El amparo de los derechos de las mujeres

Autora: Elena Alvites

Para la Defensoría del Pueblo la separación de la cadete María del Pilar Abad Calderón de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú de Piura por encontrarse embaraza constituyó una medida irrazonable que afectó sus derechos fundamentales; en particular, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación en condiciones de igualdad y al trabajo. También constituyó un grave supuesto de discriminación en contra de las mujeres al interior de los centros formativos de nuestra Policía Nacional. Por ello, se intervino en el proceso de amparo iniciado ante el Poder Judicial para la defensa de dichos derechos y se informó a la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Piura nuestra posición institucional.

En esa medida, la orden de reincorporar a la cadete Abad Calderón como estudiante de la mencionada Escuela Técnica, dada por la mencionada Sala Civil de la Corte Superior de Piura, constituye una de las mejores muestras de cómo los derechos fundamentales de las personas no sólo son el fundamento valorativo de nuestro ordenamiento jurídico sino que puede constituir, sobre todo, verdaderos límites al poder estatal.

El desenlace judicial del caso da cuenta de cómo el proceso constitucional de amparo resulta adecuado y eficaz para corregir situaciones en las que el Estado rebasa el límite de sus potestades y daña derechos fundamentales de las personas.  Pero sobre todo la sentencia, tal como también en su momento lo hizo la Defensoría del Pueblo, sienta criterios claves en materia de protección de los derechos de las mujeres. En primer lugar, se señala que la aplicación de una sanción disciplinaria por adquirir responsabilidades de maternidad o paternidad es una forma de discriminación contra las mujeres porque, si bien es una norma general y neutra, ciertamente impacta de forma negativa en las mujeres debido a que el embarazo, a diferencia de los que sucede con los varones, es una condición físicamente  notoria. También se afirma que el embarazo es una condición que no inhabilita a las mujeres para desempeñarse como agentes de la Policía Nacional y desarrollar labores de cuidado del orden interno del país; en todo caso, con el fin de no lesionar el derecho fundamental a la educación y al acceso al servicio público en condiciones de igualdad, la pruebas físicas que deba realizar una cadete que estuviera embaraza deben postergarse hasta cuando haya concluido el período de gestación y se haya producido el alumbramiento.

Otro criterio importante plasmado en la sentencia es el referido a la necesaria armonía que debe existir entre el régimen disciplinario de los alumnos y las alumnas de las escuelas de formación policial y el contenido de los derechos fundamentales. En efecto, la enumeración de las faltas por las que pueden ser sancionados y sancionadas debe encontrarse expresa y taxativamente previstas en una ley, en particular, la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en tanto las sanciones que se aplican por la comisión de dichas faltas inciden directamente en los derechos fundamentales de los y las cadetes. Dicha exigencia es una garantía de dichos derecho por ello no es constitucional que la diversas faltas y las correspondientes sanciones se encuentren sólo en el Manual del Régimen Educativo de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional que es aprobado por una norma reglamentaria.

Para la Defensoría del Pueblo la colaboración con las entidades llamadas también a proteger los derechos fundamentales, en particular con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, resulta una labor esencial para la realización y efectiva protección de los mismos, como en el caso de la cadete Abad Calderón.

Este artículo fue publicado originalmente en: El Peruano, Lima, 4 de abril de 2008.

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