La fórmula de la patada en el Perú: Elogio a la violencia en democracia

El Presidente de Perú, Alan García, pidió a los altos funcionarios que echen "a patadas" a los miembros de la administración pública implicados en actos de corrupción o que aprovechen sus cargos para obtener beneficios personales. Así señala la noticia aparecida en la República. Añadió que, si estos fueran militantes apristas, que sea con doble patada (Perú21).

Al respecto, Alberto Adrianzén en su artículo “Disidencias. Dile no a la libreta militar” termina con una nota de denuncia sobre las expresiones de García que justifican la violencia y el autoritarismo en su Gobierno y dentro de la sociedad peruana. La citada nota dice:

Como ciudadano y demócrata de izquierda, rechazo las declaraciones del presidente García que señalan que hay que botar a patadas del Estado a los corruptos. Si bien soy enemigo de la corrupción y de la impunidad, considero que esas declaraciones conducen a reforzar una cultura autoritaria y violenta, por no decir fascista. Solo una persona que trata a patadas a otros, como lo demostró el presidente García hace unos años durante un paro nacional cuando pateó a un ciudadano, puede decir tamaña insensatez. No me extrañaría que la próxima vez diga que hay que tratar a patadas a la oposición y darle aceite de ricino como hacían los fascistas italianos

Tiene toda la razón Adrianzén y, cabe añadir que manifestaciones como éstas, viniendo del máximo representante político de un país democrático, deben ser sancionadas por el derecho. La responsabilidad en casos como éste debe ir más allá de lo político pues el castigo a la corrupción no debe ser trasladada alegremente al pueblo. Frente a la corrupción hay que aplicar el derecho y si no hay instrumentos jurídicos suficientes para erradicarla, es un asunto que los gobernantes deben saber resolver, para eso se les ha elegido y, para eso se presentaron a las elecciones políticas. El sistema jurídico no puede ser reemplazado por la “fórmula de la patada”. Con este discurso, García está atentando contra el estado de derecho pues en el contenido de sus expresiones hay un llamamiento al pueblo a utilizar la violencia. La apología a la violencia sea verbal o en cualquiera de sus formas debe estar proscrita en un estado democrático. Sus representantes políticos no sólo deben parecer democráticos sino serlos. Argumentos basados más en la violencia que en el respeto a la ley no favorece para nada ni a los políticos ni a la sociedad pero sí a la corrupción. Sancionar a la corrupción fuera del estado de derecho favorece a los corruptos y a la impunidad. El buen gobierno, es decir la gobernabilidad, implica una eficiente lucha contra la corrupción pues ésta es una de las causas de la pobreza. Y ya que tocamos el tema de gobernabilidad, nos preguntamos ¿qué pensará el potencial alumnado que quiere hacer una maestría sobre gobernabilidad cuando uno de los “académicos” desconoce el estado de derecho y los principios democráticos? Con sus afirmaciones, García como fundador del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres que ofrece estudios de postgrado sobre gobernabilidad, pone en evidencia su calidad académica; Esta forma de gobernar apelando a “las patadas” como forma de resolver problemas de la sociedad ¿formará parte del programa de estudios del postgrado? Urge resolver el problema de la corrupción creando mecanismos jurídicos eficaces para erradicarlo y éstos tienen necesariamente que incidir en la devolución del dinero del pueblo. Ya es hora de que un buen gobierno resuelva el problema de la corrupción, pero eso sí, dentro de un estado de derecho, reforzándolo y no fomentando el vacío de poder.