Violencia y desigualdad de género”, T. VIII, Capítulo 2, p. 45.

(39) Ibid,, p. 99.

(40) Ibid., p. 46.

(41) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “La violencia sexual contra la mujer”, T. VI, Capítulo 1, pp. 280ss

(42) Al respecto véase: Ugarteche, Oscar: La arqueología de la modernidad. El Perú entre la globalización y la exclusión, Lima, Desco , 1998 , p. 76.

(43) Paradójicamente, durante la década de los noventa también la participación de las mujeres en los espacios de decisión política se vio incrementada, pues empezaron a ocupar cada vez más cargos políticos durante la dictadura de Fujimori. Ello, porque el ex dictador vio en la participación de las mujeres un capital de votos y un reconocimiento internacional bajo las banderas del anti-machismo y la equidad. Un dato representativo de esta participación es que durante el período fujimorista ocho mujeres se encontraron a la cabeza de distintos ministerios. Sin embargo, esta apertura no implicó una política democratizadora, pues mientras estas mujeres eran parte del engranaje de corrupción y violación constante de derechos humanos, había una gran cantidad de mujeres sumidas en la búsqueda de familiares desaparecidos que comenzaron a reconocer sus derechos por sentirlos mermados, conquistando su ciudadanía. Más detalle véase: Blondet, Cecilia: El encanto del dictador. Mujeres y política en la década de Fujimori, Lima, IEP, 2002, p. 20.

(44)Henríquez , Narda: Op. cit., p.372.

(45) En efecto, las víctimas de violencia sexual eran mayormente mujeres quechuablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas (36% ) o amas de casa (30%). Dicho de otro modo, fueron las peruanas más excluidas, y por lo tanto desprotegidas, las que sufrieron con mayor intensidad la práctica de la violación sexual.

En relación a la edad de las víctimas, puede decirse que éstas eran jóvenes, siendo la mayor incidencia en niñas a partir de los once años. La Base de Datos informa que la mayor parte de las víctimas de violación sexual registradas tenían entre 10 y 29 años de edad” . Ibid., p. 276.

(46) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Violencia y desigualdad de género”, T. VIII, Capítulo 2, p. 46.

(47) Informe Defensorial Nº 80. Op. cit., p. 59.

(48) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Violencia y desigualdad de género”, T. VIII, Capítulo 2, pp. 74ss.

(49) Informe Defensorial Nº 80. Op. cit., p. 44.

(50) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “Violencia y desigualdad de género”, T. VIII, Capítulo 2, p. 61.

(51) Coral , Isabel. “Las mujeres en la Guerra: impacto y respuestas”: Los senderos insólitos del Perú. Guerra y sociedad 1980 - 1995 , Lima, IEP / UNSCH, 1999, p. 347.

(52) Más información sobre esta organización puede encontrarse en el siguiente vínculo: http://www.dhperu.org/

(53) AA. VV: Abusaruwanku Violación de Mujeres: Silencio e impunidad. La violencia contra las mujeres en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima , Movimiento Manuela Ramos y COMISEDH-Comisión de Derechos Humanos, 2003, p. 24

(54) Género musical tradicional cuyas melodías transmiten sentimientos de tristeza y añoranza.

(55) Honda tradicional andina.

(56) AA. VV . Op. cit., p. 25

Publicado originalmente en: Eva Espinar Ruiz y Eloísa Nos Aldás (coords.) Género, conflicto y construcción de a paz. Reflexiones y propuestas. Revista Feminismo/s, nº 9, CEM, Alicante: Universidad de Alicante, junio de 2007.