La constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género

Autora: Olga Fuentes

El pasado 14 de mayo, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avaló definitivamente la constitucionalidad de la que conocemos como “Ley Integral de Violencia de género”. Recordaré, para quien lo haya olvidado –la justicia es lenta-, que dicha Ley fue aprobada en 2004 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Conviene recalcar este matiz porque la pasada, no fue, precisamente, una legislatura marcada por el consenso, constituyendo éste uno de los contadísimos ejemplos en que se alcanzó.

Pues bien, aprobada la Ley integral con la solidez que le daba la unanimidad, también la práctica totalidad de Jueces y Magistrados llamados a aplicarla consideraron que podían y debían hacerlo por ser constitucional. 16 Jueces, sin embargo, de los 835 que tienen atribuida competencia para su aplicación, cuestionaron la constitucionalidad de la norma en un punto concreto: consideraron que la mayor pena con la que se castiga al marido (novio, pareja o “ex”) que agrede a su mujer podía vulnerar el Derecho a la Igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución. En todo caso, si a los 16 órganos jurisdiccionales comentados la ley les planteaba dudas de constitucionalidad, su decisión de elevar dicha cuestión al TC no puede ser en modo alguno criticable –no así, desde luego, el abuso demagógico y partidista a que, como consecuencia de ello, se ha visto sometida una Ley que ha estado siendo correctamente aplicada por el resto de órganos jurisdiccionales durante estos tres largos años -.

La sentencia del TC afianza, por fin, uno de los pasos más importantes –por no decir el más importante- que se han dado en el entendimiento de la violencia de género como consecuencia de la posición de desigualdad y de subordinación en la que, en nuestra sociedad y en nuestra concepción cultural del mundo, se ha colocado a la mujer por el mero hecho de ser mujer. Es cierto que nos encontramos ante una sentencia técnicamente deficiente, pero también es cierto que, en lo que al fondo se refiere, la constitucionalidad de la Ley queda solidamente afirmada.

La realidad es que, en el año 2007, los juzgados de Violencia sobre la Mujer han recibido 126.293 denuncias; si a ello se suma el hecho de que, según se estima, se denuncia tan solo entre el 5 y el 10% de las agresiones verdaderamente ocurridas, realizar de estos datos una interpretación meramente cuantitativa es continuar cerrando los ojos a una realidad hoy incontestable. De las muy diversas manifestaciones que puede revestir la violencia de género, la más frecuente y quizás la más grave, no solo desde un punto de vista cuantitativo sino también cualitativo, es aquella que padecen las mujeres en el ámbito doméstico y que no solo las convierte en víctimas de la agresión sufrida sino que va minando la concepción que tienen de sí mismas, anulándolas como personas.

¿Qué características confluyen en la violencia de género padecida en el ámbito doméstico para poder afirmar que es distinta de cualquier otro tipo de violencia hasta el momento sancionada por nuestro Derecho? En primer lugar, las agresiones que padece la mujer a manos de su pareja carecen de una motivación concreta o, mejor dicho, cualquier elemento puede convertirse en detonante de una agresión; este hecho convierte la agresión en imprevisible para la mujer que, a partir de ese momento, vivirá obsesionada con tratar de evitarla sin que ello sea posible… precisamente porque la agresión llegará sin necesidad de motivo alguno. En segundo lugar y, a diferencia de lo que sucede en otras agresiones, en todos estos casos, se generan lesiones psicológicas en las víctimas que, en la práctica totalidad de los casos devienen insuperables. En tercer lugar, la agresión del varón hacia la que considera “su” mujer siempre se ejerce de forma excesiva: en cualquier otra agresión imaginable, se utiliza la violencia necesaria para conseguir el fin perseguido pero como en el caso que nos ocupa no hay una finalidad concreta o, mejor, el fin perseguido es la sumisión, la paliza o la agresión se perpetúa mientras al hombre le queden ganas de pegar. A estas características hay que sumar que, tradicionalmente, la violencia ejercida contra la mujer no ha estado mal considerada socialmente. Ello ha generado cierta conciencia de impunidad en los agresores a quienes, todavía hoy, cuesta entender que no tienen “derecho” a pegar a su mujer.

Todas estas características que confluyen en la violencia padecida por las mujeres a manos de sus maridos, exmaridos, parejas o exparejas, no confluyen en ningún otro tipo de violencia que pueda darse entre dos personas. Ni en la bofetada que, eventualmente, una mujer pueda dar a su marido, ni en la paliza que eventualmente ese mismo marido pueda dar a su hermano, o a cualquier otro familiar. Lógicamente ello no quiere decir que esas agresiones no estén sancionadas. De hecho ya lo estaban. Simplemente quiere decir que se trata de un tipo de violencia diferente de aquellos otros que hasta ahora sancionaba nuestro Derecho.

Pues bien, en consonancia con nuestra tradicional forma de legislar, si una conducta es distinta de otras, merece una regulación específica y su inserción en el Código Penal; si además esa conducta es más grave que otras previamente existentes, merecerá igualmente una pena más grave. Eso, y no otra cosa, es que lo que hizo la Ley integral. Y eso, y no otra cosa, es lo que ahora el Tribunal Constitucional declara adecuado a la Constitución.

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario Información, Alicante, 31 de mayo de 2008. 

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