Género y ciudadanía, mujeres y Constitución

Autora: M.ª del Mar Esquembre

 

“¿el contrato constitutivo que se invoca como legitimación del orden moderno puede ser extendido a nuevos contratantes, o bien el irrumpir en escena de estos nuevos participantes impone pensar en un contrato radicalmente diverso?” *

Abordar el concepto de ciudadanía desde la perspectiva constitucional significa no sólo su consideración desde la vertiente política sino también desde el Derecho, desde la perspectiva jurídica, porque el Derecho sirve para perpetuar situaciones de poder, pero también para transformar la sociedad. El Derecho, además del principal instrumento de ordenación social conocido, es “un sistema configurador de formas de vida y de relación” o, lo que es lo mismo, “creador de modelos, de principios y de valores” (1), y la Constitución, como norma suprema, aparece como máximo exponente de ello. Si el Derecho, y, por tanto, la Constitución, regula las relaciones sociales, ello incluye las relaciones entre los sexos. Y, en este plano, el discurso jurídico (también el jurídico-político o constitucional) ha reflejado (cuando lo ha hecho) históricamente la idea de complementariedad de los sexos más que la de igualdad de éstos (2), única forma de “legitimar una subordinación en un mundo regulado ideológicamente por la igualdad” (3).

La inclusión del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo es relativamente reciente en los textos constitucionales contemporáneos (4) y se ha configurado como el cauce para el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y como sujetos de derechos. Sin embargo ni la consagración de la igualdad en las Constituciones ni su desarrollo normativo ha posibilitado la erradicación de la situación secular de desigualdad de mujeres y hombres, lo que equivale a afirmar que el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos no se ha completado.

En esta intervención sostendré la necesidad de reformar la Constitución a fin de incluir como sujetos políticos y jurídicos a las mujeres para posibilitar la configuración de las relaciones humanas en igualdad. Para ello, necesariamente, habremos de realizar un breve repaso a la historia del constitucionalismo situando el punto de partida en el momento del nacimiento del sujeto en el ámbito jurídico-político, que se vincula a una determinada forma de organización del poder político, social, económico y jurídico, o mejor, a las transformaciones que en esos ámbitos tienen lugar desde el Renacimiento, precursor de la Modernidad, hasta la actualidad.

1. EL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL: EL “HOMBRE” Y EL “CIUDADANO”

El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 sentaba los presupuestos básicos para que pudiese hablarse de la existencia de una Constitución:

“Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución”

El origen del moderno constitucionalismo es también, por tanto, el origen del sujeto, del sujeto individual. El análisis del proceso de aparición de este sujeto de los derechos permite identificarlo, en términos reales, como varón, de raza blanca y propietario (o, al menos, susceptible de serlo), caracteres de la burguesía, el sujeto político protagonista de las revoluciones liberales.

1.1. El sujeto individual, piedra angular del nuevo orden

El sujeto de Derecho, el sujeto jurídico, nace cuando desaparece la correspondencia entre realidad y norma y “se hace posible la igualdad formal” (5). El concepto de sujeto se trata de un concepto histórico generado “en el proceso de descodificación de la antigua sociedad estamental” (6). Este proceso vendría determinado, siguiendo a DE CABO, a partir de supuestos de carácter material o real, teórico-jurídicos y jurídico-positivos (7).

Así, entre los primeros supuestos, el citado autor señala las causas institucionales y socioeconómicas a las que se vincula el surgimiento del sujeto. En el plano institucional el origen del Estado moderno se corresponde con el origen del sujeto, del individuo, en la medida en que éste y aquel surgen por las mismas razones (8). Por lo que se refiere a las causas socioeconómicas, es la aparición del capitalismo la que posibilita el surgimiento del sujeto, pues sólo entre éstos es posible el intercambio (9). La igualdad formal entre sujetos (que permite ocultar la desigualdad real) se manifiesta pues como exigencia, como requisito funcional del sistema capitalista.

En cuanto a los supuestos teórico jurídicos, si bien se podrían situar los orígenes del individualismo moderno ideológicamente en el nominalismo del siglo XIV y su desarrollo en el Renacimiento, principalmente en la obra de Duns Escoto (10), son el iusnaturalismo y el liberalismo los que configuran el origen del sujeto moderno, siendo Kant el máximo exponente de su formulación filosófico-jurídica. La definición del Derecho de Kant dimana de sus ideas de la autonomía de la voluntad y del reino de los fines o comunidad ética, articulándose, por tanto en torno al sujeto, pues define el derecho como “el conjunto de condiciones por las que el libre arbitrio de uno puede concordarse con el de los demás según una ley general de libertad”. El Estado de Naturaleza presupone la existencia del sujeto, a partir del cual surge, mediante pactos y como su garantía, no sólo el Estado, sino el Derecho tanto público como privado.

Para Kant la libertad ética interior de cada ser humano, para manifestarse como tal libertad, necesita exteriorizarse. Y ello sólo es posible si dicha libertad se puede proyectar sobre una “cosa”, que para Kant, coincidiendo con las tesis liberalistas de Locke, es la propiedad (sobre todo la del suelo) (11). Así, la idea de sujeto va inescindiblemente ligada a la propiedad “como condición de autodeterminación de la existencia y de la relación con los otros (propietarios) de manera que la propiedad es una determinación necesaria del proceso de identificación del yo y del desarrollo de su individualidad” (12). Así, pues la identificación entre individualidad y propiedad será la piedra angular sobre la que pivota la teoría política de la modernidad, de tal forma que el Derecho y el Estado nacen de la propiedad para hacerla posible, para garantizarla, configurándose ésta como un “principio de organización social” (13).

Por lo que se refiere a los supuestos jurídico-positivos, se produce la positivización del sujeto tanto en el ámbito del Derecho Público, a través de las Declaraciones de Derechos, como en el del Derecho privado, a través del proceso de codificación (14).

La virtualidad de la Declaración de Derechos de 1789 es, de un lado, la configuración jurídica de la persona individualmente considerada como sujeto universal de derechos (aunque esta universalidad formal cede cuando se trata de conformar la voluntad de la colectividad, cuando ha de expresarse el cuerpo de todos los ciudadanos con una sola voz), y, de otro, supone el establecimiento de la separación entre la esfera privada de las personas (derechos) y la del Estado (división de poderes) (15).

Respecto del Derecho privado, interesa destacar cómo se perfila la subjetividad jurídica en los códigos civiles principalmente a través de la formulación de la personalidad jurídica y capacidad jurídica que hace posible “la igualdad formal, un concepto de propiedad “despersonalizada” (estrictamente económico en cuanto se configura al margen de todo vínculo personal y por consiguiente “libre” y objeto de cambio) y una disponibilidad sobre sí mismo (sobre su trabajo) de manera que su despliegue como sujeto le permite, sin dejar de serlo, ser también objeto”. Formalizados objeto y sujeto de esta forma, la figura del negocio jurídico aparece como expresión normativa de la relación, del acuerdo entre sujetos y se caracteriza principalmente por su permisividad en el sentido de valorar dicho acuerdo por su mera existencia, es decir, “con un carácter abstracto formal, que no tiene en cuenta ni la cualidad del sujeto ni la del objeto de la relación”. Así, mediante estas abstracciones se formaliza un sujeto que “no sólo oculta y elude las desigualdades y por tanto el conflicto real, sino que lo que hace fundamentalmente es impedir que la desigualdad, el conflicto (que es intersubjetivo) se traslade al orden jurídico político” (16).

Recapitulando, la correspondencia entre norma y realidad se rompe a través de dos construcciones que hacen posible la igualdad formal y permite la aparición del sujeto jurídico individual en dos dimensiones o ámbitos: en el ámbito privado (mercado) mediante la capacidad jurídica y de obrar (reconocimiento de la autonomía de la voluntad, capacidad para contratar y para ser propietario), y en el ámbito público (ámbito de decisión y exigencia de derechos) a través de la ciudadanía. Su diseño, estructurado en torno a la propiedad, impide que las desigualdades reales entre individuos (conflictos) se trasladen al Derecho.

Hasta el momento hemos hecho referencia al surgimiento del sujeto, del individuo, sin tener en consideración su sexo y obviando la construcción social del género. Incluir esta perspectiva desvela la exclusión de las mujeres de este concepto de sujeto si tenemos en cuenta que esta ruptura entre norma y realidad no se produce en el ámbito en el que se había recluído a las mujeres y que denominaremos como el ámbito doméstico o “privado-privado”.

1.2. Los “iguales” y las “idénticas”. Separación de espacios según el sexo/género y negación de la subjetividad jurídica a las mujeres (17)

Afirmábamos más arriba que el nacimiento del sujeto jurídico es posible cuando desaparece la correspondencia entre realidad y norma. Y, en efecto, con la modernidad y las revoluciones liberales, esta ruptura se produce en todos los ámbitos salvo en uno: aquél más íntimo en el que la relación entre los sexos es presupuesto de su existencia a través de una institución secular: el matrimonio. En este ámbito no se produce transformación alguna, salvo una mayor definición o delimitación del mismo, si bien a costa del surgimiento de no pocas contradicciones que, no obstante, lejos de suscitar viva polémica, son interesadamente ocultadas, ignoradas.

Efectivamente, cuando apuntábamos las causas de carácter material o real que determinaron el proceso de surgimiento del sujeto jurídico nos referíamos a la eliminación del “privilegio jurídico” como elemento definidor del antiguo sistema estamental. Sin embargo dicho privilegio no desaparece en las relaciones entre los sexos y se mantiene por los hombres sobre las mujeres (18). Ello permea el resto de aspectos, en mayor o menor medida, aunque tendrá en el futuro a medio plazo una importancia crucial en el plano socioeconómico, como veremos más adelante.

Por lo que se refiere a los supuestos teórico-jurídicos, la exclusión de las mujeres como sujetos individuales y libres tiene su anclaje en su exclusiva adscripción-identificación con la naturaleza que es inferior a la razón (cualidad exclusivamente masculina) y a la cual ha de plegarse (19). No es más que la justificación de lo que Carole Pateman definió como el contrato sexual , presente ya en el estado de naturaleza y previo, por tanto, al pacto de la sociedad civil, que sólo se realiza entre los varones, igualmente libres (20).

Finalmente, en cuanto a los supuestos jurídico-positivos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano supondrá la consolidación de dos esferas: pública y privada, separando así la sociedad civil de la sociedad política. De la esfera pública quedarán las mujeres excluídas, en la esfera privada se las mantendrá en una situación de dependencia (21). Ello permite intuir la existencia de otra esfera dentro de esta última, de otro espacio, en el que se articulan las relaciones entre los sexos desde un principio de jerarquía: el espacio doméstico (o privado-privado, o vital) (22).

La exclusión de las mujeres de la ciudadanía no estuvo exenta de polémica, pues suponía la negación misma y sin justificación de los supuestos de la razón ilustrada que habían hecho posible el proyecto emancipador del individuo. Así lo puso de manifiesto la revolucionaria Olympe de Gouges, con su original contribución a la Declaración francesa de derechos (23), o Condorcet, cuando sostenía como exigencia de la razón la equiparación del estatus jurídico de mujeres y hombres:

O bien ningún individuo de la especie humana tiene verdaderos derechos, o bien todos tienen los mismos derechos; y quien vota contra el derecho de otro, sea cual fuere su religión, su color o su sexo, reniega en ese mismo momento de los suyos(24)

Y frente a los argumentos que asentaban la imposibilidad de las mujeres de ejercer como ciudadanas en una incapacidad natural derivada de su capacidad de reproducción argüía:

¿Por qué los seres expuestos a embarazos y a indisposiciones pasajeras no podrían ejercer los derechos de los que jamás se ha soñado siquiera con privar a quienes padecen de gota todos los inviernos o a quienes se resfrían fácilmente?(25)

No obstante esta situación se legitimó desde el ámbito científico, religioso y filosófico mediante la construcción de un concepto de “mujer” complementaria y absolutamente funcional al nuevo hombre (libre e igual a sus semejantes), otorgándole nominalmente el apelativo de “ciudadana”, pero con un significado radicalmente distinto, tal y como se aprecia en el Emilio de Rousseau:

Cultivar en la mujer las cualidades del hombre y descuidar las que le son propias, es trabajar en detrimento suyo...Creedme, madres juiciosas, no hagáis a vuestra hija un hombre de bien, que es desmentir a la naturaleza; hacedla mujer de bien, y de esta forma podréis estar seguras de que será útil para nosotros y para sí misma.(26)

Respecto del Derecho privado, y por lo que a la capacidad jurídica se refiere, ésta viene atribuida no sólo por un criterio de madurez moral (27), sino en función del sexo, pues las mujeres quedarán excluidas de la misma y su estatus se definirá como hijas, esposas o madres, es decir, “en relación con el hombre, único verdadero sujeto de derecho” (28). Al ser la “dependencia el estado natural de las mujeres” (29) , son incapaces de comportarse como sujetos autónomos de sus actos, lo que, a sensu contrario, significa la imposibilidad de ser consideradas como sujetos de derecho (30). La autoridad marital se considera conforme al derecho natural y así se consagra en el Código civil napoleónico de 1804, que no supone más que una amalgama de Derecho romano y máximas consuetudinarias de inspiración germánica (31), configurando a la mujer como propiedad del hombre cuya tarea fundamental es la producción de hijos (32). Así, las relaciones entre los sexos se han articulado históricamente en torno a prácticas que, en la sociedad, marcan el camino de la diferencia sexual: el matrimonio y la procreación (familia) (33).

2. EL CONSTITUCIONALISMO DEL ESTADO SOCIAL

La ciudadanía, pues, nace con el Estado liberal de Derecho y su titularidad se amplía con los movimientos revolucionarios de los siglos XIX-XX. Pero no podemos hablar de Estado democrático porque se trata de una democracia formal, es decir, se amplía el elenco de sujetos (todos los varones, sin distinción de capacidad económica ni de raza) llamados a actuar en el ámbito público, en la toma de decisiones, pero no va más allá, pues el contenido del pacto social (homogéneo) permanece inalterado.

Mientras tanto, la industrialización es el vehículo en el que el sistema capitalista avanza, transformando radicalmente la totalidad de las relaciones sociales, en especial las relaciones en el denominado ámbito doméstico, perfilando los sujetos políticos que serán protagonistas del pacto constitucional contemporáneo.

2.1. La industrialización y sus efectos: las bases del futuro “Estado del Bienestar”

Cuando en el s.XIX la industrialización ocupa gran parte de la producción que antes dominaban las familias, se produce una más tajante división entre el ámbito público y el privado que la que existía desde la época revolucionaria. Como afirma Nicholson, “la condición indispensable de la industrialización está en que la producción de bienes deje de ser una actividad familiar organizada en función de las relaciones de parentesco” (34), por lo que si la separación entre lo político y lo económico es imprescindible para una economía de mercado, también resulta esencial a su desarrollo la separación entre lo económico y lo doméstico. De esta forma, las mujeres permanecen en este último ámbito, ajenas al mercado. El ámbito doméstico, pues, queda así “subordinado al mundo de la producción para el intercambio y el beneficio” (35).

Eso no significa que las mujeres no accediesen al mercado de trabajo, pero sí que no lo hacen en las mismas condiciones que los varones. La nueva economía industrial requiere de la máxima disposición de tiempo para dedicarlo a la producción y, huelga decirlo, las mujeres no dispondrán del mismo tiempo que los varones debido a sus “obligaciones naturales” de cuidado del hogar y de la familia (36). En este contexto hay que entender las reivindicaciones obreras por la consecución del denominado “salario familiar” (37), si bien éstas también deben explicarse en el contexto de la lucha de clases desde la perspectiva de género. Las aspiraciones de la clase obrera por mejorar su nivel de vida tienen como modelo el de la burguesía y es a ésta, precisamente, a quien se asocian las normas dominantes de género (38), de tal forma que la adecuación a las mismas se asimila a un ascenso en la posición social, de acuerdo con la “teoría de la clase ociosa” según la cual los hombres mostrarían su estatus a través de sus mujeres (39).

Como sostiene Jennings “la asociación de la mujer con la familia y la del hombre con la economía de mercado forman el pilar que sostiene la distinción de género desde el siglo XIX” (40). No en vano, Adam Smith, el padre de la teoría económica convencional, ya sustentaba esta en una dicotomía: egoísmo en el mercado y altruismo en la casa, en la familia (41). Ello supone que el hombre, como “cabeza de familia”, es el gozne que une ambos ámbitos. El hombre, de forma absolutamente altruista, decide lo que es mejor para su familia. De esta forma la familia puede ser tratada, en términos económicos, como un agente individual en el mercado.

2.2. La Constitución del Estado social: un nuevo pacto incluyente…sólo en apariencia

El constitucionalismo posterior a la II Guerra Mundial supuso el robustecimiento de las estructuras del Estado de Derecho, convirtiendo a éste en Estado Constitucional, adquiriendo ahora la Constitución un significado diferente al del periodo del primer constitucionalismo. Las constituciones de postguerra normativizan la nueva forma de Estado, que es ahora el Estado social. A él se llega como consecuencia de la extensión de la representación política y de intereses (de clase) que concibe ahora al Estado no como un ente Soberano, sino como el lugar idóneo donde se produce la mediación, por medio de las instituciones de participación política de naturaleza tanto directa como representativa, entre los diferentes intereses presentes en la sociedad, una vez probado que el mercado, por sí solo, no produce esa mediación (42), no garantiza un acuerdo entre los diferentes intereses, sino que lo que realmente produce es el sometimiento de unos intereses (los del capital) a otros (los del trabajo).

La Constitución del Estado social, supone la juridificación del conflicto de intereses presentes en la sociedad, se reflejan en su contenido los cambios en las relaciones sociales generados por el capitalismo, presentándose como un pacto o acuerdo entre el Capital y el Trabajo. Las constituciones de postguerra recogen así tanto supuestos del Estado liberal (derecho de propiedad, economía de mercado) como supuestos del Estado social (derechos laborales y otros de justicia social). Un pacto que, sin ser agradable para el capital, le permitía, no obstante, asegurarse la pervivencia de su modo de producción.

Ello conlleva un cambio no sólo de las estructuras políticas (43) sino, principalmente, de las jurídicas: la supremacía normativa y la rigidez constitucional son las garantías jurídicas de la pervivencia del pacto constitucional (constituyente) entre capital y trabajo, aseguradas por nuevos órganos de justicia constitucional.

Así, con el advenimiento del Estado Social, que se concreta de forma generalizada en las Constituciones posteriores a la II Guerra Mundial, se renueva el pacto o contrato social entre sujetos que se reconocen tanto en el ámbito público (Estado) como en el privado (mercado: derechos ligados al Estado social). Las Constituciones propias del Estado Social pueden ser consideradas como las verdaderas Constituciones (normativas) porque suponen un marco jurídico integral de la sociedad. Son precisamente estas Constituciones las que permiten que ciertas desigualdades existentes en la realidad queden reflejadas en ellas, trasladándose, de esta forma, el conflicto al Derecho a través de la consagración en los textos constitucionales de los derechos sociales que, en la mayor parte de los casos, implica el reconocimiento de las relaciones privadas (entre individuos) como una relación de clase. Las Constituciones del Estado Social suponen la juridificación de la interrelación de clase, pero excluyen cualquier otra situación en que puedan encontrase los sujetos y cualquier otro tipo de relación entre los mismos (44).

En este supuesto el concepto de ciudadanía deja, parcialmente, de ser una categoría jurídico formal en la medida en que el criterio de igualdad formal se compensa o corrige con un criterio de igualdad material, que tiende a corregir la disparidad de posiciones individuales en la sociedad (que no de intereses), intentando una igualdad de oportunidades. Se define así la ciudadanía, en el interior del Estado, como un estatuto legal de igualdad (real) de derechos y deberes, aunque la situación de igualdad real sigue siendo un objetivo no alcanzado, puesto que apenas alcanza a la categoría de trabajador (45). No fructificó, en este aspecto, la idea de ciudadanía definida por Marshall como conjunto de derechos y deberes que va unido a la pertenencia plena a una sociedad, estando por definición dicha condición separada de las contingencias del mercado (46).

Pero ello supone que la parte de ámbito privado que pasa a tener consideración pública (con su consagración constitucional) se hace tal y como había quedado conformado ya en el XIX: a costa de la existencia del ámbito doméstico. Si afirmábamos, con Fraisse, que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 consagró la división del espacio público y privado, podríamos decir que las constituciones del Estado social consagran la división entre éstos y el denominado “doméstico” (o “vital”) (47).

Es funcional al mantenimiento de ese pacto (sobre todo por lo referente a la esfera privada del mercado) la subsistencia de las condiciones que permiten la vigencia del mismo. De esta forma, o bien permanece ignorado para el Derecho el ámbito privado-privado (el de la vida cotidiana o comúnmente denominado doméstico ), de tal forma que hay una ausencia de regulación o bien se consagran las diferencias en el Derecho, asegurando la sujeción de las mujeres en el ámbito doméstico. Al ignorar esta realidad o reflejarla como tal en la norma no se puede hacer posible la igualdad formal, pues la correspondencia entre realidad y norma o bien es ignorada o bien subsiste (48).

Por tanto, respecto de las mujeres esta correspondencia no desaparece. Sigue subsistiendo la correspondencia entre norma (no jurídica, sino social) y realidad, es decir, a las mujeres se les atribuye una categoría estamental (49). Las mujeres poseen una capacidad jurídica limitada en lo que se refiere al ámbito privado y ello, precisamente, hace que ya en este ámbito, se consagre normativamente la desigualdad respecto de los hombres. Desigualdad que, lógicamente, traspasa al ámbito público, impidiendo el acceso de las mujeres a la ciudadanía en sentido amplio hasta bien entrado el siglo XX (50).

Así, a pesar del principio de igualdad formal, se acentúa la división (mayor separación, alejamiento) entre el ámbito público y el doméstico y eso precisamente es lo que hace posible el pacto interclase al que da origen el denominado Estado del bienestar (51) y abunda en la teoría de la complementariedad de los sexos en que históricamente se ha basado la familia tradicional a través del matrimonio (institución garantizada constitucionalmente). Son las familias (entiéndase las mujeres) las que asumen obligaciones, servicios y cuidados, en definitiva prestaciones sociales que deberían ser responsabilidad pública. Las tareas de asistencia social (cuidado de niñas, niños, personas enfermas y/o ancianas) que constituyen unas necesidades mínimas de bienestar se hacen descansar en las familias, es decir, en las mujeres. La emancipación de las mujeres no es más que un mito si persiste la desigualdad privada. Y ello pasa por la reformulación del pacto fundante, de nuevo, del Estado, esta vez sí, social (52).

3. CIUDADANAS, SÍ, PERO SÚBDITAS, TAMBIÉN

Las mujeres hemos tenido que “encajarnos” en el principio de igualdad formal, representado por la ciudadanía, tal y como se recoge en nuestras constituciones. Pero la ignorancia de una parcela de la realidad a la que históricamente se nos ha adscrito a las mujeres (ámbito doméstico) provoca que nuestra participación en el proceso de toma de decisiones (y, por tanto, en la configuración de derechos) sea limitada y claramente insuficiente para acabar de conformarnos como sujetos de derechos (53).

No se puede ignorar la rémora que supone nuestra reclusión en el ámbito privado-privado (54), pues tanto el ámbito público como el privado (entendido como el mercado y el ámbito de las relaciones sociales extrafamiliares) ya están conformados con arreglo a unas pautas (masculinas) que no hemos podido diseñar pero hemos tenido que aceptar y adoptar y a las que se nos conmina a adaptarnos (55). Así, mientras se proclama la ciudadanía de las mujeres en lo público, seguimos siendo con frecuencia súbditas en lo privado (56).

El principio de igualdad formal y no discriminación ha sido la brecha que se ha abierto para incluir en el pacto a otras relaciones entre individuos más allá de la clase. Ello ha provocado un desbordamiento de los sistemas sociopolíticos occidentales y democráticos, pues ha sido el resquicio por el que los sujetos “no esperados, incluso de no llamados (...) se han colado casi a hurtadillas por las puertas abiertas de los estatutos de ciudadanía, y que se hallan aún en fase de acomodo. Mientras tanto, se les mantiene en precario y se les subsidia para que sobrevivan, pero se les acusa de su retraso en la integración plena. Se les distingue cuando obtienen un logro importante contra viento y marea, pero no se les allanan los escollos para que logren más. Cuando no superan algún obstáculo se argumenta que no quieren, no pueden o no saben” (57).

Resulta ya casi ocioso afirmar que el acceso de las mujeres a todos los ámbitos (excluido el doméstico) se realiza desde posiciones diferentes a las de los varones, pues éstos no están gravados por el denominado “impuesto reproductivo”, de un lado, y, de otro, se apropian de la que Rosa Cobo ha dado en llamar -siguiendo a Jónasdóttir- “plusvalía de dignidad genérica” (58). Efectivamente, el trabajo realizado por las mujeres en el ámbito doméstico es la consecuencia (y condición de existencia, a la vez) del pacto que da lugar a las Constituciones del Estado social, que consagran al trabajador (varón) como único o principal proveedor económico de la familia. Frente al trabajo gratuito (y, por tanto, carente de valor, en términos de mercado, y, por tanto, de reconocimiento social) de las mujeres se alza el trabajo remunerado de los varones, único trabajo considerado como tal y al que se le otorga valor y reconocimiento. De otro lado, no hay que menospreciar el hecho de que, en el seno familiar, las tareas de cuidado y amor proporcionadas por las mujeres tienen un único sentido, son unidireccionales, pues el varón se apropia de ellas sin compensación o aportación equitativa. Es una suerte de explotación que agota las reservas emocionales de las mujeres (59). Todo ello explica, en buena medida, la costosa y precaria inserción de las mujeres en el ámbito laboral, los obstáculos en la promoción profesional, la minoritaria presencia en las instituciones políticas y en puestos de responsabilidad; en definitiva, la subsistencia de la posición subordinada, en términos generales, de las mujeres.

La cuestión, pues, se reconduce una y otra vez a la necesidad de una nueva reformulación del pacto, a la inaplazable articulación de una “Constitución sustancialmente diferente” (60).

4. HACIA UN NUEVO PACTO

Si las actuales democracias constitucionales, se configuran de una forma pluridimensional (61), es decir, no significan sólo una democracia formal (quién y cómo se adoptan las decisiones) sino, fundamentalmente, una democracia material (que determinados contenidos –principios y derechos- condicionan la toma de decisiones, o sea, se erigen en límites de la democracia formal), necesariamente hay que concluir que son incompletas porque condicionan la existencia de las mujeres como sujetos de derecho.

En tanto no logremos asegurar nuestros derechos e introduzcamos así el “ámbito doméstico” en el espacio jurídico político a través de su inclusión en el pacto de manera irreversible no seremos sujetos de derechos. Se exige, pues, el reconocimiento pleno de la igualdad de mujeres y hombres como principio fundamental del sistema democrático y del Derecho, de la democracia constitucional (62). Esta inclusión hay que hacerla en sentido “fuerte”, es decir, en las normas jurídicas supremas en las que se regula la convivencia de una comunidad. Se plantea, por tanto su introducción en la Constitución, pues hasta ahora dicho reconocimiento se realiza a través de leyes u otras categorías normativas inferiores jerárquicamente (63), si bien es cierto que en el último decenio se han reformado textos constitucionales históricos de nuestro entorno. Así Alemania, Francia, Portugal, Bélgica e Italia han reformado sus normas supremas a fin de reconocer y visibilizar a las mujeres como sujetos de derecho (64). Sin embargo, ello se revela insuficiente.

Desde la perspectiva histórica podemos apreciar que la extensión de los derechos ya existentes a sujetos excluidos de ellos en el origen no alteran las esencias del pacto social. Esta afirmación se evidencia si se tiene en cuenta que las sucesivas ampliaciones del sujeto político a través de las periódicas extensiones del sufragio no se tradujeron en un inmediato reconocimiento de nuevos derechos, sino que su consecución fue un proceso gradual, susceptible de sufrir recortes o involuciones cuando se trata de fijar los términos o líneas esenciales del pacto de convivencia. Así se puso de manifiesto en las Constituciones del Estado social, en las que las exigencias de la parte de la clase trabajadora (de reciente incorporación al pacto) se incorporan al mismo con menor presencia, tanto cuantitativa como cualitativa (65), respecto de la clase dominante.

Las mujeres sufrimos un proceso que guarda alguna similitud con éste: accedimos al ámbito de toma de decisiones con las Constituciones contemporáneas (del Estado social), pero nuestras reivindicaciones se han ido atendiendo gradualmente en diversos instrumentos normativos de carácter infraconstitucional desde una base sumamente frágil (66), de tal forma que su afianzamiento y refuerzo requiere de su inclusión en la norma suprema que articula la convivencia (67), pues sólo así se pueden evitar riesgos involucionistas ante nuevos desafíos ligados al fenómeno de la globalización, no sólo de carácter económico (68), sino también ideológico (69) y avanzar en la consecución de una verdadera democracia.

(*) PITCH, Tamar, Un Derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad , Trotta, Madrid, 2003, p. 22.

(1) RUBIO, Ana, “Igualdad y diferencia. ¿Dos principios jurídicos?”, en Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas , p. 268.

(2) ARNAUD-DUC, Nicole, “Las contradicciones del derecho”, en DUBY, Georges y PERROT, Michelle (dirs.), Historia de las Mujeres, vol. 4, Taurus, Madrid, 2000, p. 148. La teoría complementaria de los sexos constituye el más amplio y desarrollado discurso sobre la inferioridad de las mujeres que hace fortuna en el siglo XVIII y subsiste en la actualidad. Rousseau sería el ejemplo paradigmático de ese discurso, como refleja claramente el capítulo quinto de su célebre Emilio.

(3) AMORÓS, Celia y COBO, Rosa, “Feminismo e Ilustración”, en AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (Eds.), Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización , vol. 1, Minerva Ediciones, Madrid, 2005, p. 137.

(4) El orden en el que se sitúa el sexo, por detrás del nacimiento y la raza, obedece a la evolución histórica en el acceso al ámbito público, al ámbito propio de la toma de decisiones.

(5) CABO MARTÍN, Carlos de, “El sujeto y sus derechos”, en Teoría y Realidad Constitucional , nº 7, 2001, p. 118.

(6) AMORÓS, Celia, Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad , Ed. Cátedra, col. Feminismos, 2ª ed., Madrid, 2000, p. 25.

(7) CABO MARTÍN, Carlos de, op. cit ., pp. 119 y ss.

(8) “las mismas causas que dieron lugar al Estado (moderno) son las que, simultáneamente, crearon las condiciones para el surgimiento del sujeto: la crisis definitiva de rentabilidad del Feudalismo que producirá la crisis de la aristocracia y posibilita la concentración de poder en el Monarca y su fortalecimiento, conlleva la supresión de los demás vínculos y jerarquías; y la unificación jurídico-política territorial, implica la eliminación del “privilegio” como elemento jurídico propio del sistema”. Ibíd., p. 119.

(9) “Precisamente el capitalismo se va a diferenciar de los sistemas anteriores en la “separación” del trabajador de los medios de producción y su conversión en “individuo”, “libre” para participar en el mercado e “igual” a los demás, de manera que el formal intercambio de (mercancías) –aparentemente- equivalentes se corresponde con la formal (aparente) igualdad de quienes lo realizan. Capitalismo y sujeto (libre e igual) son, pues, inseparables ”. Ibíd., p. 119.

(10) Como apunta Celia AMOROS, Tiempo de feminismo..., op. cit ., pp. 30 y ss. Aunque ironiza la citada autora a este respecto al afirmar que si “la historia del sujeto moderno comienza con los nominalismos, las mujeres todavía no hemos accedido a ese estadio” , ya que en el lenguaje cotidiano –incluso el científico, podríamos afirmar- todavía se utiliza la expresión “la Mujer” como genérico representativo de todas las mujeres. Así, afirma, es habitual encontrar mensajes como “La Mujer accede al ejército” pero nos causaría, cuanto menos extrañeza oír que “El Negro entra en la judicatura”. Op. cit. , p. 74.

(11) CRAMPE-CASNABET, Michelle, “Las mujeres en las obras filosóficas del siglo XVIII”, en DUBY, Georges y PERROT, Michelle (Dirs.), Historia de las Mujeres , vol. 3, Taurus, Madrid, 2000, pp. 344-384.

(12) CABO MARTÍN, Carlos de, op. cit ., p. 120.

(13) Ibíd., p. 120.

(14) Ibíd., p. 120 y ss.

(15) Así, mientras el lugar de las relaciones sociales, de las relaciones privadas, va a ser el mercado, la articulación de las relaciones entre la sociedad y el Estado (lo público) se efectuará únicamente a través del mecanismo de la representación parlamentaria. El régimen representativo será pues la consecuencia de la soberanía nacional. Al ser la nación un ente abstracto y colectivo, la soberanía sólo podrá ser ejercida por los representantes de la nación y no por los ciudadanos por sí mismos, apareciendo aquí las bases para la exclusión de la democracia directa. Además, la forma de articular el principio representativo mediante la prohibición del mandato imperativo como contraposición a la sociedad estamental provocó que sólo aquellos que reunieran ciertas condiciones de idoneidad para ejercer tan alta responsabilidad pudieran elegir y ser elegidos como representantes; en definitiva, se consagró el sufragio censitario (en el que fue determinante el criterio de la propiedad, además, como veremos, del sexo).

(16) CABO MARTÍN, Carlos de, op. cit ., p. 120-121.

(17) Utilizo aquí la conocida expresión acuñada por Celia Amorós para evidenciar la construcción de la modernidad del espacio ocupado por los varones, reconocidos como iguales (como individuos) y del espacio asignado a las mujeres (como colectivo, sin reconocimiento de la individualidad, que es la que hace posible la igualdad) y el ejercicio del poder. Vid. AMORÓS, Celia, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias…para las luchas de las mujeres , Ed. Cátedra, col. Feminismos, Valencia, 2005, pp. 451 y ss.

(18) Las vindicaciones feministas de la época utilizan este argumento para denunciar la irracionalidad de la subsistencia de la dominación de los hombres sobre las mujeres en una suerte de “aristocracia” masculina.

(19) Ya desde la antigüedad se venía produciendo esta identificación de las mujeres con la naturaleza. En su Política (Libro I, capítulo primero) Aristóteles afirma que la naturaleza “ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer” y, por consiguiente, “ha fijado (…) la condición especial de la mujer”. Este discurso no sólo no desaparece a lo largo de la historia, sino que es retomado por Hobbes, Locke, Kant o Rousseau, por citar sólo algunos de los más relevantes teóricos del Estado.

(20) PATEMAN, Carole, El contrato sexual , Anthropos, Barcelona, 1995.

(21) FRAISSE, Geneviève y PERROT, Michelle, “La ruptura política y el nuevo orden del discurso”, en DUBY, Georges y PERROT, Michelle (dirs.), Historia de las Mujeres , vol. 4, Taurus, Madrid, 2000, pp. 29-30.

(22) MARTINEZ SAMPERE, Eva, “Hacia la plena ciudadanía”, en FREIXES SANJUAN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia (Coords.), Género, Constitución y Estatutos de Autonomía , Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2005, p. 46.

(23) Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791. Un estupendo análisis, comparándolo con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 lo realiza SIMÓN RODRIGUEZ, Elena, en Canelobre , nº 23-24, 1983.

(24) Sobre la admisión de las mujeres en la ciudadanía (julio 1790).

(25) Ibíd.

(26) También en su discurso Sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres se refiere a este extremo, limitando la capacidad de gobierno de las mujeres a la influencia que puedan ejercer sobre sus maridos. ROUSSEAU, J.J., Del Contrato social. Discursos , Alianza, Madrid, 1989, p. 191. Como observa Amelia Valcárcel “la complementariedad se transforma en la palabra clave y de ella está excluida la justicia simétrica. No es conveniente ni deseable que los sexos neutralicen sus características normativas, sino que las exageren. Ello es garantía de orden. No son iguales, sino complementarios”. VALCÁRCEL, Amelia, “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, en VALCÁRCEL, Amelia; RENAU, Mª Dolors y ROMERO, Rosalía (eds.), Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI , Hypatia, Instituto Andaluz de la Mujer, 2000, p. 27.

(27) Lo que excluye a menores y “locos”.

(28) ARNAUD-DUC, Nicole, “Las contradicciones del derecho”, en DUBY, Georges y PERROT, Michelle (dirs.), Historia de las Mujeres , vol. 4, Taurus, Madrid, 2000, p. 109.

(29) ROUSSEAU, J.J., lo afirma con estos términos en el Emilio .

(30) SLEDZIEWSKI, Elisabeth G., “Revolución Francesa. El giro”, en DUBY, Georges y PERROT, Michelle (dirs.), Historia de las Mujeres , vol. 4, Taurus, Madrid, 2000, p. 55.

(31) ARNAUD-DUC, Nicole, op. cit., pp. 129 y ss.

(32) KÄPPELI, Anne-Marie, “Escenarios del feminismo”, en DUBY, Georges y PERROT, Michelle (dirs.), Historia de las Mujeres , vol. 4, Taurus, Madrid, 2000, p. 523.

(33)Sin olvidar la religión y los discursos legitimadores del sistema, desde la filosofía a los más diferentes discursos científicos.

(34) NICHOLSON, Linda, Gender and History, Columbia University Press, Nueva York, 1986, citada por JENNINGS, Ann L., “¿Público o privado? Economía institucional y feminismo”, en FERBER, Marianne A. y NELSON, Julie A. (eds.), Más allá del hombre económico , Ed. Cátedra, col. Feminismos, Madrid, 2004, p. 176.

(35) LONGINO, Helen E., “El debate y las críticas”, en FERBER, Marianne A. y NELSON, Julie A. (eds.), op. cit., p. 236.

(36) MARTINEZ SAMPERE, Eva, “Hacia la plena ciudadanía”, en FREIXES SANJUAN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia (Coords.), Género, Constitución y Estatutos de Autonomía , Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2005, p. 54.

(37) Así como también la legislación falsamente proteccionista para las mujeres, como la prohibición del trabajo nocturno o de tipo nocivo, peligroso o insalubre. Excedería los límites de este trabajo explicar el fenómeno con toda su complejidad pero no podemos dejar de señalar que la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado producía rechazo por los varones de su clase al considerar que la mayor oferta de mano de obra que éstas representaban impedía la consecución de una mejora, en términos globales, de sus condiciones de trabajo. Ya en 1869 Harriet Taylor recoge en su ensayo los argumentos que se esgrimen para impedir o dificultar a las mujeres su incorporación al mercado: “se arguye que conceder la misma libertad de ocupación a los hombres y a las mujeres daría lugar a un aumento peligroso del número de competidores que obstruyen el camino hacia casi todos los trabajos, con lo cual la retribución descendería”, TAYLOR MILL, Harriet, “La emancipación de la mujer”, en STUART MILL, Jhon y TAYLOR MILL, Harriet, La igualdad de los sexos , (trad. de J. Villa), Guadarrama, Madrid, 1973, p. 57.

(38) JENNINGS, Ann L., “¿Público o privado? Economía institucional y feminismo”, en FERBER, Marianne A. y NELSON, Julie A. (eds.), op. cit., p. 186.

(39) Esta teoría fue formulada en 1899 por Thortein Veblen, fundador del institucionalismo económico estadounidense. Ann Jennings la resume de la siguiente forma: “a través de la historia, las mujeres han sido primero objetos poseídos, luego productoras de bienes de consumo para sus dueños y, finalmente, objetos inactivos dedicados a lucir la riqueza de los hombres. Los hombres pueden mostrar con mayor efectividad su estatus, que en la sociedad moderna depende de la propiedad y de la capacidad de consumir sin esfuerzo personal, a través de las mujeres. La reputación social del hombre depende de que su mujer se abstenga de un esfuerzo productivo en público. El vestido de la mujer, aunque se hizo más sencillo, continuó siendo un signo externo de riqueza suficiente para eximirla de la necesidad de un esfuerzo rentable; en cuanto al hombre, incluso cuando tenía que trabajar para ganar un sueldo, salvaba su buena fama manteniendo la ilusión de que su esposa disfrutaba de una vida ociosa. En consecuencia, la mujer aprendía a ser consumidora y ama de casa, ornamento del hombre; sólo las desacreditadas trabajan a cambio de dinero”. JENNINGS, Ann L., op. cit, pp. 167-168.

(40) Ibíd., p. 183.

(41) STRASSMANN, Diana, “No existe el mercado libre: la retórica de la autoridad disciplinal en la economía”, en FERBER, Marianne A. y NELSON, Julie A. (eds.), op. cit., p. 89. En el mismo volumen FOLBRE, Nancy, “Socialismo feminista y socialismo científico”, p. 143.

(42) ASENSI SABATER, J.: Introducción al Derecho Constitucional (Apuntes de cátedra), Ganma, Alicante, 1995 , p. 69 y 71.

(43) Como consecuencia ahora de las políticas prestacionales y de intervención que la nueva forma de organización jurídico-política impone. Así, la pasada centralidad del Parlamento es ahora puramente formal por efecto de las organizaciones representativas de intereses y cede ante un predominio del Poder Ejecutivo en la fórmula del parlamentarismo racionalizado.

(44) O, si no la excluyen, al menos su reflejo es sumamente débil, de tal forma que se deja a la coyuntura política la consideración de las desigualdades. Eso, por ejemplo, es lo que sucede con la Constitución española, cuyo art. 9.2, no se configura como derecho y, por tanto, no goza de las máximas garantías constitucionales reconocidas a éstos.

(45) Salvando el derecho a la educación (indispensable de otro lado para conseguir mejores aptitudes de cara al ingreso en el mercado laboral) los derechos que se pueden catalogar como producto del Estado social y que reciben la más alta protección constitucional son los derechos de sindicación y huelga (art. 28 CE).

(46) MARSHALL, T.: Ciudadanía y clase social , Alianza Editorial, Madrid, 1998.

(47) Sobre estas sucesivas conformaciones de espacios y sus implicaciones en los usos del tiempo que inciden en una diferente construcción del concepto de “privacidad” para hombres y mujeres véase MURILLO, Soledad, El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio , Siglo XXI, Madrid, 2006.

(48) Aunque el principio de igualdad formal y no discriminación por razón de sexo es una característica de las Constituciones del Estado social, su aplicación al resto del ordenamiento jurídico se ha realizado de forma paulatina, de tal manera que las normas directamente discriminatorias se han mantenido, hasta su depuración, durante periodos más o menos extensos de tiempo. Más extensamente vid. BALAGUER CALLEJÓN, Mª Luisa, Mujer y Constitución. La construcción jurídica del género , Cátedra, colección Feminismo, Valencia, 2005.

(49) COBO BEDÍA, Rosa, Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau , Cátedra, Madrid, 1995.

(50) Entendiendo por ciudadanía amplia no sólo la más alta manifestación de ésta ejerciendo el derecho de sufragio activo y pasivo, sino también el derecho a recibir instrucción, a trabajar y gozar de la protección de las leyes. En todos los casos las mujeres han sido las últimas en acceder a los mismos. Una cronología detallada del reconocimiento a las mujeres del derecho de sufragio la ofrece SEVILLA MERINO, Julia, Mujeres y ciudadanía. La democracia paritaria , Institut d'Estudis de la Dona, Valencia, 2004, pp. 155-156.

(51) Sobre el componente estructural de género del Estado de bienestar realiza un acertado análisis ASTELARRA, Judith, “Nuevos desafíos para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres”, en VALCÁRCEL, Amelia; RENAU, Mª Dolors y ROMERO, Rosalía (eds.), op. cit., pp. 237 y ss.

(52) CAMPS, Victoria, “La emancipación femenina y el estado del bienestar”, en Meridiam, nº 29, 2003, pp. 6-7. Aunque la citada filósofa no se refiere directamente a la necesidad de reforma de la Constitución, sino a la necesidad de ampliación de la agenda pública que suponga el ejercicio de una política “auténticamente social”, considerando a estos efectos que el mejor instrumento para ello es la democracia paritaria. Sobre la democracia paritaria véase SEVILLA MERINO, Julia, op. cit ., y de la misma autora “Paridad y Constitución” en FREIXES SANJUAN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia (Coords.), op. cit. , pp. 205-236.

(53) SEVILLA MERINO, Julia, Mujeres y… , op. cit , p. 29 y ss. La misma autora lo expresa muy gráficamente al asimilar la incorporación de las mujeres al pacto social “como si de un contrato de adhesión se tratara, firmando en bloque, sin que les cupiese definir los posibles términos de ese contrato”, SEVILLA MERINO, Julia, “Paridad…”, op. cit., p. 216.

(54) Incluso se ha hecho referencia a esta reclusión con la expresión “la trampa de la familia”. Vid. ARNAUD-DUC, Nicole, op. cit., p. 129.

(55) En palabras de Elena SIMÓN “las sociedades aparente y formalmente avanzadas viven ajenas a las reformas que sobre las divisiones sexo-género se deben efectuar, instaladas en un cierto limbo de igualdad formal y por eso asistimos a una evolución mucho más lenta de lo que cabría esperar, de lo que sería previsible. Se espera y se pretende que sean exclusivamente las mujeres las que se adapten con sus propias fuerzas, individualmente, con uñas y dientes si fuera menester y que peleen por arrancar para ellas parcelas del bien común.(...) Las democracias no avanzarán ni saldrán de su crisis si no se plantean un giro ideológico que tenga sus prioridades en la atención a las personas, consideradas éstas como seres sexuados, y al tipo de relaciones que mantienen entre ellas”. SIMÓN RODRÍGUEZ, Elena, Democracia vital. Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía , Ed. Narcea, Madrid, 2002, p. 141.

(56) RENAU, Mª Dolors, “De súbditas a ciudadanas”, en Meridiam, nº 36, 2005, p. 13.

(57) SIMÓN RODRÍGUEZ, Elena, Democracia vital… op. cit., p. 24.

(58) COBO, Rosa, “Globalización y nuevas servidumbres de las mujeres”, en AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (Eds.), Teoría Feminista: de la Ilustración a la globalización , vol.3, Minerva Ediciones, Madrid, 2005, pp. 287 y ss. La autora recuerda que ha sido la economista Ingrid Palmer la que ha acuñado el término “impuesto reproductivo”.

(59) COBO, Rosa, “Globalización y nuevas servidumbres de las mujeres”, en AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (Eds.), Teoría Feminista: de la Ilustración a la globalización , vol.3, Minerva Ediciones, Madrid, 2005, pp. 288.

(60) VENTURA FRANCH, Asunción, “Igualdad real y reforma constitucional”, en FREIXES SANJUAN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia (Coords.), op. cit., p. 269. Un magnífico análisis del Derecho constitucional español desde la perspectiva de género realiza la misma autora en Las mujeres y la Constitución Española de 1978 , Instituto de la Mujer, Madrid, 1999.

(61) FERRAJOLI, Luigi: “Sobre la definición de “democracia”. Una discusión con Michelangelo Bovero”, en Isonomía , nº 19, 2003, especialmente pp. 230 y ss.

(62) Es lo que plantea Rosa Cobo cuando afirma que “La perspectiva de la igualdad reivindica la radicalización de la ciudadanía y de la democracia para las mujeres: tanta ciudadanía y tanta democracia como sean necesarias para que las mujeres se constituyan en sujetos”. COBO, Rosa: “Sexo, democracia y poder político”, en Feminismo/s , nº 3, junio 2004, p. 25.

(63) Me refiero a la nueva normativa de igualdad, en todos los ámbitos, desde el comunitario hasta el municipal.

(64) Fue Alemania la primera que modificó su Constitución en 1994 añadiendo en su artículo 3 un mandato expreso a los poderes públicos para la consecución de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En julio de 1999 fue Francia la que reformó dos artículos (3 y 4) de la Constitución de 1958 a fin de introducir la posibilidad de que la ley electoral favoreza la igualdad de mujeres y hombres. La revisión de la Constitución portuguesa en 1999 se plasmó en la redacción del artículo 109, que enfatiza la igualdad en la perspectiva de la participación. Y en 2002, se reforma la Constitución belga, dando nueva redacción al art. 10 y añadiendo un nuevo artículo (11.bis) referido al igual goce de los derechos y libertades por hombres y mujeres, especialmente por lo que respecta al acceso a los órganos de toma de decisiones en todos los niveles. Por último, la Constitución italiana, reforma el primer apartado de su artículo 51 para reforzar la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres respecto a la participación pública.

(65) Como se desprende de los distintos sistemas de protección establecidos según el tipo de derechos sociales reconocidos.

(66) En el caso español dicha base es la denominada igualdad material del art. 9.2 C.E.

(67) Como propone la Red Feminista de Derecho Constitucional en “Bases para la incorporación de la perspectiva de género en las reformas de los Estatutos de Autonomía”, en FREIXES SANJUAN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia (Coords.), op. cit. En idéntico sentido y en ese mismo volumen MARTINEZ SAMPERE, Eva, “Hacia la plena ciudadanía”. Acertadamente apunta esta autora al respecto que “esta transformación fundamental es en nuestros días el punto de partida de la articulación de la sociedad democrática. Por eso, la paridad entre mujeres y hombres en el reparto del poder; el derecho de cada una y cada uno a combinar la vida personal, familiar y profesional; la educación en la igualdad para la eliminación psicológica de la mentalidad sexista contra mujeres y niñas, y el mínimo vital garantizado a cada individuo, deben estar en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y, mediante su fuerza normativa y con la colaboración de toda la sociedad, hacerse realidad”, p. 66. También en el mismo volumen DURAN FEBRER, María, “La constitucionalización de los derechos de género”, realiza propuestas concretas de inclusión de nuevos derechos y otras previsiones en nuestro texto constitucional, pp. 285-287.

(68) Podríamos calificar como riesgos más evidentes las consecuencias del proceso de globalización. Con respecto a la globalización, se ha producido, en los últimos años, una literatura relativamente abundante que insiste en la feminización de la pobreza (los informes de la ONU al respecto son definitivos). Los procesos globalizadores han contribuido al desplazamiento y reemplazo de la categoría fordista del salario familiar por el trabajo de las mujeres y los inmigrantes, que aparecen como oferta de trabajo a la que se puede imponer bajos salarios y ausencia de derechos laborales. Pero, fundamentalmente, son los programas de ajuste estructural impuestos por los organismos financieros internacionales los que han producido perniciosas consecuencias para las mujeres. Como acertadamente señala Rosa Cobo, el crecimiento del trabajo gratuito de las mujeres en el hogar es uno “de los efectos más rotundos de los programas de ajuste estructural”. Y ello debido a que los escasos recursos del Estado del bienestar se ven drásticamente recortados, por lo que las funciones que anteriormente eran (parcialmente) cubiertas por el sector público, revierten de nuevo al ámbito familiar. Además, las condiciones macroeconómicas que estos programas imponen, reflejadas sobre el sistema impositivo, las políticas monetarias y tipos de cambio, también provocan un impacto negativo sobre las mujeres que las colocan en una situación de desigualdad estructural con respecto de los varones. Para un análisis más detallado vid. COBO, Rosa, “Globalización y nuevas servidumbres de las mujeres”, en AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (Eds.), Teoría Feminista: de la Ilustración a la globalización , vol.3, Minerva Ediciones, Madrid, 2005. También SASSEN, Saskia, Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos , Ed. Traficantes de sueños, Madrid, 2003, especialmente pp. 74 y ss.

(69) Me refiero aquí no precisamente al denominado “pensamiento único” con el que se identifican las tesis neoliberalistas que legitiman las trasformaciones impuestas por la globalización económica, sino al discurso que se erige en oposición a éste y que, simplificadamente, se representa por el denominado multiculturalismo. La permeabilidad de nuestras sociedades a pretensiones multiculturalistas impugnan el paradigma individualista y es obvio que ello comportaría consecuencias nefastas para las mujeres. Resulta especialmente preocupante que estas tesis se hayan importado ya al ámbito del Derecho constitucional bajo la apariencia de un “neoconstitucionalismo” superador de las contradicciones del modelo surgido en el contexto revolucionario de la Ilustración y sean contempladas con cierto entusiasmo como nuevos paradigmas desde los que “reconstruir una teoría del constitucionalismo”, como propone CABO MARTÍN, Carlos de, Teoría Constitucional de la Solidaridad , Marcial Pons, Madrid, 2006.

Este artículo fue publicado originalmente en: N. Montesinos y M. Esquembre (coords.) Mujeres y Derecho. Revista Feminismo/s, nº 8, CEM, Alicante: Universidad de Alicante, diciembre de 2006. http://www.ua.es/cem/publicaciones/revista/numero8.htm

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