Hacia la plena ciudadanía

Autora: Eva Martínez

"Jamás se ha puesto en tela de juicio que las mujeres de los pobres deban bregar junto a sus hombres. Nunca se ha alzado una voz airada o compasiva para decir que las mujeres no han de romperse el espinazo en las faenas del campo, manchar sus manos con las escorias y pelar patatas. Sólo hay una objeción cuando la tarea es agradable, interesante o beneficiosa; el trabajo que cualquier ser humano puede considerar que merece la pena." Dorothy L. Sayers (1893-1957), de Unpopular Opinions

Sumario. I. Introducción. II. Planteamiento general. III. La paridad. IV. Combinar la vida personal, familiar y profesional. V. Educar en la igualdad. VI. Calidad de vida y mínimo vital. VII. Reflexión final.

I. Introducción

El título de mi ponencia quiere resaltar que todavía está pendiente la realización efectiva de la plena ciudadanía de las mujeres. Se ha avanzado mucho en el pasado siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero aún queda aspectos muy relevantes por conseguir. Los contenidos actuales de la normativa internacional, comunitaria, estatal y autonómica son condición necesaria, pero no suficiente, como veremos. Es preciso incluir cuestiones decisivas para hacer realidad la igualdad de mujeres y hombres tanto en la Constitución como en los Estatutos de Autonomía. Se haría así más visible la igual dignidad humana de cada persona y su igualdad en derechos. La inserción de las nuevas materias en las normas citadas contribuiría, sin duda, a llevar a la práctica la igualdad, transformando profundamente la organización social patriarcal para convertirla en una sociedad democrática avanzada que garantice a cada persona una digna calidad de vida, como propugna el Preámbulo de la Constitución española.

Para analizar todo esto, dado el tiempo de que dispongo, voy a hacer primero un planteamiento general de la cuestión (II), y después voy a referirme a varios objetivos que considero fundamentales, aunque no los únicos: la paridad (III), la posibilidad de combinar la vida personal, familiar y profesional (IV), la educación en la igualdad (V), y la relación entre calidad de vida y mínimo vital (VI). Por último, haré una reflexión final (VII).

II. Planteamiento general

Si bien antes de la implantación del Estado Constitucional la desigualdad era el principio ordenador de la convivencia humana, y por eso se consideraban legítimas las desigualdades basadas en el nacimiento, el sexo, la etnia, la religión, etcétera, después de la implantación del Estado como nueva forma de organización del poder político, el punto de partida para la articulación del mismo serán la igualdad y la libertad de todos los “hombres”. La mayoría de los teóricos del contrato social dejaron muy claro que la igualdad y libertad se referían sólo a la mitad masculina de la especie humana. El orden social patriarcal pasó a ser menos clasista, pero más sexista contra las mujeres. Como ya no podía usarse el argumento de la divinidad, el nacimiento o la clase social, se recurrió a la naturaleza para justificar la división entre la esfera privada y la pública. Las mujeres quedaron reducidas al ámbito doméstico y, dentro de él, subordinadas al padre, el marido, el hermano o el hijo, i.e., en el reino de la desigualdad, y fueron excluidas de la esfera pública, el territorio de la igualdad, poblado sólo por varones. La falacia naturalista aplicada a las mujeres es una construcción social más, humanamente creada y humanamente modificable. Es verdad que, al principio, los varones no propietarios quedaron fuera de la participación en el proceso político, pero en menos de cincuenta años consiguieron el derecho de sufragio activo y pasivo, sin que para ello hubiera que transformar el orden social, asentado en una profunda división sexista entre las responsabilidades familiares y domésticas atribuidas a las mujeres, que estaban excluidas de la educación superior, y el servicio militar y el trabajo fuera del hogar para los varones.

La defensa de la igualdad de los sexos del preilustrado François Poulain de la Barre, que en 1673 publicó De L´Égalité des deux sexes (1), fue ignorada. Como tampoco se tuvo en cuenta a Mary Wollstonecraft y su A Vindication of the Rights of Woman , publicada en 1792 (2), en la que polemizaba de modo muy brillante y refutaba los planteamientos sexistas de Rousseau. Ahora bien, nadie consiguió rebatir los argumentos de Poulain o de Wollstonecraft. No era posible desde los postulados ilustrados. La misoginia romántica pretendió argumentar en contra de las mujeres, pero la falta de base de sus afirmaciones es patente. Confunden el resultado con el punto de partida: la subordinación de las mujeres sería conforme a la naturaleza cuando no es más que una construcción social para defender y mantener el patriarcado (3).

El ordenamiento jurídico del Estado se organiza de acuerdo con esta errónea construcción filosófica y el derecho discriminará a las mujeres, las niñas y los niños, subordinados todos al patriarca de la familia. Durante todo el siglo XIX y comienzos del XX, a pesar de los escritos y de la acción de las mujeres y los hombres feministas, i.e., de las personas a favor de la igualdad de los sexos, la normativa continuará siendo contraria a la igualdad de derechos entre las mujeres y los varones (4). La situación se mantuvo hasta el profundo cataclismo que supuso la Primera Guerra Mundial. Salvo algunas excepciones, las mujeres conquistaron el derecho al voto y la capacidad civil para las mujeres casadas después de la Primera Guerra Mundial (5). Los gobiernos llamaron a las mujeres para que todo siguiera funcionando, pues los varones estaban en el frente. Las mujeres respondieron de modo admirable. Se hicieron cargo enseguida de tareas de las que habían estado excluidas y además se siguieron ocupando de sus familias, atendiendo a la infancia, a las personas mayores, enfermas o con discapacidad, y llevando a cabo las labores domésticas. La producción no sólo se mantuvo sino que aumentó, lo cual era muy necesario en una economía de guerra. Ya no se podía hablar de la supuesta falta de capacidad de las mujeres para desempeñar ciertas funciones o trabajar en determinados ámbitos. De nuevo ocurrió lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial, y, tras ella, en un intervalo más o menos largo según los países, lograron el derecho al voto en aquellos en los que aún no lo tenían (6). En cuanto a la capacidad civil de las mujeres casadas, con la excepción de Cataluña, donde las mujeres la disfrutaban desde el siglo XVII, no la alcanzaron en el resto de España y en otros países hasta el último tercio del siglo XX, habiendo diferencias temporales pronunciadas entre ellos (7). Todo ello demuestra lo difícil que resulta cambiar la mentalidad que estructura la sociedad patriarcal.

Después de la Segunda Guerra Mundial hay un hito fundamental, la creación de Naciones Unidas y la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948. La brillante pensadora, escritora y activista Eleanor Roosevelt, viuda del presidente norteamericano, presidió la comisión que la redactó y participó activamente en las discusiones. A su excelente labor se debe el que los derechos humanos que contiene fueran realmente así, i.e., derechos de las mujeres y de los hombres y no sólo de la mitad masculina de la especie, como ya había ocurrido con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Por eso la Declaración establece la igual dignidad humana y los iguales derechos de cada persona y prohíbe cualquier tipo de discriminación, mencionando expresamente el sexo. En el ámbito internacional, y como desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos el Convenio sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1952, que se refiere a la creación de las condiciones de igualdad para la participación política de las mujeres; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, que obliga a garantizar la igualdad real de mujeres y hombres; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, que establece determinadas medidas de protección a las mujeres para que éstas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres; la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, que exige la creación de medidas de acción positiva, incluso de carácter legislativo, para superar las discriminaciones. Es muy importante también la Declaración de Atenas, de 1992 , a favor de la democracia paritaria, i.e., del reparto del poder entre mujeres y hombres. A pesar de la clara redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de 1993, en Viena, tuvo que reiterar que los derechos de las mujeres y las niñas forman parte de los mismos. Hay que demostrar una y otra vez lo que es evidente.

En cuanto a la actividad de Naciones Unidas, el año 1975 se declara Año Internacional de la Mujer y se convoca la I Conferencia Mundial en México, que elabora un Plan de Acción para la década 1975-1985, el Decenio de la Mujer, y aprueba la celebración de una nueva conferencia cinco años más tarde para analizar los progresos realizados y reajustar los programas para la segunda mitad de la década. La II Conferencia Mundial tuvo lugar en Copenhague en 1980, y en esta reunión se reafirman los objetivos de Igualdad, Desarrollo y Paz, prestando especial atención al empleo, la salud y la educación de las mujeres. En 1985 se convoca en Nairobi la III Conferencia, donde se evalúan los logros del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Pero ha sido la IV Conferencia, celebrada en Beijing -o Pekín- en 1995, la que ha supuesto un mayor avance en la consecución de los derechos de las mujeres. En ella se aprobaron dos textos: la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Ambos documentos tienen como principal objetivo acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi y establecer una serie de medidas básicas que deberán aplicarse en los próximos cinco años. En junio de 2000 se inicia el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas bajo el título “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros (8), desarrollo y paz para el siglo XXI”, con el objetivo de revisar la Plataforma de Acción de Beijing, analizar los avances y obstáculos, y reflexionar sobre nuevas medidas e iniciativas (9). Y el 28 de febrero del año en curso se inició en Nueva York la revisión del cumplimiento de los compromisos para impulsar la igualdad de los sexos alcanzados en Pekín en el año 1995 y suscritos por 189 países. La conclusión es que ha habido avances, pero desiguales y más lentos de lo esperado: las mujeres acceden más a la educación o tienen mayor presencia en los parlamentos, aunque persisten las diferencias con los hombres; la pobreza ha aumentado (siete de cada diez pobres son mujeres) y el sida hace estragos entre la población femenina, sobre todo en el África subsahariana; y 129 países han adoptado medidas contra la violencia machista.

Por lo que hace al ámbito europeo, las acciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea, se han orientado a alcanzar la igualdad de mujeres y hombres desde el principio. El Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentes, de 1950, incorpora también la prohibición de discriminación a cualquier persona en el goce de estos derechos, mencionando el sexo como una de las razones especialmente vedadas. Además de las acciones comunitarias desde 1975, el Tratado de Ámsterdam, de 1996, considera la igualdad entre mujeres y hombres como misión de la Comunidad, i.e., como principio jurídico transversal que ha de impregnar todas las políticas comunitarias como expresión de la prohibición de toda discriminación por razón de sexo u orientación sexual. La transversalidad exige, además, la creación de medidas de acción positiva para equiparar a mujeres y hombres y se convierte en un elemento estructural de toda la política social de la Unión Europea y de los Estados miembros, tanto en el terreno de las relaciones de trabajo como en otros aspectos de la vida político-social. Asimismo, permite la adopción de medidas que aseguren la representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles de toma de decisión. Y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2000, prohíbe toda discriminación, señalando de modo específico al sexo y a la orientación sexual entre otras, y garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. En cuanto al Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, dispone en el artículo 1.2 que la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea (10); que deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución, y que el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas a favor del sexo menos representado (11); y también que en todas las acciones sobre las políticas y el funcionamiento de la Unión, ésta tratará de eliminar las desigualdades entre la mujer y el hombre y de promover su igualdad (12); tratará de luchar contra discriminación por razón de sexo, entre otras (13); llegando a prever que una ley o ley marco europea podrá establecer las medidas necesarias para luchar contra toda discriminación por razón de sexo u orientación sexual, entre otras (14).

Dentro de la Unión Europea tenemos, además, todas las políticas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. En síntesis, la Integración de la igualdad de oportunidades en las políticas comunitarias; la Estrategia comunitaria sobre la igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005); el Programa de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades (2001-2005). Sobre los aspectos financieros, el programa EQUAL: lucha contra la desigualdad y la discriminación en el mercado de trabajo; la Integración de la igualdad de oportunidades en el marco de los Fondos Estructurales; el Fomento de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres; los Informes sobre la igualdad entre mujeres y hombres, el último de 2004, etcétera (15).

En cuanto a España, Estado miembro de la Unión Europea y que forma parte de Naciones Unidas, la Constitución de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad el pluralismo político (art. 1.1). Afirma que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1). Como es sabido, la Constitución dispone que los derechos fundamentales y las libertades que reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2). En consonancia con la dignidad de la persona, prohíbe toda discriminación, señalando el sexo entre otras causas (art. 14), y para que esto se alcance en la práctica establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2). Queda pues meridianamente claro que la Constitución impone a los poderes públicos una labor muy activa para el cumplimiento de los objetivos que prescribe. No es algo que pueda elegir hacer o no hacer. Están constitucionalmente obligados a llevarlo a cabo.

Por su parte, los Estatutos de Autonomía han insertado en sus textos cláusulas idénticas o similares al artículo 9.2 de la Constitución. Algunos, como el de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura incluyen también como objetivo específico el logro de la efectiva igualdad de mujeres y hombres (16). En uno y otro caso, los poderes públicos autonómicos están desarrollando políticas para hacer real la igualdad: creación de institutos autonómicos de la Mujer, leyes, planes de igualdad, acciones concretas, etcétera (17). Todas ellas contribuyen al cumplimiento del mandato constitucional y estatutario, y también coadyuvan a la transformación de la sociedad en sentido no sexista contra mujeres y niñas. Asimismo, a escala local, también existen planes y experiencias concretas a favor de la igualdad de mujeres y hombres.

A pesar del profundo cambio que ha supuesto la implantación de la democracia en España para la igual dignidad humana y la igualdad en derechos de mujeres y niñas, y de toda esta ingente actividad de los poderes públicos, aún persiste la desigualdad, principalmente porque todavía pervive en la organización social y en la mentalidad de muchas personas la división por sexos entre la esfera privada y la pública. En los otros países europeos, en mayor o menor medida, también. ¿Qué ocurre entonces, qué es necesario para una transformación de la sociedad patriarcal en una sociedad democrática avanzada que garantice a cada persona una digna calidad de vida ? La cuestión es que para conseguir la igualdad real y efectiva, la normativa existente es condición necesaria, pero no suficiente. Hay que introducir nuevos contenidos en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía para hacer visible y reforzar el compromiso de todos los poderes públicos respecto de la igualdad de mujeres y hombres. Al mismo tiempo, su inserción en la norma fundamental y en las normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma, los convertirá en valores, principios y objetivos de obligado cumplimiento para toda la sociedad.

II. La paridad

La introducción de la paridad tanto en la Constitución como en los Estatutos de Autonomía es imprescindible para hacer visible en el Estado democrático la mixitud de la especie humana y el nuevo contrato social entre mujeres y hombres. La expresión general de la igualdad es la paridad, i.e., tomar como punto de partida que mujeres y hombres integran la especie humana, que es por lo tanto mixta, y que mujeres y hombres deben compartir el poder, pues poseen la misma dignidad humana, son iguales en derechos, y tienen una experiencia social diferenciada, que es muy útil tener en cuenta para organizar bien la sociedad democrática. En suma, se trata de compartir el poder para cambiar la vida. He aquí la legitimidad de la democracia paritaria. No se trata de ninguna cuestión metafísica o esencialista, pues no hay diferencias por sexos en el espíritu y la mente humanas.

La paridad de mujeres y hombres en el reparto del poder es la expresión de un universal, pues toda persona es mujer o varón, y, por lo tanto, no es discriminatoria (18). La excepción sería la persona hermafrodita, pero hasta que alguien no se defina como tal por poseer al cincuenta por ciento los caracteres físicos de ambos sexos, no puede tenerse en cuenta. Otros supuestos son particulares, ya que no todas las personas están dentro de todos ellos: hay muchas etnias, religiones, lenguas, situaciones de especial vulnerabilidad, etcétera.

Ya hemos visto como la normativa internacional, con la Declaración de Atenas , de 1992, y la comunitaria, la vienen exigiendo bajo la denominación de democracia paritaria o de reparto equilibrado del poder entre ambos sexos, que viene a ser lo mismo si se considera -como defiendo- que no debe haber más del sesenta ni menos del cuarenta por ciento de personas del mismo sexo. La interpretación de la paridad como un estricto reparto entre los sexos al cincuenta por ciento es difícil de llevar a la práctica, pues no siempre se hallará el número exacto de mujeres y hombres para hacerla realidad. Como la paridad es un concepto más cualitativo que cuantitativo, funciona muy bien con ese diez por ciento de margen. La paridad, además, debe insertarse en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en las leyes electorales autonómicas. En los órganos unipersonales se seguirá el criterio que ya se usa en Andalucía: si la persona titular es una mujer, el suplente será un hombre o a la inversa. En los órganos compuestos, por ejemplo, por tres personas, si dos son hombres en uno de ellos, en otro dos personas serán mujeres, etcétera, para equilibrar. Esto es factible en los órganos de instituciones como los Parlamentos, y debe incluirse en los Reglamentos de la Cámaras. Igualmente se compondrán de modo paritario los órganos estatales, los autonómicos y los estatales de participación autonómica. La enumeración sería interminable, pero como el texto de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía debe decir “en todos los órganos y en todas las esferas”, su ámbito de aplicación es de una claridad meridiana. El propio artículo 9. 2. de la Constitución española contiene un mandato a los poderes públicos para que creen las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas –como ya se ha mencionado-.

III. Combinar la vida personal, familiar y profesional

Antes que nada, una aclaración. Prefiero decir combinar a conciliar porque creo que la vida humana tiene múltiples facetas y, para que sea digna, es preciso poder disfrutar de todas, combinándolas de modo equilibrado y armonioso, en lugar de tener que hacer un esfuerzo sobrehumano, especialmente las mujeres, para poder conciliar lo que la sociedad ha construido de modo injusto y lesivo para la igual dignidad de cada persona y sus iguales derechos, como irreconciliable. Combinar es también la expresión que usa la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, en las versiones inglesa, francesa y española. La normativa europea emplea, en cambio, conciliar, y ésta es también la expresión que se usa en las políticas públicas españolas estatales y autonómicas. Propongo que en la reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía se incluya un artículo sobre esta materia tan decisiva y que se emplee la expresión combinar por las razones expuestas.

La pluridimensionalidad de los seres humanos, reducida por la sociedad patriarcal, ha hecho que las mujeres y los hombres preocupados por cambiar la vida para que ésta sea más justa y más hermosa para unas y otros, estén dedicando desde hace más de una década la atención que merece a esta cuestión clave de cómo organizar el ciclo vital. Digo bien, ciclo vital de las personas, al cual debe adaptarse el tiempo dedicado a la producción de bienes y servicios. Hasta que las mujeres empezaron a reflexionar sobre los tiempos y los espacios, el planteamiento era el contrario. Y de su adecuada solución depende acabar con la discriminación que sufren las mujeres, que las priva de un tiempo personal para ellas mismas, como sí tienen los varones, y las somete a una jornada interminable dentro y fuera del hogar.

Por eso este apartado de mi ponencia hace referencia expresa a esa vida personal, a ese tiempo para ellas a que tienen derecho las mujeres y que nunca se ha negado a los varones. Voy a hacer una breve reflexión general sobre todo esto para que quede claro por qué es necesario que exista un artículo dedicado a ella en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

La organización social del Estado constitucional se apoyó desde su implantación a finales del siglo XVIII en una doble base. De un lado, el trabajo de mujeres y varones pobres, con la diferencia de que ellas, además, tenían que trabajar en el hogar, cuidando a la infancia, a las personas mayores, enfermas o con discapacidad, sin horarios y sin descanso, sin retribución y sin reconocimiento social por su labor indispensable. Y para colmo, su trabajo fuera del hogar se pagaba menos. De otro, se hizo todo lo posible, legislación incluida, como la cita de Dorothy L. Sayers sintetiza muy bien, por apartar a las mujeres del acceso a la educación superior y de la dedicación a un trabajo u oficio gratificante para ellas, confinándolas en exclusiva a la esfera doméstica. Ya sabemos que ese es el "contrato sexual" no explícito del que habla Carole Pateman (19).

Su misión principal no era, como podría pensarse en un primer momento, únicamente la producción de bienes y servicios para el ámbito familiar y, ocasionalmente, para vender en el mercado, sino también algo que hasta no hace mucho no se valoraba lo bastante, el crear un entorno agradable, dulce y tranquilo para el varón, hacer que se sintiera emocionalmente seguro, y preparado para "enfrentarse al duro mundo exterior", configurado de modo tan desfavorable por ellos mismos. En suma, ser "el reposo del guerrero". Esto era lo decisivo para mantener la armonía en el hogar, pues al fin y al cabo las tareas domésticas y el cuidado de la infancia y de otras personas dependientes las podían hacer otras personas, como siempre había ocurrido en el Antiguo Régimen con las mujeres nobles, las cuales de modo muy sabio en muchos casos -recuérdese a Madame de Châtelet, eminente física y matemática, traductora de Newton, a quien Voltaire llamaba la "divina Emilia"- no dedicaban su tiempo a esos quehaceres.

De ahí el conjunto de construcciones filosóficas, la particular utilización de la biología, las teorías morales inventadas para tal fin, pretendidas razones de carácter médico -supuesta debilidad física y nerviosa, la cual, teniendo en cuenta la jornada interminable de las mujeres campesinas y las pobres, y el apoyo emocional que prestaban a sus familias era tan absurda entonces como hoy-, empleadas para inculcar a las mujeres que debían quedarse en el hogar. Todo ello junto con una de las invenciones más extraordinarias del siglo XIX, que sólo recientemente empieza a ser tenida cuenta. Me refiero, claro está, al llamado "instinto maternal", que no existe, como es obvio. Como tampoco el "instinto paternal", si bien éste no tuvo que inventarse. Hay personas que tienen vocación de madre o vocación de padre. Si hubiera instinto, no habría niñas y niños maltratados y asesinados por sus padres y madres. Según esa invención interesada en mantener un determinado orden social -como Aristóteles veía necesario mantener la esclavitud, pues los telares no tejían solos- la mujer tenía que dedicarse en exclusiva a la maternidad y dedicar todo su tiempo a sus criaturas. La otra cara de esta teoría era que al varón se le mutilaba emocionalmente, imbuyendo en él como positivas la dureza, la agresividad, etcétera; se le privaba de desarrollar su esfera íntima y de una relación más profunda y sana con su pareja y con su prole. Se negaba a las mujeres su individualidad -considerándolas a todas idénticas, sólo diferentes por su aspecto exterior-, el tener una voluntad propia, ser sujetos, ser autónomas, y se pretendía que redujeran su vida a plegarse a lo que el padre primero, y el marido después, decidieran para ellas. Pero se rebelaban, había cada vez más mujeres y hombres contra esta concepción de la vida y, por lo tanto, del trabajo.

Como las transformaciones sociales profundas son lentas, y suelen tener lugar a lo largo de tres generaciones, no es hasta después de un siglo del acceso de las mujeres a la educación superior, -lo cual supuso poder investigar, inventar posibilidades, pensar y repensar de modo crítico la realidad y plantearse su modificación de un modo factible para ambos sexos- es decir, a finales del pasado siglo XX, cuando comienza la reflexión sobre el reparto del tiempo y del espacio, tras la experiencia de la incorporación de las mujeres a trabajos gratificantes y del mantenimiento en la mayoría de los casos de la terrible realidad de la doble jornada, y de constatar cómo muchas mujeres se sentían culpables, sin motivo, claro está, por no poder pasar todo el día con sus hijas e hilos, como preconizaba la invención del "instinto maternal", lo cual, lo resalto una vez más, las mujeres pudientes de los siglos anteriores nunca hicieron, y no tuvieron remordimientos por ello. Y también empezaron a tenerse en cuenta las terribles consecuencias psíquicas, familiares, sociales, de la exclusión de los varones del ámbito privado, tan lesiva para ellos, pues el sexismo es negativo para unas y otros. El machismo y la violencia contra las mujeres se aprenden en la sociedad patriarcal, no son innatos (20).

Naturalmente, como las tareas domésticas y el cuidado a la infancia, a las personas mayores, a las enfermas y a las que tienen alguna discapacidad, son necesarios, y, afortunadamente, la esclavitud y la servidumbre ya han sido abolidas legalmente y llevadas a la práctica en el área geográfica en que vivimos, sólo queda desterrar socialmente la atribución en exclusiva a las mujeres de las mencionadas labores y la explotación de sus capacidades a que da lugar. Si bien a pequeña escala, el cambio ya se está produciendo y son cada vez más las mujeres que no se conforman y, por lo tanto, hay cada vez más hombres que comparten, es imposible lograrlo para toda la sociedad si no se adapta el tiempo del trabajo al tiempo de la vida, el ciclo llamado productivo al ciclo vital, más amplio y complejo, y no sólo reproductivo. Pues la inmensa mayoría de las personas no pueden elegir como distribuir su tiempo para tener una vida digna, para poder dedicarse a sí mismas -especialmente muchísimas mujeres- a sus familiares, amistades, participar socialmente, y para disfrutar del ocio y cultivar su espíritu, su mente y su cuerpo: leer un libro, ir a una exposición, dar un paseo, etcétera.

Por todo ello, la presión combinada de las mujeres y los hombres que, como avanzaba al comienzo, se interesan por contribuir de modo específico a la transformación social imprescindible para lograr calidad de vida para todas las personas, sobre todo para las mujeres que están sobrecargadas con la jornada interminable, está haciendo que esta cuestión se considere decisiva en una sociedad democrática. Es más, está empezando a valorarse y lo va a seguir siendo hasta que lo consigamos, como uno de los índices más importantes de calidad democrática, dentro del principio estructural de igual dignidad de cada persona humana, igualdad de derechos de mujeres y hombres, que debe impregnar la sociedad democrática avanzada que nuestra Constitución, como afirma en el Preámbulo, quiere establecer. Por eso, ya el Informe Intermedio de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación del programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000) se refiere a la necesidad de un nuevo pacto o contrato social entre los sexos para compartir las responsabilidades familiares. Este es el núcleo de la subordinación social de las mujeres, quiero resaltarlo una vez más, que las obliga a un constante apoyo emocional y al cuidado de sus familiares y, en muchos casos, los de su marido, y a una jornada agotadora, sin tiempo físico y mental para sí mismas.

De acuerdo con este pricipio de transversalidad o mainstreaming y en para cumplir los objetivos de Beijing+5, la Unión Europea elaboró la Estrategia marco sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (2001-2005), a la que el programa ofrece soporte financiero (21). Para abarcar todos los capítulos la Comisión estableció que en el año 2002 la prioridad sería la conciliación del trabajo con la vida familiar.

Como ya adelanté más arriba, se llega a la formulación de este concepto gracias a la reflexión de las mujeres, sobre todo las italianas, a principios de la década de los noventa del pasado siglo (22), cuando se dan cuenta de que aun si se comparten las responsabilidades familiares entre ambos sexos, la exigencia de calidad de vida para unas y otros choca con la organización social del trabajo remunerado, pensado para que el varón se dedique a él en exclusiva, dejando las demás tareas a las mujeres. El concepto de conciliación pone de manifiesto la aceptación por parte de las instituciones europeas y nacionales, de la interrelación entre espacios doméstico-privado y público y exige de todas las organizaciones y personas para avanzar en un proceso de cambio más igualitario (23). La conciliación queda recogida tanto en el III Programa comunitario para la igualdad (1991-1995), así como en el III Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de ámbito estatal (1997-2000). Expresión del compromiso con este objetivo son la Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, de 5 de noviembre. Asimismo de ámbito estatal es el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres para 2003-2006, aprobado el 7 de marzo de 2003, que dedica el Área 7 a la conciliación de la vida familiar y laboral. En cuanto a las Comunidades Autónomas, varias de ellas tienen Leyes y Planes de Igualdad que incluyen esta materia (24). La Ley y los Planes de la Comunidad Autónoma Vasca son especialmente buenos, porque hacen referencia a la vida personal, a la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y a la necesidad de desarrollar los servicios sociocomunitarios.

Si bien son un avance, hay que hacer mucho más. Puede parecer una tarea imposible, pero no lo es en absoluto, aunque sí difícil y muy compleja. Reducir la jornada laboral, tener horarios flexibles, disfrutar de la media jornada, del trabajo a tiempo parcial, de la semana laboral comprimida, etc., y, de otro lado, conseguir que todas estas modalidades no tenga efectos discriminatorios ni para las mujeres ni para los hombres y fomentar que éstos elijan estas formas de relación laboral para poder desarrollar las capacidades que hasta ahora se les negaban, es una obligación para los poderes públicos y para los diversos sectores de la sociedad española, ya que la inteligencia humana es asimismo social. La inteligencia creadora funciona inventando posibilidades, concibiendo e imaginando nuevas formas de organización de la convivencia humana, realizables desde el punto de vista material dado el nivel de desarrollo tecnológico, y exigibles desde el pensamiento y la acción para hacer realidad los valores, objetivos y derechos fundamentales reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico. Los poderes públicos estatales y autonómicos, junto con la propia sociedad, tienen por delante una ingente tarea que permitirá el logro de una digna calidad de vida para cada persona, como establece -lo resalto otra vez- el Preámbulo de la Constitución española.

La creación de una amplia red de servicios sociales es imprescindible, pues es lo que permite a cada persona –todavía hoy las mujeres en una inmensa mayoría- pueda tener tiempo para sí misma, cultivando su espíritu, su mente y su cuerpo o, simplemente, descansando (25). La jornada interminable lo hace imposible y esto es inaceptable porque es injusto y discriminatorio. Se ha estudiado que en Finlandia y los países escandinavos, que han llevado a cabo políticas públicas denominadas “personalistas”, las cuales parten de considerar a cada mujer y cada hombre como sujeto de derechos, han desarrollado una extensa red de servicios sociales que hace factible que cada persona pueda organizar su vida teniendo en cuenta sus diversas facetas como ser humano, y que también hace posible la atención a la infancia y a las personas dependientes. En cambio, en algunos países latinos en los cuales se ha querido ayudar a “la familia” en abstracto y no se han creado los servicios sociales necesarios, las mujeres siguen estando sobrecargadas de trabajo por sus responsabilidades en el cuidado de la infancia y de las personas dependientes, sin poder tener tiempo para sí mismas. Por eso, la red de servicios sociales es, sin ninguna duda, unas de las principales condiciones para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres (26) . Se trata, en definitiva –como dije más arriba- , de adaptar el tiempo productivo al ciclo vital de la persona. En la infancia necesitamos que nos cuiden, y también en la ancianidad, la enfermedad y las situaciones de discapacidad. El mundo del trabajo está organizado todavía hoy en gran medida para un varón adulto, sin responsabilidades familiares y domésticas, pues todo eso recae en exclusiva en la mujer. Como eso es injusto y discriminatorio para las mujeres, y además, irreal para ambos sexos, pues la persona no es siempre adulta y está siempre sana, debe cambiar con el esfuerzo de los poderes públicos y de toda la sociedad española.

Sería deseable y necesario incluir también todo esto en una futura Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres de ámbito estatal, y asimismo regular los permisos de paternidad como obligatorios. De esa forma se acabaría tanto con la discriminación que sufren las mujeres a la hora de buscar un empleo cuando se las interroga sobre sus planes personales, como con la que padecerían los hombres en muchas empresas si eligieran la opción de pedir un permiso de paternidad, y, además, se facilitaría a los padres que disfrutaran de sus criaturas y que pudieran asumir sus responsabilidades familiares y domésticas.

Una idea muy buena para acabar con los roles estereotipados por sexos (27) es la que se ha puesto en práctica en Holanda. En 1994 se empezó a enseñar en las escuelas públicas con carácter experimentar las tareas domésticas, llamadas “habilidades para la vida”, a chicas y chicos, con tan buen resultado que desde hace siete años se hace con carácter obligatorio.

V. Educar en la Igualdad

Ya hemos visto como para que la sociedad sexista contra las mujeres y las niñas se mantuviera era preciso elaborar un ordenamiento jurídico que estableciera una profunda desigualdad entre los sexos, lo cual se hizo sin dificultad dada la exclusión de las mujeres del proceso político. La educación se usó para inculcar y transmitir la supuesta inferioridad de las mujeres modelando la mente de las niñas y los niños en esa estupidez, puesto que no hay otro instrumento más decisivo para la formación de la personalidad. Y así se ha estado haciendo hasta que el largo y arduo trabajo del feminismo ha desvelado el carácter artificial de la sociedad patriarcal, ha puesto de relieve su injusticia constitutiva y ha conseguido que los poderes públicos supriman la desigualdad en la normativa internacional, comunitaria, constitucional y autonómica. Claro está que para formar a las niñas y los niños en la igual dignidad humana de cada persona y sus iguales derechos -el fundamento del ordenamiento jurídico del Estado democrático-, es imprescindible educar en la igualdad. Es evidente que si la educación ha sido el instrumento clave para crear y mantener el sexismo contra las mujeres, también lo es para abolirlo (28).

Para formar la personalidad de las niñas y los niños en la igualdad de los sexos es necesario, en primer lugar, ya en la escuela infantil y en la enseñanza primaria, implantar en sus mentes la idea de la igual dignidad humana de cada niña y cada niño, de que no hay un sexo más valioso que el otro. Y, en muchos casos, dado el entorno familiar y social, abolir en su psique la jerarquía simbólica más antigua y enraizada, tanto que parece natural : la de que el sexo masculino es superior al femenino. Esta construcción artificial, la cual atenta contra la igual dignidad humana de cada persona y su igualdad en derechos se les inculca –salvo excepciones- en la familia, en la escuela –antes de que los poderes público se propusieran acabar con el problema-, en el entorno social, los medios de comunicación, etc. De ahí que se construya la personalidad de unas y otros de modo diferenciado: unas para ser sumisas y dependientes, y otros para ser unidimensionales –volcados sólo en el trabajo- y ejercer el poder. El machismo no es innato, se aprende, y, por lo tanto, con una educación adecuada, puede eliminarse en la sociedad. Otra cuestión es que existan algunos individuos concretos que sean machistas, racistas, etc., pero éstos encontrarán rechazo hacia sus actitudes en una sociedad mayoritariamente no sexista y no racista.

La labor iniciada en los primeros escalones de la enseñanza se ha de continuar y profundizar, conforme al desarrollo gradual de la personalidad, en la secundaria. La educación para la igualdad hará aparecer como repugnante lo que hasta hace muy poco era la base indiscutible del orden social: la consideración de las mujeres como objetos propiedad de los varones de la familia y, por tanto, la autoridad ilimitada de ellos sobre ellas, que podía llegar al maltrato físico y psicológico y al asesinato para mantener inalterable ese principio. Por eso la violencia contra las mujeres es estructural en la sociedad patriarcal, y sólo con la destrucción de los fundamentos que la hacen posible podrá suprimirse como un componente esencial de la misma. De nuevo hay que decir que podrá haber de modo residual algunos individuos violentos contra las mujeres, pero encontrarán el contundente rechazo familiar y social y la firme aplicación de la ley.

En segundo lugar, es preciso imbuir de los valores humanos positivos a niñas y niños por igual, e instruirles en el rechazo de los negativos del mismo modo. Hasta hace muy poco se “feminizaban” ciertos valores y se “masculinizaban” otros para adiestrar a cada uno de los sexos en ellos de manera exclusiva, i.e., tenemos que acabar con los estereotipos sexistas, de manera que la cualidad que se consideraba adecuada o deseable para una mujer no lo era para un hombre y viceversa. Así, la sensibilidad, la dulzura, la ternura, la modestia, la obediencia, la sumisión ante el padre y el marido, la falta de iniciativa, de conocimientos, etc. se han tenido por muy necesarias en las mujeres e incluso se han presentado como naturales en ellas, valorando como desviaciones inadmisibles de la naturaleza femenina los rasgos del carácter que aportaban autonomía a la personalidad individual y que pugnaban por la formación del espíritu, la mente y el cuerpo de modo equilibrado. A los varones, en cambio, se les formaba para ser duros, independientes –en realidad por completo dependientes del ocultado mundo de los afectos en su vida privada-, firmes, rebeldes, agresivo incluso, autoritarios en la familia, con capacidad de iniciativa y teniendo que poseer el máximo posible de conocimientos. Cualquier rasgo de sensibilidad o ternura hacía que al varón se le considerara afeminado, lo cual era un estigma. Mientras que a la mujer se le hacía ver que su mundo habría de reducirse forzosamente a la familia, al varón se le preparaba para que su familia fuera la base tranquila que le sirviera de apoyo para la conquista del mundo.

Creo, por el contrario, que para formar bien la personalidad de las niñas y los niños habría que inculcarles lo que Bertrand Russell consideraba los rasgos decisivos del carácter ideal: vitalidad, valor, sensibilidad e inteligencia. No los considera únicos, pero sí los básicos. Y estaba convencido de que si se cuida como es debido de los jóvenes en los aspectos físico, emocional e intelectual, es posible lograr que estas cualidades lleguen a ser muy corrientes (29). En realidad, esos rasgos tan bien escogidos sintetizan cualidades como alegría, coraje, fortaleza, firmeza, audacia, ternura, dulzura, delicadeza, ponerse en el lugar de otras personas, respeto por las mismas, por los animales y la naturaleza, curiosidad artística, intelectual, científica y técnica, amor al saber, aspirar a la excelencia, etc. Es imprescindible que la educación tenga como uno de sus fines principales formar el carácter, conseguir que haya una mayoría de individuos equilibrados y armoniosos consigo mismos y con los demás, y, al mismo tiempo, fomentar la energía individual creativa de aquellas personas que tengan las capacidades para ello.

En tercer lugar, de acuerdo una vez más con la igual dignidad humana de cada persona y su igualdad en derechos para expresar su diferente personalidad, hay que dejar claro una y otra vez que las cualidades y los defectos son siempre individuales, que no van asociados al sexo, la etnia, etc. La educación, como es lógico, debe fomentar las primeras y corregir los segundos. Dicho así parece muy fácil, pero como sabe cualquier persona que se dedique a la enseñanza, es muy difícil. Para imbuir al alumnado de las cualidades adecuadas primero hay que estar convencida de ellas, luego llevar a cabo una tarea titánica por inculcarlas haciendo frente a todos los estímulos negativos que reciben niñas y niños, y, por último, para que se adentren bien en unas y otros es preciso eliminar eficazmente los prejuicios que las adscriben de manera predeterminada a uno u otro sexo. El propósito de la educación ha de ser el de formar seres humanos libres, responsables, autónomos y solidarios, lo cual significa entre otras cosas, suprimir la dependencia, la sumisión, el autoritarismo y la agresividad –que denota siempre una profunda inseguridad- en las relaciones interpersonales en general y entre los sexos en particular, porque son la raíz de la violencia contra las mujeres.

En cuanto a la transmisión de conocimientos, que va aumentando en profundidad y volumen de acuerdo con la edad de la persona, es asimismo imprescindible para educar en la igualdad tener en cuenta los logros de la especie humana, integrada por mujeres y hombres, en lugar de enseñar sólo los de los varones –con alguna excepción que parecería confirmar la regla-. Es necesario, por ejemplo, decir que fueron las mujeres las que inventaron la agricultura, que se ejercitaron en diversas artes y técnicas como las pinturas rupestres o la conservación de alimentos y la elaboración de tejidos (30), etc., que cultivaron también el espíritu, la mente y el cuerpo en las artes, las letras, las ciencias (31), que fueron exploradoras y apenas se habla de ellas (32); también en las armas (33), etc. En el pasado siglo se ha empezado a hacer algo en esta dirección, pero sería necesario en muchos casos rescribir los propios libros de texto (34) y que quienes se dedican a la investigación tengan en cuenta a toda la especie humana. Esto último es más difícil de conseguir de modo inmediato, pero para las siguientes generaciones, ya educadas en la igualdad, será algo obvio.

Por último, de modo gradual conforme a la madurez del alumnado, se le habrá de formar en valores constitucionales, derechos fundamentales, y, por tanto, en el valor fundamental de la igualdad de mujeres y hombres. Es muy importante poner de relieve la obligación de respetar ambos, dado que son normas jurídicas vinculantes para los poderes públicos y la ciudadanía. Hay que dejar claro que la sociedad democrática organiza la convivencia humana de acuerdo con ellos y de que no se admiten conductas contrarias a los mismos.

Por lo hace a la investigación, está claro que conforme a la transversalidad y a la evaluación del impacto de género, es necesario que la justificación de género haga aparecer las ventajas, consecuencias, problemas, etc. para cada uno de los sexos cuando se pretenda solicitar o desarrollar un proyecto de investigación.

Una vez más quiero resaltar que los poderes públicos estatales y autonómicos están trabajando para educar en la igualdad, llevando a cabo políticas públicas para eliminar el sexismo contra las mujeres y las niñas (35), si bien sería conveniente que para darle más fuerza normativa y realzar su importancia ese compromiso figurara en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, con la mención expresa a los tres objetivos expuestos aquí. Ello contribuiría a movilizar aún más a la sociedad española para alcanzar esta meta.

VI. Calidad de vida y mínimo vital

Ya he puesto de relieve la importancia de garantizar a cada individuo una digna calidad de vida como criterio para hacer posible la combinación de la vida personal, familiar y profesional de cada mujer y cada hombre, pero aquí quiero tener en cuenta el concepto desde otro punto de vista, aunque necesariamente relacionado y complementario del anterior. En el apartado III, el punto de referencia era el de las personas cuidadoras, en su inmensa mayoría hoy todavía mujeres, y ahora quiero poner el énfasis en los derechos de las personas en general y de las que estén en una situación de especial vulnerabilidad en particular, porque es justo, como es obvio, y también porque pone de manifiesto la persistente desigualdad social entre mujeres y hombres a la hora de llevar a cabo estas tareas imprescindibles.

Cada persona tiene derecho a una digna calidad de vida y para eso necesita tener un mínimo vital garantizado a través de los servicios sociales y, en un futuro breve –esperemos- también con la renta básica de ciudadanía. Este es un derecho individual y, por lo tanto, universal. Cada persona lo tiene sea de uno u otro sexo, origen étnico, lengua, edad, discapacidad, patrimonio, orientación sexual, etc. La cuestión relevante aquí desde la perspectiva de género es que, excepto las personas que puedan pagar estos servicios –una exigua minoría de la población- las demás dependen de que en su familia haya mujeres que las cuiden -en algún caso, una vecina- cuando están en la infancia, en la ancianidad, están enfermas o con discapacidad, etc. Si su familia no las atiende, han perdido a su familia de origen o no han formado otra, por ejemplo, estas personas estarían abandonadas, salvo que los poderes públicos estatales, autonómicos y municipales hayan desarrollado una amplia red de servicios sociales que pueda ofrecerles la atención que necesitan. Para que estas personas puedan tener calidad de vida -en muchos casos son mujeres que no pudieron cotizar a la Seguridad Social y sobreviven con una escasa pensión- necesitan contar con esa atención pública.

En España todavía hoy los servicios sociales son muy insuficientes, precisamente porque -como hemos visto- la división sexista del trabajo confinaba a las mujeres en la esfera doméstica, encargándoles en exclusiva el cuidado de sus familiares y, en muchos casos, de los del marido. El carácter profundamente patriarcal de la dictadura franquista, las condiciones de la transición y todo el despliegue de las falaces teorías neoliberales han hecho que todavía España presente una gran disparidad respecto a los países que fueron miembros de la Unión Europea antes que ella. Todo esto tiene que cambiar de modo urgente, pues muchas de estas personas son ya ancianas y padecen enfermedades (36). La Igualdad y No Discriminación como núcleo de la articulación político-jurídica del Estado social y democrático de Derecho y los derechos fundamentales que la Constitución garantiza así lo exigen, imponiendo un claro mandato a los poderes públicos en esta dirección.

Sin embargo, y de modo aún más profundo, todavía pesa la rémora de la división entre la esfera pública y la privada, siendo la primera el área del contrato, del acuerdo de voluntades –al menos en teoría, pues no es lo mismo la persona que emplea que la que está empleada- y la segunda siendo un ámbito supuestamente considerado natural donde las mujeres llevarían a cabo sus funciones naturales de cuidado a sus familiares y a los de su marido, llevó a situar estas tareas indispensables e interminables fuera del ámbito de la valoración, del reconocimiento y de la retribución sociales, siendo consideradas cuando se prestaban fuera de la esfera familiar simplemente como caridad y no como derechos sociales individuales y universales (37). Por la misma razón, todo el trabajo doméstico –sin horarios, sin vacaciones, sin descanso- tampoco se valora, reconoce y retribuye porque asimismo se consideraba una función natural de las mujeres. No se estudiaba, no se cuantificaba, quedaba fuera del PIB, hasta que mujeres y hombres de diversas áreas del saber están consiguiendo que se tenga en cuenta (38). La socióloga Mª Ángeles Durán ha calculado que las mujeres realizan dos tercios de todo el trabajo que se hace en nuestro país, lo cual es manifiestamente injusto y discriminatorio y, de nuevo, nos demuestra que las estimaciones del PIB están fuera de la realidad si no incluyen el trabajo doméstico.

Como la mentalidad social está empezando a cambiar gracias a la labor del feminismo, las mujeres y los hombres no sexistas quieren organizar la convivencia humana de otra manera para que cada persona pueda desarrollar su pluridimensionalidad como ser humano, sin verse reducida a una función predeterminada. Y, como exigencia de Igualdad y No Discriminación en aras de la justicia social, para que la mitad masculina de la población no viva a expensas del trabajo y de las tareas no valoradas, no reconocidas y no retribuidas de la mitad femenina, el núcleo de la subordinación social de las mujeres. Por todas estas razones, la existencia de una amplia red de servicios sociales enriquece la vida de las personas que los necesitan, en muchos casos mujeres que no tuvieron oportunidad de trabajar fuera del hogar, porque al mejorar su salud y sus condiciones de vida, también les deja tiempo y ocasión para las relaciones interpersonales, para que disfruten del arte y la cultura, impidiendo así el aislamiento y la depresión.

Aún así, el mínimo vital necesario para cada persona estaría mejor cubierto si, además, los poderes públicos estatales y autonómicos implantaran la llamada renta básica de ciudadanía, un salario universal, por tanto, individual, que la persona recibe por el mero hecho de existir, independientemente de con quien conviva y de si realiza un trabajo remunerado o no (39), tanto si es ciudadana como residente legal. Se ha estudiado que en los países desarrollados es factible económicamente para eliminar la marginalidad social. Lo han hecho en España Daniel Raventós y José Antonio Noguera. Está claro que no es una panacea, pero mejoraría la calidad de vida de muchas personas, especialmente mujeres, y quizá ayudara a disminuir el grado de violencia juvenil, en su mayor parte masculina. Sería bueno que, cuando las personas que la reciban no estuvieran estudiando o trabajando, tuvieran que emplear parte de su tiempo –unas horas al día o a la semana- en estudiar, formarse profesionalmente o llevar a cabo algunas tareas en beneficio de su barrio, lo cual las mantendría en buena forma espiritual, mental y física, y contribuiría a su integración social.

VII. Reflexión final

Como hemos visto, tras la implantación del Estado constitucional la convivencia humana se articula mediante la Constitución –y las normas a las que se remite- y el resto del ordenamiento jurídico del Estado. Ahora bien, las normas jurídicas son producto de una invención filosófica, pactada políticamente e inserta en las mismas. Si cambian las dos primeras premisas: la invención filosófica y el pacto político, ha de cambiar también el Derecho. De un contrato social entre varones propietarios con una división sexista del trabajo entre la esfera privada y la pública hemos pasado, gracias al movimiento feminista –entre otros factores- al reconocimiento y garantía de la igual dignidad humana de cada persona y su igualdad en derechos para expresar su diferente individualidad, que es siempre pluridimensional, pues no está predeterminada por el sexo, la etnia, etc.

Esta transformación fundamental es en nuestros días el punto de partida de la articulación de la sociedad democrática. Por eso, la paridad entre mujeres y hombres en el reparto del poder; el derecho de cada una y cada uno a combinar la vida personal, familiar y profesional, la educación en la igualdad para la eliminación psicológica de la mentalidad sexista contra mujeres y niñas; y el mínimo vital garantizado a cada individuo, deben estar en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, y, mediante su fuerza normativa y con la colaboración de toda la sociedad, hacerse realidad. Así cada persona podrá tener una digna calidad de vida, como propugna el Preámbulo de la Constitución española.

(1) Reeditada por Fayard, París, 1984

(2) Reeditada por Penguin, Londres, 1992.

(3) Vid. Celia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal , Barcelona, 1985; Amelia Valcárcel, La política de las mujeres , Madrid, 1997.

(4) Además de las obras de François Poulain de la Barre y de Mary Wollstonecraft; vid. del Marqués de Condorcet, Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía , Obras completas, edición de Arago, París, 1847-1849, vol. X; John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill, Ensayos sobre la igualdad sexual , (1869), Barcelona, 1973; Simone de Beavoir, El Segundo Sexo , (1948), Cátedra, Madrid, 1998; Kate Millet, Política sexual , (1969) Madrid, 1995; Paule-Marie Duhet,) Las mujeres y la revolución (1789-1794), Barcelona, 1974; Celia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal , Barcelona, 1985 y Tiempo de feminismo , Madrid, 1997; Celia Amorós (ed .), Feminismo y Filosofía , Madrid, 2000; Carole Pateman, The Sexual Contract , Polity Press, 1988; Fátima Mernissi, El miedo a la modernidad. Islam y Democracia , Madrid, 1992; Martha Nussbaum y Amartya Sen, The Quality of Life , Oxford Univ. Press, 1993; Alicia H. Puleo, Dialéctica de la sexualidad. Género y sexo en la filosofía contemporánea, Madrid, 1992; La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII . Condorcet, De Gougues, De Lambert y otros/as. Ed. de Alicia H. Puleo, presentación de Celia Amorós, Madrid, 1993; Amelia Valcárcel, Sexo y Filosofía. Sobre “Mujer” y “Poder”, Barcelona, 1991, Del miedo a la igualdad , Barcelona, 1993, y La política de las mujeres , Madrid, 1997; Sylviane Agacinski, Política de sexos , Madrid, 1998; Victoria Camps, El siglo de las mujeres , Madrid, 1998; Martha Nussbaum, Sex and Social Justice , Oxford Univ. Press., 1999; Elena Simón Rodríguez, Democracia vital. Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía , Madrid, 1999; Elena Beltrán y Virginia Maquieira (eds.), Silvina Álvarez y Cristina Sánchez, Feminismos. Debates teóricos contemporáneos , Madrid, 2001.

(5) Voto: Wyoming, 18 ; Finlandia, 1906; Noruega, 1913; Dinamarca, 1915; Islandia, 1915; Reino Unido, 1918 (mujeres mayores de 30 años) y en 1928, se igualó la edad electoral de ambos sexos; Irlanda, 1918; Austria, 1918; Alemania, 1920; Estados Unidos, 1920; Canadá, 1920; Suecia, 1921; Luxemburgo, 1919; España, 1931;

(6) Francia , 1944; Italia, 1945; Bélgica, 1948; Grecia, 1952; Suiza, 1971; y Portugal, 1976.

(7) Grecia, sin incapacidad; Austria, 1811; Reino Unido, 1882; Noruega, 1888; Estados Unidos, fines del XIX-comienzos del XX; Suiza, 1912; Finlandia, 1919; Suecia, 1920; Islandia, 1923; Dinamarca, 1925; Francia, 1938; Holanda, 1956; Irlanda, 1957; Bélgica, 1958; Luxemburgo, 1972; España, 1975; Portugal, 1976.

(8) Debería decir sexos.

(9) Vid. Meridiam , Revista del Instituto Andaluz de la Mujer, nº 19, dedicada monográficamente a dar a conocer lo ocurrido antes, durante y después de Beijing+5.

(10) Artículo 1-2. Valores de la Unión: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.”

(11) Artículo 83.

(12) Artículo 116.

(13) Artículo 118.

(14) Artículo 124

(15) Puede obtenerse todo ello en la dirección web de la Unión Europea.

(16) Andalucía, art. 12. 2; Castilla-La Mancha, art. 4. 3; Extremadura, art. 6. 2. l)

(17) Vid. Las mujeres y la experiencia autonómica , Eva Martínez Sampere (coord.), publicado por el Parlamento de Andalucía, ed. Comares, Granada, 2004.

(18) Vid. Sylviane Agacinski, Política de Sexos , Madrid, 1998; Eva Martínez Sampere, “La legitimidad de la democracia paritaria”, en Revista de Estudios Políticos nº 107, enero-marzo 2000, pp. 133-149; Democracia paritaria , monográfico de la Revista Meridiana , nº 15, cuarto trimestre 1999, en el que escriben Elena Simón, Rosa Sivianes, Soledad Alcaide, Julia Sevilla Merino, y Alicia Miyares; La democracia paritaria en el Parlamento Europeo . Propuesta de recomendación. Directora del proyecto: Paloma Saavedra Ruiz. Propuesta elaborada por el grupo transnacional de expertas coordinado por Teresa Freixes Sanjuán e integrado por Maria Lúcia Amaral, Alice Brown, Monique Leijenaar y Pia Locatelli. Documento adoptado en Gijón (1 de abril de 2001) en el Seminario “La democracia paritaria en las elecciones al Parlamento europeo”, en el marco del Programa “Las mujeres y la construcción europea”; Julia Sevilla Merino, Mujeres y ciudadanía: la democracia paritaria , Valencia, 2004.

(19) The Sexual Contract , cit.

(20) Vid. Luis Rojas Marcos, Las semillas de la violencia , Madrid, 1995; Marie-France Hirigoyen, El acoso moral . El maltrato psicológico en la vida cotidiana , Barcelona, 1999, y El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso , Barcelona, 2001; Miguel Lorente Acosta, Mi marido me pega lo normal , Barcelona, 2001. Prólogo de Victoria Camps.

(21) Puede obtenerse el Informe anual sobre la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Unión Europea en 2002, en: europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/mar/com0398_es.pdf. También puede conseguirse el Informe de 2004.

(22) Vid. Ana Rubio Castro, Feminismo y Ciudadanía , Instituto Andaluz de la Mujer, 1997, pp. 107 y ss.

(23) Vid. Foro Andaluz por un reparto igualitario del tiempo, IAM, 2002, p.27.

(24) Se pueden obtener en la red: google.es, y “conciliar la vida familiar y laboral”: Andalucía: Foro Andaluz por un reparto igualitario del tiempo , celebrado en diciembre de 2001, y el documento de trabajo publicado por el IAM, y el Decreto de Apoyo a las familias andaluzas, de otoño de 2002; Navarra. Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; Cataluña: Ley 6/2002, de 25 de abril, de medidas relativas a la conciliación del trabajo con la vida familiar del personal de las administraciones públicas catalanas y de modificació de los artículos 96 y 97del Decreto legislativo 1/1997; Castilla y León: Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres; Comunidad Autónoma Valenciana: Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalidad, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Comunidad Autónoma Vasca: III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad Autónoma Vasca, Enfoque de Género en las políticas públicas, que dedica el Área 7 a la conciliación de responsabilidades personales, familiares y profesionales, y la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; Guía de Buenas Prácticas de la Empresa flexible . Hacia la conciliación de la vida laboral, familiar y personal , elaborada por la Profª. Neus Chinchilla, el Prof. S. Poelmans, el Prof. C. León y el Prof. J. B. Tarrés, Comunidad de Madrid, Consejería de Empleo y Mujer. Se obtiene en Internet. Vid. también Las mujeres y la experiencia autonómica , Eva Martínez Sampere (coord.), Parlamento de Andalucía, Granda, 2004; Judith Astelarra, Veinte años de políticas de igualdad , Madrid, 2005.

(25) Vid. Marilyn Waring, Si las mujeres contaran . Una nueva economía feminista , Madrid, 1994; Paul Ormerod, Por una nueva economía . Las falacias de las ciencias económicas , Barcelona, 1995; Viçenc Navarro, Neoliberalismo y Estado de Bienestar , Barcelona, 1997, y Bienestar insuficiente , democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país , Barcelona, 2002.

(26) Convención ...., cit., art. 11. 2. c)

(27) Vid. Convención ...., cit., art. 5º.

(28) Sobre las carencias iniciales de la Ilustración y el proceso de gradual realización efectiva de sus postulados, todavía no completado, vid. Eva Martínez Sampere, “La Constitución y la Educación Mixta Igualitaria”, en XXI Revista de Educación, revista científica de ámbito internacional dedicada a las Ciencias de la Educación, Universidad de Huelva, Publicaciones, vol. 6, 2004, dedicado a Las Mujeres en la Educación.

(29) Education and the Good Life , Nueva York: Boni & Liveright, 1926, 60 y La Educación y el orden social, Barcelona, 1988.

(30) Vid. Riane Eisler, El cáliz y la espada , cit.

(31) Vid. entre otros libros, el de Giulio de Martino y Marina Bruzzese, Las Filósofas , Madrid, 1996; José Manuel Sánchez Ron, El poder de la ciencia , Sevilla, 1992; Historia de las mujeres , dirigida por Georges Duby y Michelle Pierrot, cinco volúmenes, Madrid, 1993.

(32) La monja Egeria fue la primera viajera, mucho antes que Marco Polo, y escribió El viaje de Egeria , Barcelona, 1994; Vid, por ejemplo, Jane Fletcher Geniesse, La nómada apasionada. La historia de Freya Stark, la última gran viajera , Barcelona, 2001; Cristina Morató, Viajeras intrépidas y aventureras, Barcelona, 2001; Son muchas y muy buenas. Hay diversas partes del mundo –zonas de Asia, África y América- en las que fueron las primeras personas europeas en llegar. Algunas, como Freya Stark –nombrada Dama del Imperio Británico-, escribieron de modo excelente además (ella, más de treinta libros de viajes); varias fueron miembros de la Real Sociedad Geográfica de Gran Bretaña, entre otras Gertrude Bell y ella misma; otras dieron su nombre a los animales y plantas que descubrieron, como Mary Kingsley, etc., etc. Y la inmensa mayoría demostraron con creces vitalidad, valor, sensibilidad e inteligencia.

(33) Catalina de Erauso, la monja alférez , intrépida viajera, exploradora y militar del siglo XVII; María Páez, que desarmó al rey Alfonso VII de Castilla, apodada la varona , dejó las armas cuando decidió formar una familia, y muchas otras, además de las famosas Agustina de Aragón y Juana de Arco; Águila Corredora fue la jefa de las partidas guerrilleras de los Pies Negros en las que participó, no una seguidora, vid. Adolf y Beverly Hungry Wolf, Los hijos del sol. Relatos de los niños pieles rojas , José J. de Olañeta, Editor, 1991, trad. Esteve Serra.

(34) Para una reflexión más amplia sobre la educación, vid. Eva Martínez Sampere, “Educar en la igualdad: las políticas públicas”, en el libro sobre el Curso de Introducción a los Estudios de la Mujer , dedicado a La Educación, organizado por la Universidad de Huelva durante el curso 2003-2004, pendiente de aparición.

(35) Vid. las diversas leyes y planes autonómicos y la propia Ley Integral contra la Violencia de Género; Las mujeres y la experiencia autonómica , cit; Veinte años de políticas de igualdad , cit.

(36) Vid. Viçenc Navarro, Neoliberalismo y Estado del bienestar, Barcelona, 1997, y Bienestar insuficiente , democracia incompleta , Barcelona, 2002.

(37) Vid. Nancy Fraser y Linda Gordon, “Contrato versus caridad: una reconsideración de la relación entre ciudadanía civil y ciudadanía social”, en Isegoría , Revista de Filosofía Moral y Política, nº 6, noviembre 1992, monográfico dedicado a Feminismo y ética (Edición de Celia Amorós).

(38) Vid Marilyn Waring, Si las mujeres contaran ..., cit.; Paul Ormerod, Por una nueva economía ..., cit.

(39) Vid. Daniel Raventós, El derecho a la existencia , Barcelona, 1999, y “El salario de toda la ciudadanía”, en la Revista CLAVES de razón práctica, nº 106, octubre 2000; Daniel Raventós (coord.), La Renta Básica. Por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna , Barcelona, 2001; Daniel Raventós y José Antonio Noguera, “La Renta Básica de Ciudadanía. Acerca de su justicia, el trabajo y la polarización social”, en CLAVES ..., nº 120, marzo 2002.

Este artículo fue publicado originalmente en: Congreso Internacional. Género, Constitución y Estatutos de Autonomía. Madrid, 4 y 5 de abril de 2005.