Mujeres peruanas y derechos fundamentales. El caso del Penal Santa Mónica

 El 24 de junio de 2010 se realizó una requisa en la cárcel de mujeres de Lima “El Penal de Santa Mónica” donde, entre otras reclusas, se encuentran las sentenciadas por terrorismo. Esta requisa consistió en una “inspección” vaginal dactilar. El 12 de agosto de 2010 “IDL Reporteros” denunció este hecho ya que se trata de una práctica ilegal con la anuencia de las autoridades estatales. En Kolumna OKupa se informa que  “durante esa noche varias presas comunes y no comunes del Pabellón B, incluyendo a la mencionada, sufrieron una “requisa vaginal” (sic) para buscar si escondían USBs en sus partes íntimas”. Esta denuncia no ha tenido mucha trascendencia ni en la prensa peruana ni en el ámbito político y judicial.
 
Se trata de un caso de violación de derechos fundamentales que tiene que ser investigado para sancionar a las personas responsables jurídica y políticamente porque se trataría de un delito. De ser cierto, estaríamos ante la violación de derechos fundamentales, (aquí no se habla sólo de derechos humanos),  tales como a la integridad física, sicológica y el derecho a la intimidad. Se trata de derechos reconocidos en la Constitución peruana, de derechos fundamentales que ya llevan en su contenido a los derechos humanos y que los poderes del Estado están obligados a proteger. Por lo tanto, su violación tiene graves consecuencias penales y debería conllevar a responsabilidades políticas. Estas responsabilidades pueden ser por acción u omisión. Todas las personas que representan al Estado tienen el deber de no abusar del poder más cuando se trata de personas que están bajo la tutela del Estado ya que son más vulnerables. Y si las víctimas y sus familias levantan su voz es totalmente legal y legítimo.
 
No es la primera vez que sucede este hecho en el Perú. En 1992 durante el gobierno de Fujimori, se realizaron “revisiones o inspecciones vaginales de las presas en el contexto de requisas […] llevadas a cabo por policías varones encapuchados, usando fuerza, y sin otro propósito que la intimidación y abuso de ellas constituyeron flagrantes violaciones a los derechos de las presas, constituyendo violencia contra la mujer”. Ver la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
La citada Sentencia en su párrafo 310 dice textualmente que: “Siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del Derecho Penal Internacional como en el Derecho Penal comparado, el Tribunal considera que la violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento, por vía vaginal, como se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de penetración vaginales o anales, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril”. Y, concluye que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas (párrafo 311)
 
Si bien, la Corte ha tenido que intervenir en el caso citado, hay que recalcar que constituye una obligación que estos hechos sean juzgados y castigados en el marco constitucional peruano, es decir, dentro del derecho nacional. La Corte Interamericana tiene que ser la vía excepcional para alcanzar la justicia y no la regular. Pero, en el Perú, por la ineficacia judicial, por el desconocimiento del contenido de los derechos fundamentales y por la corrupción política la violación de derechos fundamentales es considerado como una mera violación de derechos humanos lo cual hace que la élite política y los que en ese momento tienen el poder no respondan por sus actos. Más cuando se trata de casos de violencia de género. Aquí todos los defectos del edificio jurídico-político salen a la luz.
 
Lo que ha sucedido en el Penal Santa Mónica es un caso de caso de violencia de género ya que, se ha ejercido violencia contra estas mujeres. No hace falta que sea el cónyuge o su ex pareja, cualquier violencia ejercida sobre las mujeres por el solo hecho de que son mujeres ya implica esta forma de violencia. A partir de ello, hay que reinterpretar las figuras penales. No sólo hay que reciclarlo sobre la base del derecho penal internacional sino que, hay que aplicar la perspectiva de género.
 
Como se ha dicho, la violencia contra las mujeres presas en Santa Mónica en el Perú, no parece tener repercusión. ¿Por qué la falta de sensibilidad no obstante su gravedad? ¿Por qué las autoridades (desde la policía, fiscalía, hasta la persona política responsable del Ministerio del que depende el Centro Penitenciario) ignoran la gravedad de este hecho?
 
Porque se trata de víctimas mujeres. Se ha violado derechos fundamentales de personas que son mujeres. Históricamente, las mujeres por el solo hecho de serlo son infravaloradas porque desde que aparece el derecho ellas no son consideradas sujeto de derechos. Es al hombre (varón blanco o autodenominado más blanco y propietario de bienes patrimoniales) a quien se le considera individuo, a quien se le imputan derechos. Esta concepción androcéntrica y patriarcal del individuo, es decir, del sujeto de derechos, sigue siendo el eje del derecho peruano. Esta injusta construcción del derecho basado en la desigualdad de mujeres y hombres sigue transmitiéndose en el sistema educativo y así se sigue estudiando en el sistema universitario peruano (en todas las carreras, también en las ciencias de la comunicación). Profesorado y alumnado repite sin un ápice de crítica este derecho clásico discriminador. Y, esta gente sale a la realidad social a aplicar el derecho.
 
Esta construcción patriarcal del sujeto de derecho fue cuestionado por el feminismo desde la Ilustración. A partir del feminismo, en algunas –pocas- sociedades, se está avanzando hacia la conquista de derechos para todas las mujeres como el derecho al voto, derecho a su libertad sexual, a su vida en integridad física y sicológica, derecho a su imagen, a su intimidad porque las mujeres también son personas y son sujeto de derechos. Esto es difícil de entender por las mentes machistas. De ahí que el poder judicial, las autoridades policiales y las políticas se nieguen a entender que se han violado derechos fundamentales.
 
Las mujeres han sido y son relegadas de todo lo que implique beneficios al ser humano. Por eso, una inspección de este tipo parece que no es grave. El sistema patriarcal está asentado en todos los ámbitos de la vida, más en el mundo donde la fuerza material es la regla. Pero, también en el mundo del derecho.
 
Dicha construcción desigual del derecho se refleja en la violencia de género y en la poca repercusión que tiene un hecho muy grave en el ejercicio del poder: agentes estatales y las mujeres privadas de su libertad. Las personas que ya han sido sentenciadas a cumplir una condena conservan sus derechos fundamentales porque son personas y las mujeres lo son ¿Cuándo vamos a empezar a construir un derecho realmente igualitario? Las bases están en la teoría feminista, sólo hay que tener la voluntad de recogerla. He ahí el reto del nuevo derecho peruano.