Crónicas del otro lado

Autor: José Asensi

Como un efecto indirecto de la globalización, cuestiones que antaño tenían un ámbito de discusión estrictamente nacional, son objeto ahora de debate abierto y generalizado en cualquier lugar del mundo. En Lima, por ejemplo, donde se está celebrando estos días un coloquio internacional sobre un tema aparentemente críptico, «Las relaciones entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional», los especialistas que aquí han acudido, de Europa y de Latinoamérica, están perfectamente al tanto de lo que ocurre más allá de sus propias fronteras. Las noticias y los problemas saltan de un sitio a otro a la velocidad de la luz.

Todos están al cabo de la calle, por ejemplo, de los apuros en que anda metido el Tribunal Constitucional español. Se conocen al dedillo la trama que hay detrás de la oscura recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps así como de su estado de salud. Esbozan media sonrisilla cuando se comenta el papelón que le espera al Tribunal Constitucional a la hora de vérselas con el Estatuto de Cataluña. Están enterados -y esto es realmente sorprendente en constitucionalistas de otros países- de que, por ejemplo, hayan sido recurridos ciertos artículos del Estatuto de Cataluña que son exactamente iguales que los que figuran en los estatutos valenciano o andaluz, los cuales, sin embargo, no se han impugnado. ¿Quién explica esto? Por mi parte, me permito introducir un poco más de morbo jurídico al asunto y comento que en España nunca se había sometido a juicio del Tribunal Constitucional una norma aprobada mediante referéndum, como es el caso, precisamente, del Estatuto de Cataluña. Porque una cosa es enfrentarse a una ley aprobada sólo en el Parlamento, y otra muy distinta a una ley que viene aprobada, además, por voluntad popular directa. A la vista del radicalismo político que ha hecho mella en el Tribunal Constitucional, revirtiendo años de credibilidad de esta institución, casi es preferible, digo, que sea la «mayoría conservadora» la que se encargue de lidiar con el problema. Pero puede que algún lector encuentre pintoresco que estas disquisiciones constitucionales se lleven a cabo en un lugar como Lima, capital del Perú, cuya Constitución vigente procede de tiempos del fujimorismo y que es tal vez el texto que mejor encarna el modelo neoliberal, hoy tan justamente denostado. Y esto es cierto hasta el punto de que la Constitución del Perú contiene un precepto que garantiza que los contratos firmados por los inversionistas extranjeros y las empresas multinacionales están por encima de la ley. Lo que ocurre es que las mayorías en el Perú no están, por el momento, por la vía neopopulista que lidera el comandante Chávez, sino por un modelo a la europea, social y democrático de Derecho. César Landa, un académico de gran prestigio, actual presidente del Tribunal Constitucional del Perú, que ha sido nuestro anfitrión estos días, lo explica en términos muy simples: de lo que se trata es de crear Estado, o sea, justamente lo que las elites peruanas, tan proclives a que sus problemas se los solucionasen las sucesivas dictaduras militares, nunca quisieron construir. Con César Landa, con quien es un placer conversar, y que luce en su sonrisa y en el brillo inteligente de sus ojos toda la sabiduría del hombre experimentado, demócrata convencido y progresista comprometido en la práctica, recorro los barrios confortables de Lima, como Miraflores, San Isidro, un barrio exclusivo de las elites limeñas, o Barranco, que dicen que entró en decadencia desde que Vargas Llosa se instaló en Londres; pero nos acercamos también a Chorrillos, a los alrededores de la vieja Lima donde se hacinan cientos de miles de recién llegados a la gran urbe, y a los «Pueblos Jóvenes», donde millones de personas ocupan los cerros y los llanos arenosos en asentamientos imposibles. A estos millones, por no hablar de otros tantos que habitan en el Perú profundo de la sierra y la amazonia, no llegan los beneficios del crecimiento macroeconómico que el país ha experimentado en estos últimos años. Hay pues un malestar arraigado, lo que se expresa en que la mitad de la población, en un país donde el voto es obligatorio, vota contra el «sistema», al que no considera suyo. Ollanta Humala, del que hoy ya casi nadie se acuerda, acosado en los tribunales por sendas denuncias, alguna de ellas relacionada con los derechos humanos, recibió el cuarenta y nueve por ciento de los votos en las últimas elecciones. Y cualquiera que se presente luciendo las señas de identidad de un Ollanta, o similar, tendrá como mínimo este apoyo. Y este es el problema: porque en un país fracturado por la pobreza y la cuestión indígena, es misión imposible, o al menos muy difícil, establecer el concepto de un Estado común, y, por ende, de una Constitución que acoja a todos. César entiende y comprende todo esto, pero no cede en sus tesis. Para él no hay soluciones mágicas, demagógicas e ilusorias. El camino es el de un Estado de Derecho con compromiso social, que no sacrifique la libertad ni el pluralismo, pero que se comprometa con la igualdad y la lucha contra la pobreza. Un camino sin duda difícil, conjeturo. El Perú, en cualquier caso, es una pieza decisiva en el espacio más amplio de Latinoamérica: junto con Brasil y México, su concurso es indispensable para cualquier empresa de altos vuelos. Hoy se debaten en Latinoamérica distintas estrategias y proyectos políticos de integración. La resultante final es incierta. Sólo una cosa es segura, a mi entender: un modelo transnacional de integración en Latinoamérica no será posible sin el Perú.

Este artículo fue publicado originalmente en: Diario Información, 9 de abril de 2007. http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2007_8_62051...

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