Las víctimas en el derecho del siglo XXI: La constitucionalidad de la Ley Integral contra la violencia de género (II)

Hoy 22 de mayo, el Tribunal Constitucional español ha publicado en su página web el texto de la Sentencia dada en Madrid el 14 de mayo pasado avalando la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La prensa en general no se ha manifestado aún sobre el contenido de la Sentencia, salvo por ejemplo, La Vanguardia. LaGuachimana.org reproduce el texto de sus fundamentos jurídicos ya que, todo el texto de la Sentencia más los cuatro votos particulares están disponibles en la web del TC. Cabe recordar que la Ley Integral Violencia de Género ha estado generando polémica dentro del sector conservador del derecho, desde agosto de 2005, fecha en que se planteó cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 153.1 del Código Penal que regula dicha Ley.

Las víctimas dentro de una relación de pareja o tras dicha relación no habían sido consideradas como tales. En las relaciones conyugales la violencia ha sido considerada jurídicamente irrelevante. La razón y la objetividad de la ciencia jurídica no querían entrar en el ámbito doméstico porque se le ha infravalorado. En este espacio familiar, doméstico y emotivo se conservan más intactas las relaciones patriarcales. En este contexto, cabe resaltar algunas afirmaciones de este Tribunal: La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tiene como finalidad principal prevenir las agresiones que en el ámbito de la pareja se producen como manifestación del dominio del hombre sobre la mujer en tal contexto; su pretensión así es la de proteger a la mujer en un ámbito en el que el legislador aprecia que sus bienes básicos (vida, integridad física y salud) y su libertad y dignidad mismas están insuficientemente protegidos. Su objetivo es también combatir el origen de un abominable tipo de violencia que se genera en un contexto de desigualdad y de hacerlo con distintas clases de medidas, entre ellas las penales (...)

Tanto en lo que se refiere a la protección de la vida, la integridad física, la salud, la libertad y la seguridad de las mujeres, que el legislador entiende como insuficientemente protegidos en el ámbito de las relaciones de pareja, como en lo relativo a la lucha contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito, que es una lacra que se imbrica con dicha lesividad, es palmaria la legitimidad constitucional de la finalidad de la ley, y en concreto del precepto penal ahora cuestionado, y la suficiencia al respecto de las razones aportadas por el legislador, que no merecen mayor insistencia (Fj 8). Tal protección es protección de la libertad y de la integridad física, psíquica y moral de las mujeres respecto a un tipo de agresiones, de las de sus parejas o ex parejas masculinas, que tradicionalmente han sido a la vez causa y consecuencia de su posición de subordinación (Fj. 10).

Más adelante reproduciremos y publicaremos aquí los estudios constitucionales sobre esta decisión del máximo intérprete de la Constitución para coadyuvar a la eliminación de la interpretación sexista del derecho.

El texto de la sentencia: Sentencia del Tribunal Constitucional español avalando la constitucionalidad de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género