Corrupción, impunidad y responsabilidad política: Vindicación de derechos de las víctimas

Autora: Nilda Garay

El abuso del poder para el beneficio de intereses privados de quien o quienes tienen el poder político deteriora los regímenes democráticos. Es la corrupción política. Hay unanimidad al sostener que en esta problemática confluyen lo público y lo privado lo cual genera el debilitamiento del estado de derecho y la legitimidad del sistema menos malo: la democracia. Pero, ¿no será que lo privado invade a lo público o que el ámbito público ha sido creado a imagen y semejanza del privado y por esa creación defectuosa no se puede considerar en el control de la corrupción a todos sus elementos? Los componentes de esta corrupción no sólo son los agentes nacionales e internacionales que participan activamente en ella sino también el conjunto de personas que ven burlado su poder (la fuente y origen del poder es el pueblo) mediante la mal utilización del mismo por parte de sus representantes políticos. Trataremos aquí muy brevemente acerca de la necesidad de una visión autocrítica sobre este fenómeno en las democracias y cómo en la construcción del contrato social y en los estados de derecho se ha olvidado proteger a las víctimas de la corrupción política. En suma, se trata de hacer algunas críticas tendientes a pensar sobre la reinvención de un derecho que sólo protege a la persona individual (individuo) propietaria más no del conjunto de la ciudadanía entendido éste como un colectivo.

Hay muchos prejuicios en las críticas a las democracias formales de los países pobres. Uno de ellos está referido al alto grado de corrupción política el cual, según la crítica occidental de formación liberal, se debe al “populismo”, a la pasividad de su pueblo sin conciencia democrática, a la pobreza y a personajes políticos “folclóricos” que burlan la representación política. La corrupción política de las democracias latinoamericanas es más visible porque el velo del doble discurso jurídico con que se cubre tiene menos grosor que el de las democracias avanzadas, en éstas, hay numerosos casos de corrupción y muchas veces el derecho no funciona para castigarlos. Pero, aquéllos son más notorios porque allí es donde se desvela con mayor nitidez los fallos del sistema político-jurídico interno y también del sistema internacional. La crítica eurocéntrica no repara que sus gobiernos y empresas participan en ella.

La corrupción política se sostiene y consolida dentro de marcos constitucionales creados o interpretados a la medida de quienes detentan el poder. Su objetivo es mantener un sistema jurídico y político estable que les permita la acumulación de riqueza y de poder político violando derechos fundamentales de las personas de los estratos sociales más bajos (personas del ámbito rural y muchas de ellas mujeres), es decir, de quienes no tienen la posibilidad de defender sus derechos. En general, las víctimas en la corrupción política resultan siendo “indeterminadas” por el exacerbado individualismo del derecho y, en consecuencia, esta acumulación de riqueza escapa al derecho.

El caso Fujimori es uno de los ejemplos de corrupción político-jurídica que se legitima y sienta sus bases en modelos constitucionales que se mantienen vigentes y siguen regulando negativamente la convivencia de una sociedad. La Constitución fujimorista sigue siendo, a día de hoy, instrumento eficaz para la violación de derechos fundamentales de las personas. Su vigencia se fundamenta en una interpretación errónea de su modelo económico que sirve a intereses personales de los gobernantes y a los de las empresas internacionales las que mantienen relaciones estrechas con los gobiernos de los países desarrollados. Su legitimación alcanza también al ámbito internacional.

Gobiernos corruptos como el de Fujimori cuentan, como siempre, con el apoyo de muchos países ricos cuyos gobiernos, aún conociendo sus actos ilícitos, mantienen relaciones internacionales avalándolos de alguna manera. Estas relaciones perduran en el tiempo y sus instrumentos jurídicos, sus negocios internacionales jurídico-económicos y sus asesorías sobre gobernabilidad nutren la teoría del derecho y la doctrina neoliberal los que van a servir para justificar ideológicamente la corrupción. Los Presidentes de Repúblicas, Presidentes de Gobiernos y Jefes de Estado de los países desarrollados de América, Europa y/o Asia amparan a estos gobernantes en momentos cruciales donde la violación de derechos de la ciudadanía aún no genera cifras y resultados a la prensa. Este apoyo desaparece, momentáneamente, cuando las pruebas de corrupción son incuestionables o cuando el gobernante corrupto fuga dejando un vacío de poder que espanta a toda teoría jurídico-política. De nada sirve que la idea de soberanía, de Estado social, las teorías de la representación, de los derechos fundamentales, el principio de igualdad ante la ley se proclamen en los textos constitucionales. El caso Fujimori demuestra que una parte del discurso constitucional, el que tiene su base en la protección y garantía de los derechos fundamentales, no funciona. Pero que, la otra parte, la que sustenta un modelo económico basado en la explotación, sí. La Constitución de 1993 es el más claro ejemplo de que los mecanismos constitucionales sirven para organizar las relaciones de dominación y explotación conduciendo a la unificación e imposición del interés dominante. (Cabo, 1993: 276 y 277). Aquí se sistematiza la corrupción política junto con la impunidad. Cuanto más estable sea el modelo, mayor seguridad jurídica tendrán la corrupción e impunidad.

El discurso político de los países desarrollados , especialmente europeos, rechaza esta corrupción personalizándola, enmarcándola sólo en un individuo. El individuo o sujeto de derecho es una de las estrategias jurídicas para favorecer a quienes son parte del poder público corrupto, pues en tanto ciudadanos e individuos detentadores del poder se valen de esta técnica jurídica del derecho privado para escapar de la justicia. La crítica a gobernantes corruptos latinoamericanos por constitucionalistas, sociólogos y periodistas liberales, se centra en una persona eludiéndose así el análisis de los defectos del sistema que defienden. Individualizan acríticamente esta corrupción sin querer ver que se ha creado un sistema de impunidad donde juegan un papel importantísimo sus representantes políticos para proteger sus intereses económicos. No hay más que recordar cómo reyes y príncipes de las monarquías parlamentarias mantienen relaciones políticas con la mayoría de estos gobiernos y aún tras el término de sus mandatos.

Las democracias “desarrolladas” apoyan la corrupción, también, acogiendo a sus redes y permitiendo que en su territorio nazcan nuevos modelos de descomposición social y jurídica exportables. La propiedad, herencia y demás bienes patrimoniales pertenecientes a estos funcionarios políticos corruptos y a sus familias aumentan las arcas de sus bancos; éstas se trasladan a dichos países para realizar estudios; negocian y trabajan con quienes influyen en la política y economía dominante. En suma, las expectativas de vida de estas personas se desarrollan satisfactoriamente y su integración social es total sin que pueda afectarles su falta de nacionalidad. La base para su integración es su condición económica ya que el derecho de extranjería la regula en función de la capacidad económica. Pero, esta capacidad tiene un origen antidemocrático e inconstitucional, por tanto, en esta condición económica se pone de manifiesto cierto grado de corresponsabilidad internacional en la corrupción política e impunidad. Es fácil comprobar cómo estos ex representantes políticos y antiguos altos funcionarios del estado disertan en los ámbitos académicos del mundo desarrollado sobre gobernabilidad, derechos fundamentales y hasta sobre anticorrupción.

Todo ello se debe a los grandes defectos del sistema jurídico público invadido por pesadas cargas del derecho privado y que este nuevo siglo está destapando. Así, la tutela judicial efectiva, por ejemplo, envuelve totalmente de garantías al delincuente para su protección procesal al grado de dejar a las víctimas fuera de este marco protector. Esta situación desigual se manifiesta en este tipo de corrupciones donde la impunidad acaba siendo la regla. Las garantías procesales penales del moderno estado de derecho nacen sobre la base de una figura central y para un espacio determinado: el individuo varón, propietario, burgués y de raza blanca que buscaba solucionar conflictos generados en el ámbito privado. Había que proteger al detenido, inculpado o procesado del poder del estado garantizando un proceso judicial justo. Pero, esta protección trasladada al ámbito público, para quien delinque investido de poder político no parece ser el mecanismo adecuado para sancionar la responsabilidad política; sólo le permite “evadir” la justicia y proteger su patrimonio obtenido sobre la base de violaciones de derechos fundamentales. Así, la víctima acaba encontrándose sin protección alguna.

En los casos de corrupción política y su consiguiente responsabilidad penal directa e indirecta, los principios constitucionales como el de legalidad no funcionan. Esto queda demostrado con los casos latinoamericanos donde tras las leyes de amnistías y la total tutela judicial de los ex – funcionarios políticos corruptos se han archivado procesos penales pero que por la realidad social sus responsabilidades son evidentes. Formalmente son inocentes, pero lo son, por los efectos de la invasión de principios jurídicos del derecho privado sobre el público. En este contexto, por un lado, el constitucionalismo encubre injusticias y por el otro elude la tarea de afrontar cambios creando mecanismos jurídicos alternativos para castigar actos que incurren en responsabilidad política. Sin embargo, cabe recordar también que las Constituciones arbitran mecanismos que permiten actuar y tener en cuenta hasta cierto punto intereses contrarios a los dominantes y representa un indudable progreso de liberación política para los grupos dominados. (Cabo, Ibid.). Por ello, se hace necesario reinventar los principios jurídicos aplicables a casos de responsabilidad política.

El individuo que toma decisiones públicas y ejerce el poder político debe tener responsabilidades especiales dada su posición en la esfera pública. Sus actos además de violar derechos individuales vulneran derechos de un colectivo: el pueblo. Hay que vindicar a esta víctima por lo que, ante estas acciones ilegales se debe recrear principios constitucionales con el fin de que la impunidad no se afiance.

La sanción por responsabilidad política, por su carácter especial, debe recaer no sólo en el individuo que tenía tal poder sino que debe hacerlo con más peso en sus bienes patrimoniales ya que éste le ha sido despojado a toda la población. Este patrimonio debe ser enjuiciado porque existe una víctima: la población. ¿Acaso es imposible recrear el derecho para proteger a todas las víctimas de la corrupción política? De lo que se trata es de garantizar los derechos a este tipo de víctimas en casos como éstos. En Europa la idea de protección a un colectivo ya está presente en el ius puniendi del estado y ha entrado en la doctrina constitucional. En España el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto de los derechos de un colectivo, de un pueblo, de una etnia (STC 214/1991, de 11 de noviembre y STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007) ¿Por qué el temor a considerar como víctimas de este tipo de corrupción a un sujeto que no es un individuo si ya el colectivo ha entrado en el debate constitucional? La idea de víctima producto de la construcción del constitucionalismo liberal individualista resulta obsoleta en el siglo XXI puesto que, a día de hoy con la “aparición” de sujetos de derechos “no previstos” tales como el conjunto de la ciudadanía o las mujeres (en el caso de la violencia de género), reclaman una refundación del derecho o por lo menos, el reconocimiento de sus defectos.

En esta refundación el análisis de la responsabilidad política y su condena se ha de centrar en los bienes económicos acumulados derivados por una mal ejercicio del poder político ya que este patrimonio tiene su origen (además de la violación de derechos a la vida, a la libertad física, a la integridad física y moral, etc.), en la violación del principio de soberanía. El patrimonio que se obtuvo conculcando este principio democrático debe regresar al pueblo en tanto soberano ya que éste es la víctima. El individuo responsable de corrupción política tiene condiciones jurídicas y políticas especiales porque sus acciones corresponden a la esfera publica y en consecuencia se trata de un sujeto especial que se mueve entre lo individual y lo colectivo. Los derechos políticos sólo son concebidos en tanto existan colectivos. El poder que tiene y mal utiliza no es de carácter individual sino nace de un colectivo, pues este poder es del pueblo, por lo que, cuando con sus decisiones públicas violan derechos para enriquecerse hay que enjuiciar profundamente este enriquecimiento con el sólo límite del interés general. Lo que se debe buscar es la juridificación de esta responsabilidad para no dejar sin protección a la víctima. Esta propiedad surgida por violaciones a derechos constitucionales y a las bases democráticas ha de ser objeto también de un eficaz proceso judicial internacional.

Por eso, son necesarios grandes cambios para afrontar este tipo de corrupciones. Mientras no se realicen reformas en el derecho público y éste no se sacuda de los lastres del derecho privado, no habrá castigo efectivo por responsabilidad política y la impunidad será la práctica aceptada aún por quienes la critican formalmente.

En definitiva, para coadyuvar con la lucha de la corrupción política y reparar los derechos de las víctimas se hace necesaria la interpelación cultural (Amorós, 2005: 223 al 237) en el ámbito político jurídico. Hay que realizar un ejercicio de interpelación también en la cultura de los países desarrollados que encubren con disimulo el germen y el bagaje de la corrupción política pues en estos países los ex – gobernantes corruptos y sus generaciones encuentran las condiciones favorables para mimetizarse y mantenerse impunes. De allí la necesaria autocrítica en el análisis de los casos de corrupción y responsabilidad política y la urgencia para repensar el derecho en pos de la protección de la víctima de la corrupción política: una parte de la ciudadanía o toda, es decir, un colectivo.

Referencia bibliográfica :

AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (eds.) Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización . Vol. 1, Madrid, Minerva Ediciones, 2005.

CABO MARTÍN, Carlos de. Teoría Histórica del Estado y del Derecho Constitucional . Vol. II, Barcelona, PPU, 1993.